La Abogacía del Estado quiere apartar también al magistrado José María Macías de las deliberaciones de los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa contra las decisiones del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. Unos recursos que fueron itidos a trámite el pasado 11 de febrero.
Tal y como ha avanzado El Independiente, la Abogacía considera que, tras haberse pronunciado en su época como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley impulsada por los socialistas en dos textos con valor institucional, su participación puede estar contaminada. Sin embargo, fuentes consultadas por Vozpópuli han detallado que esta petición de recusación podría no sostenerse porque Macías solo se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la norma, pero no dijo nada relacionado con los líderes del procés.
Además, esos informes del CGPJ en los que habría opinado son de noviembre de 2023 y marzo de 2024. Y por tanto, anteriores a los autos dictados por el Tribunal Supremo en los que no daban la razón a los cabecillas del 'procés'. Pues los magistrados de la Sala de lo Penal se manifestaron sobre ello en septiembre de 2024.
Para estas mismas fuentes, este intento de apartarle de los recursos de amparo es proponerle al Constitucional "que prevarique y que siga la maniobra del Gobierno para manipular ideológicamente la composición del tribunal". No obstante, Macías solo podrá rebatir la decisión de la Abogacía del Estado si finalmente es itida a trámite
El magistrado conservador César Tolosa será el ponente del recurso de Junqueras y Romeva, mientras que el de Bassa es Cándido Conde-Pumpido. Con respecto al presidente, llama la atención su presencia en este debate. Y es que el 21 de octubre de 2021 la corte de garantías le apartó de todos los recursos relacionados con el 'procés'
Ya fue recusado de todos los de inconstitucionalidad
Hay que recordar que Macías ya fue apartado a petición de la Fiscalía de todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas lideradas por el PP y por Castilla-La Mancha, Gobernada por el PSOE y de las dos cuestiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Ministerio Público solicitó recusarle por esos textos en los que se pronunció y en los que manifestó que era inconstitucional.
La decisión del Constitucional de apartarle llegó el 15 de enero. Contó con 6 votos a favor del ala progresista y 4 en contra de los conservadores. El magistrado Juan Carlos Campo solicitó no participó al haber solicitado abstenerse de forma voluntaria por haberse pronunciado al respecto cuando fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez.
Con respecto a los recursos de inconstitucionalidad, los Servicios Jurídicos del Estado también intentaron apartarle. Sin embargo, la Corte de Garantías rechazó la petición por unanimidad al considerar que se habían formulado de forma extemporánea cuando esos recursos ni siquiera se habían itido.
La sentencia sobre su constitucionalidad estará lista para junio, justo 4 meses antes de que se celebre el Congreso Mundial de Justicia en el que España es el país anfitrión, lo que permitirá a Conde-Pumpido "fardar" de ella ante juristas de 121 países. El fallo del TC al respecto será determinante para los socios de Pedro Sánchez que esperan que el 'hijo prófugo' (Carles Puigdemont) llegue a casa, esta vez, para quedarse.
