Llueve sobre mojado en el ruedo empresarial. La guerra comercial provocada por Donald Trump tendrá efectos perniciosos sobre multitud de empresas españolas, que llevan demasiado tiempo soportando una fuerte presión fiscal y laboral. Son los 'aranceles' que ha ido imponiendo el Gobierno de Pedro Sánchez desde que formó la coalición. Una maraña de subidas de impuestos, cotizaciones y costes sobrevenidos que obligan a los afectados a encarar ahora el desafío de Washington con el oxígeno justo.
Ese es el sentir generalizado estos días en el seno de las organizaciones empresariales. De poco ha servido la sobreactuación del jefe del Ejecutivo, que convocó a líderes sindicales y patronales sin conocer aún los nuevos aranceles; ni los mensajes lanzados en su comparecencia del jueves en el Palacio de La Moncloa. Sánchez anunció una inyección de 14.000 millones para amortiguar el impacto de la guerra comercial. Pero el plan tiene 'letra pequeña'. Más de la mitad del dinero (7.400 millones) son préstamos del ICO. Y el resto procederá de distintos fondos, sobre todo Next Generation (5.000 millones).
La primera partida son créditos que, obviamente, hay que devolver. Y los segundos ya estaban a disposición de las empresas y se están atascando en las tuberías de la istración. Según un informe presentado esta semana por Esade, hay una brecha de 26.000 millones entre los proyectos aprobados y los fondos europeos concedidos.
La principal queja de los empresarios -grandes, medianos y pequeños- no es nueva: la coalición está dificultando cada vez más la actividad en nuestro país. Otro estudio recién publicado por el Instituto Juan de Mariana ha contabilizado casi 100 subidas de impuestos, tasas y cotizaciones. 94 para ser más exactos, contando las aprobadas desde que Sánchez fue proclamado presidente y las que están previstas para 2025. Si el líder socialista logra agotar la legislatura, las cargas sobrepasarán, claramente, el centenar.
El 'think tank' liberal asegura que España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del PIB desde 2019, mientras que la UE presenta una bajada media de 0,9 puntos. "Mientras España ha incrementado el peso de los impuestos y las cotizaciones, 14 de los 27 países de la UE han reducido su presión fiscal, entre ellos Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos o Suecia", señala.
Dos presidentes de sendas patronales nacionales coinciden en apuntar otro sobrecoste que se avecina: la reducción de la jornada laboral. "Es una irresponsabilidad que un asunto de tanta importancia se apruebe sin tomar, paralelamente, medidas sobre la productividad o sobre el enorme problema de absentismo que sufrimos", confiesa uno de ellos.
Factura millonaria
CEOE calcula que la reducción de la jornada en los términos que plantea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá un coste de 23.000 millones para los empresarios."Difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo", denunciaba el comunicado conjunto que emitieron CEOE y Cepyme cuando el Ejecutivo inició la tramitación. La medida, según la organización que lidera Antonio Garamendi, "supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución".
La patronal de las pymes, presidida por Gerardo Cuerva, también sus propias estimaciones. Cifra el coste directo en 11.800 millones por las horas de trabajo que se dejarían de trabajar, pero se seguirían cobrando. A eso habría que sumar 30.600 millones, que es el valor añadido bruto de lo que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo.
La sobrecarga es especialmente dañina para el sector de la distribución, uno de los más expuestos a la guerra comercial de Trump. Según la patronal Anged, que agrupa a compañías como El Corte Inglés o Carrefour, el coste económico para sus asociados superará los 461 millones. La organización que lidera Matilde García Duarte asegura que las empresas deberán asumir un incremento de los costes laborales del 5,8% por la pérdida de 24,2 millones de horas de trabajo anuales.
Si la vicepresidenta segunda logra sacar adelante su plan en el Congreso, las empresas tendrán que afontar la nueva carga en pleno proceso de adaptación al nuevo escenario internacional. Y las nuevas facturas que llegan de fuera se sumarán a las que se vienen aplicando dentro de nuestras fronteras. Desde que gobierna Sánchez, según el Instituto Juan de Mariana, la 'losa fiscal' ha crecido en 3.079 euros por hogar. Y las subidas no acabarán en 2025.
lepanto_2_0
09/04/2025 09:49
Como dominador del arte del trile, el inquilino de Moncloa protagonizó el pasado jueves su enésima comparecencia al estilo "Aló Presidente" para, en una habilidosa maniobra de funambulismo político y de manipulación demagógica, hacer ver (aparentar) que adopta unas medidas de choque para paliar la crisis económica que se avecina, tras la decisión de Trump sobre los diferentes aranceles que impondrá del Gobierno estadounidense, en frontera, a los productos que entren en USA a partir de ahora, provenientes de diferentes países y zonas del mundo. Nada dijo Sánchez sobre actuar con medidas paliativas, aunque solo fueran temporales, sobre ‘los aranceles’ que, en forma de presión fiscal y laboral, en base a constantes y desproporcionadas subidas de impuestos, de cotizaciones y de costes sobrevenidos, los gobiernos que él ha presidido desde que llegara al poder, ha aplicado sistemáticamente sobre el tejido productivo de nuestro país, con el único afán de recaudar más y de exprimir mejor a empresarios y trabajadores autónomos. De todo esto nada dijo, como era de esperar: la gestión de este Gobierno se basa en explotar a "la gallina de los huevos de oro" (contribuyentes y empresas) al máximo, para poder mantener todo el creciente entramado político partidista y clientelar que tienen montando. Como tramposo patológico que es, Sánchez anuncia a bombo y platillo una inyección 14.000 millones de euros, destinados por el Gobierno a amortiguar el previsible impacto de la guerra comercial que es inminente que se desate; cuando de esa cantidad, más del 88% de la misma está compuesta por créditos a devolver (ICO) o por fondos ya asignados previamente por la UE (‘Next Generation’). No nos dejemos engañar, es todo un teatrillo montado desde el Gobierno para aparentar que es lo que no es, e impedir que veamos lo que verdaderamente es y hacen. En comparación, lo del "tahúr del Misisipi" era un juego de niños. Y recuerden... a una democracia sólo puede salvarla el pueblo. Sin acción no hay movilización, sin movilización no hay posibilidad de cambio y sin una revolución democrática no hay solución.