A veces, el enemigo está en casa. La Policía Nacional ha logrado esclarecer el robo de 19 millones de euros en criptomonedas que estaban bajo custodia judicial tras convertirse en la mayor incautación de criptoactivos del país. El detenido por este robo es un Letrado de la istración de Justicia (LAJ) de Marbella (Málaga) que estaba realizando una sustitución en el juzgado que instruía la causa, según informan fuentes policiales.
El origen de este lote millonario de criptomonedas se remonta a septiembre de 2024, cuando la Policía se lo intervino a un estafador que buscaba blanquear dinero procedente del narcotráfico en el marco de una operación internacional desarrollada en el sur del país. En ese momento, el valor de los criptoactivos alcanzaba los 17 millones de dólares. Las claves de las carteras digitales quedaron bajo custodia judicial en un sobre cerrado y sellado.
El sobre fue enviado a una cuenta de consignaciones judiciales que se guardaba en una cámara acorazada hasta su traslado, tres meses después, a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), el órgano encargado de su conversión a euros. Cuando era el momento de que la ORFA procediera a la monetización de las criptomonedas, se descubrió que las carteras digitales estaban prácticamente vacías.
Los agentes iniciaron entonces una investigación sobre todas las personas que habían estado en o con el mencionado sobre que contenía las claves. Entre otras pesquisas, los investigadores llevaron a cabo un análisis pericial del sobre que contenía las contraseñas, pero no localizaron ninguna huella ajena a las personas que podían haber accedido de manera legítima al mismo.
El cerco de los agentes se fue cercando y las sospechas se centraron sobre un funcionario, Letrado de la istración de Justicia (LAJ), que en ese momento cubría una sustitución en el juzgado mientras se desarrollaba el procedimiento judicial. El sospechoso, según la Policía, era plenamente consciente del valor de los criptoactivos intervenidos y existían indicios de que había demorado la entrega del sobre a la cuenta de consignaciones judiciales. Además, habría había programado la llegada del sobre tres meses más tarde a la ORGA, en una fecha próxima a la ejecución del robo.
Criptoinversor y funcionario de justicia
Al indagar en su perfil, los investigadores comprobaron que el funcionario se autodefinía como inversor en criptomonedas y había comprado una billetera digital para guardar de forma segura las claves privadas. Finalmente, y con toda la información recabada, los agentes procedieron al registro simultáneo de tres localizaciones donde podrían esconderse las claves de las carteras digitales sustraídas. En uno de los registros, bajo el marco de una puerta, se localizó una bola de papel en la que se encontraban apuntadas doce palabras que, tras la detención del funcionario, se confirmó que se trataban de las claves de s a las wallets donde se almacenaban las criptomonedas robadas.
El ahora arrestado había programado realizar el robo, cometido a mediados de diciembre del año pasado, posteriormente a que el sobre estuviera en poder de la ORGA, de este modo sería mayor el número de sospechosos que pudieran estar implicados en los hechos y así eludiría la investigación policial.
