Los jueces de instrucción de Madrid han denunciado este jueves la decisión del Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, de trasformar tres de los Juzgados de Instrucción en Juzgados de Violencia sobre la Mujer y han advertido que esto perjudicará a las víctimas y alargará los tiempos de instrucción.
En una declaración firmada por los jueces de instrucción de Madrid, recogida por EFE, estos muestran su rechazo al real decreto que prepara el Gobierno para hacer frente al aumento de casos que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir a partir del mes de octubre cuando, tal y como recoge la ley de eficiencia de la Justicia, conocerán también los delitos de violencia sexual. Según cálculos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este cambio supondrá un aumento medio de un 13% de la carga de trabajo de estos juzgados, porcentaje que el Ejecutivo elevó hasta el 20%. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha anunciado un real decreto que prevé aumentar en 53 las plazas de jueces y magistrados de violencia sobre la mujer. La gran mayoría de este aumento corresponde a la creación de nuevas plazas (39) y el resto consiste en la transformación de plazas de instrucción en plazas de violencia sobre la mujer (14). Esto es lo que denuncian los jueces madrileños: "No es asumible que los juzgados que ahora funcionan bien, empiecen a funcionar mal".
Consideran que suprimir tres juzgados de instrucción solo perjudicará a las víctimas de delitos y a quienes son investigados, alargando los tiempos de instrucción, en muchas ocasiones en procedimientos de especial complejidad, "que deben ser considerados a efectos estadísticos más allá del dato que representa el número de asuntos registrados".
Explican que, a pesar de la insuficiencia de medios personales y materiales y gracias al esfuerzo y al compromiso de todos los que desempeñan su función en los juzgados de instrucción de Madrid, cada día se presta un servicio de calidad a los ciudadanos, tanto en cada uno de los diez juzgados de guardia, como en el despacho ordinario de asuntos, "y lo hacemos en un tiempo razonable de respuesta".
Reconocen que la asunción de nuevas competencias por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se producirá a partir del próximo 3 de octubre incrementará su carga de trabajo, lo que hará precisa la creación de plazas de juez de violencia sobre la mujer "en el número que sea necesario" para que se pueda dar la atención debida a las mujeres víctimas de violencia sexual, de trata y de violencia de género. Pero -advierten- "ello no puede hacerse, en modo alguno, en detrimento de los derechos de las víctimas y de quienes aparecen como investigados de otros delitos de los que van a seguir conociendo los juzgados de instrucción".
"Lo que no resulta isible, de ningún modo, es que para dar solución a la nueva atribución de competencias a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y tratar de paliar el incremento en la carga de trabajo de estos órganos especializados, se perjudique la buena marcha de los juzgados de instrucción; no es asumible que los juzgados que ahora funcionan bien, empiecen a funcionar mal", subrayan. Y advierten de que la eficiencia del servicio público de Justicia no puede causar el efecto contrario al pretendido y perjudicar el funcionamiento ordinario de todos los órganos jurisdiccionales, también el de aquellos que a día de la fecha presentan unos resultados aceptables en términos de eficiencia. "Se trata de mejorar aquellos órganos judiciales que a día de hoy padezcan deficiencias y hacerlo sin perjudicar y estropear lo que hasta ahora funciona", sostienen.
