Acabo de jubilarme. Podía haber solicitado la pensión por internet, accediendo a la sede electrónica de la Seguridad Social, pero decidí acudir a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Bilbao. La atención fue impecable y desde el primer momento comencé a recibir avisos en mi móvil sobre la tramitación del expediente, que, en mi caso, se ha resuelto en pocos días. Quiero resaltar un hecho que probablemente desconozcan muchos lectores: mi pensión no se ha tramitado en Vizcaya, ha viajado hasta Cáceres o Tarragona o a cualquier otra localidad.
El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), han hecho de la necesidad virtud. Su situación es muy complicada por la combinación de las crecientes cargas de trabajo y la falta de renovación de las plantillas a raíz de la crisis de 2008. Para optimizar recursos, han procedido a la deslocalización de los trámites istrativos.
Tradicionalmente, los expedientes se tramitaban en la provincia de residencia del beneficiario (INSS) o de la empresa (TGSS). Ahora el expediente (que no el interesado) viaja a la provincia que está en disposición de poder asumir tramitaciones adicionales a las suyas propias, aliviando a la que soporta mayores cargas de trabajo. En el caso del INSS, la gestión deslocalizada se aplica, entre otras, a las prestaciones de jubilación, ingreso mínimo vital, a las pensiones de viudedad (con carácter general) y nacimiento y cuidado del menor (si se solicita a través de la aplicación Tu Seguridad Social).
Convenios internacionales
En esta línea, determinadas direcciones provinciales se han especializado en los distintos convenios internacionales y en la aplicación de los Reglamentos comunitarios. A título de ejemplo, Cáceres tramita los expedientes a los que se aplican los reglamentos comunitarios cuando el trabajador prestó servicios en Suecia. Vizcaya lo hace si el trabajo se desempeñó en Noruega, Islandia o Luxemburgo.
La TGSS también sigue esta política en una multiplicidad de trámites: actos de encuadramiento, altas de trabajadores, inscripción de empresas, gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema.
¿Qué interés tiene esto? Creo que los ciudadanos deben conocer todo lo que afecta a nuestro Sistema de Seguridad Social, aunque solo sea porque millones de ellos están (estamos) percibiendo una pensión u otro tipo de prestaciones y el resto aspira a hacerlo algún día. Pero hay una razón adicional y es el impacto que en este estado de cosas puede provocar la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco que el PNV pactó con el PSOE en el acuerdo de investidura de nuestro actual Presidente.
La Seguridad Social no puede resultar más próxima de lo que ya lo es porque está en el hogar de todos los ciudadanos, a través de internet y las aplicaciones y servicios informáticos.
A modo de justificación de lo que no deja de ser un compromiso político, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha afirmado que la transferencia “permite una gestión más próxima al ciudadano”. Este argumento sería válido para no limitar la transferencia al País Vasco y generalizarla a las restantes comunidades autónomas (diez de ellas contemplan en sus estatutos la asunción de competencias en materia de Seguridad Social en términos similares al vasco).
Con todos los respetos, no comparto la tesis de la señora ministra. El INSS y la TGSS están implantados en todo el territorio nacional y, en caso de transferencia, la comunidad autónoma asumirá sus centros (con un nuevo logo y denominación) y sus funcionarios, ni más ni menos. Además, y esto es lo fundamental, la Seguridad Social no puede resultar más próxima de lo que ya lo es porque está en el hogar de todos los ciudadanos, a través de internet y las aplicaciones y servicios informáticos.
La sede electrónica de la Seguridad Social posibilita el a cualquier clase de información y la realización de todo tipo de gestiones, así como obtener certificaciones, dar de alta a un trabajador, pagar cotizaciones, solicitar la tarjeta sanitaria europea o el reconocimiento de prestaciones. Ello desde cualquier punto del territorio nacional y conforme a unos mismos procedimientos.
La Justicia es una competencia exclusiva del Estado pero se ha considerado que los medios materiales y personales pueden ser transferidos. Conclusión: no existe una plataforma común de notificaciones telemáticas de Justicia, sino tres
Sería ilusorio esperar que, en caso de transferencia, esta situación se fuera a mantener y que no se multipliquen las sedes electrónicas y los procedimientos. Simplemente hay que constatar lo que ha sucedido con ocasión de otros procesos de transferencias.
La Justicia es una competencia exclusiva del Estado pero se ha considerado que los medios materiales y personales pueden ser transferidos. Conclusión: no existe una plataforma común de notificaciones telemáticas de Justicia, sino tres: PSP Avantius en Navarra, País Vasco, Cantabria y Aragón, Noticat en Cataluña y Lexenet en el resto del país. Dos matices, Avantius se llama Vereda en Cantabria y ha cruzado nuestras fronteras porque también se usa en Andorra.
Hay otros motivos de mayor peso que la desaconsejan, como lo son la configuración constitucional de nuestro Sistema, su sostenibilidad, la doctrina del Tribunal Constitucional y la salvaguarda de los principios de unidad e igualdad de derechos
¿Y qué va a pasar con la gestión deslocalizada de INSS y TGSS en caso de transferencia? Desvincularse del proceso de deslocalización, dejar de tramitar procedimientos de otros territorios, supondría reducir el círculo de solidaridad y circunscribirlo al ámbito de la comunidad, cual reino de taifas. Si se mantiene el sistema, nada bueno podemos esperar, si atendemos a lo que está sucediendo con los menores no acompañados que se hacinan en Canarias mientras el resto de las comunidades ponen todo tipo de obstáculos para contribuir a su acogimiento.
Si los menores en situación de precariedad no despiertan conmiseración alguna, ¿qué podemos esperar de los expedientes de jubilación o de reclamaciones de deuda? Imagino interminables y fallidas reuniones intracomunitarias encaminadas a negociar si Asturias asume 20 expedientes de Salamanca o Vizcaya unas reclamaciones de deuda de Cádiz. Yo voy a cobrar mi pensión el mes que viene. Otros, en un futuro que algunos quieren hacer realidad, no van a tener tanta suerte.
Me apetece Benidorm
No me convencen los argumentos políticos ni las razones de la ministra en orden a justificar la transferencia de la Seguridad Social. Además, hay otros motivos de mayor peso que la desaconsejan, como lo son la configuración constitucional de nuestro Sistema, su sostenibilidad, la doctrina del Tribunal Constitucional y la salvaguarda de los principios de unidad e igualdad de derechos.
Pero no voy a incidir ahora en estos otros argumentos. Me he jubilado tras dedicar 46 años de actividad profesional a la Seguridad Social y ahora lo que me apetece es contratar un viaje del Imserso. Me apetece Benidorm.
