Tribunales

La Fiscalía investiga por primera vez las torturas de la policía franquista en Barcelona

Esta decisión es consecuencia de una denuncia interpuesta por una persona que manifestó haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos durante su detención

  • Audiencia Provincial de Barcelona. -

Por primera vez, la Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, investigará las torturas perpetradas durante el franquismo por de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana (Barcelona).

 

Esta decisión llega poco después de que la Audiencia Provincial de Barcelona diese carpetazo al asunto al concluir que la reciente ley de memoria democrática, al contrario de lo que interpretaban las víctimas, no permitía investigar estos crímenes. Ahora bien, los magistrados dejaron la puerta abierta a que la Fiscalía impulsara un proceso de «establecimiento de la verdad» que indagase los crímenes.

 

Según trasladan desde el Ministerio Público, esta decisión es consecuencia de una denuncia interpuesta por una persona que manifestó haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos durante su detención  durante su detención en 1977 en el marco de represión sistemática por motivos políticos impuesto por el régimen dictatorial.

 

También se fundamenta en la obligación establecida por la ley de Memoria Democrática de “realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios estos que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

 

Asimismo, el Decreto analiza la concurrencia en el caso de los requisitos objetivos, temporales y contextuales que se exigen para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática: que se trate de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario; que los hechos se hayan producido con ocasión del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española el 29 de diciembre de 1978; y que los mismos hayan sido perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos.

 

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