Tribunales

El juez sospecha que los mensajes destruidos por García Ortiz apuntalarán la acusación contra él

WhatsApp y Google ya han enviado el contenido eliminado al Supremo. Ahora, la UCO tendrá que analizarlo mientras la causa está secreta

  • Álvaro García Ortiz -

Nuevo varapalo al fiscal general del Estado. El juez del Supremo que le investiga tanto a él como a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, ya tiene en su poder una información que podría ser clave en la causa: el contenido de los mensajes eliminados.

El jefe del Ministerio Público borró los mensajes contenidos en su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marzo -los días clave para la presunta filtración sobre Alberto González Amado- por "protocolo interno de seguridad". Pero el magistrado siempre se ha interesado en descubrir qué era lo que decían, por lo que el 20 de enero pidió a Google y WhatsApp, a través de una comisión rogatoria enviada a Irlanda, información sobre estas comunicaciones. En concreto, solicitó los mensajes recibidos, enviados, copias de seguridad de los chats, sus emisores, receptores, días y hora.

Esta información ya se encuentra en manos del Tribunal Supremo. En un auto, al que ha tenido Vozpópuli, el juez de la Sala de lo Penal ha dejado caer que la recuperación de los mensajes "ha sido exitosa" tras haber obtenido "la información que se interesaba" mediante una carpeta zip. Por lo que ha tomado la decisión de abrir una pieza separada, que permanecerá secreta durante un mes, para poder analizar con detalle los datos enviados por Irlanda a través de Eurojust. Estas comunicaciones serán decisivas y podrían sentar la acusación contra él.

Durante este mes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabajará a fondo para poder descubrir si hay mensajes clave que ayuden a esclarecer los hechos. Es más, el juez, en su auto, manifiesta a la Benemérita su deseo de estar informado de todos los avances, indicándoles que deberán comunicarle, cada máximo cinco días, los resultados de cualquier hallazgo "que se vaya realizando".

En el Senado, García Ortiz dijo que los borró para proteger su intimidad 

Un mes después de que el juez Hurtado librase la comisión rogatoria a las autoridades judiciales irlandesas, García Ortiz compareció durante casi 4 horas en la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, una cita que tenía pendiente desde hace meses.

Durante esa comparecencia, que era la primera desde que en octubre el Supremo abriese causa contra él, hubo tiempo para hablar sobre su gestión al frente del Ministerio Público. Defendió que borró los mensajes de su móvil para proteger su intimidad y los datos de los que era custodio, algo que hacía de forma irregular.

Estas palabras no fueron bien recibidas entre sus compañeros de carrera. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, explicó en una conversación mantenida con este periódico que, si no tenía nada que esconder, lo mejor que podría haber hecho habría sido ponerlo a disposición del juez para que se viese que, efectivamente, no había nada. 

La UCO halló 0 mensajes

Fue en octubre de 2024 cuando el Tribunal Supremo ordenó a la Guardia Civil registrar los despachos de los dos investigados. La Benemérita, tras más de 10 horas de registro, intervino USB, ordenadores y móviles para, posteriormente, volcarlos y conocer su contenido. 

Sin embargo, en el teléfono de García Ortiz hallaron "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería" durante los días en los que presuntamente se filtró el 'email' enviado por la defensa del empresario Alberto González Amador al fiscal Julián Salto con una propuesta de acuerdo, por lo que el juez se puso manos a la obra para poder recuperar el contenido. 

El registro en la calle Fortuny fue recurrido por la teniente fiscal del Alto Tribunal, María Ángeles Conde, y la Abogacía del Estado, sin éxito. La Sala de Apelaciones entendía que la decisión adoptada por el juez Hurtado estaba justificada al considerar que "el delito investigado lo permite" y "la investigación era necesaria". A juicio de la sala, el registro del despacho del fiscal general era "el único medio posible" para localizar los aparatos e instrumentos electrónicos incautados. 

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