Maniobra de Alberto Núñez Feijóo para torpedear una hipotética vuelta de Carles Puigdemont a España. Si el Tribunal Constitucional pretende meter mano en las próximas semanas a la Ley de Amnistía, sobre la que pesan varios recursos de inconstitucional, el PP pretenda dilatar una sentencia favorable que pueda despejar el horizonte judicial del expresidente catalán fugado de la Justicia.
Los parlamentarios del Grupo Popular ha presentado en la mañana de este jueves un escrito ante el Órgano de Garantías para tratar de suspender la tramitación del recurso que interpusieron contra la medida de gracia el pasado mes de septiembre. Al menos, hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La intención del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, era comenzar con el estudio del recurso del PP dentro de poco más de un mes, en el Pleno previsto para el 24 de junio.
Pero ahora el PP trata de trastocar sus planes y quiere que Europa dirima sobre la compatibilidad de la amnistía con el Derecho europeo antes de que el TC dictamine si es constitucional o no. Se trata de un paso que llega justo después de que, hace dos semanas, tres magistrados del ala conservadora del tribunal: César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, hicieran lo propio e incluso llegaran a plantear una cuestión prejudicial antes de comenzar con el estudio del recurso del TC.
Como avanzó Vozpópuli, Pumpido no tiene la más mínima intención de esperar a Europa con la amnistía y desechó la petición de sus colegas. Fue la vicepresidenta de la Corte de Garantías y ponente del recurso, Inmaculada Montalbán, la que torció el pulgar boca abajo, por considerar que "no se estima procedente el señalamiento prematuro del referido debate".
Las cuestiones prejudiciales que hay en el TJUE
En total, son cuatro las cuestiones prejudiciales que se han elevado a Luxemburgo sobre la amnistía. La primera, fue la del Tribunal Cuentas el pasado 26 de julio, que planteó ocho preguntas sobre su compatibilidad con varias normativas europeas, en concreto, en lo relacionado con fondos públicos europeos y los principios de lucha contra el fraude y la cooperación leal entre los Estados .
Tres días después fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que acordó presentar cuestiones prejudiciales respecto a Josep María Jové, exsecretario de vicepresidencia de la Generalitat, y Lluís Salvadó, exsecretatio de Hacienda. Ambos se encuentran encausados por delitos de malversación por organizar el referéndum del 1-O.
En esta misma línea, la Audiencia Nacional ha preguntado a Europa sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en el caso de terrorismo atribuido a varios de los Comités de Defensa de la República (CDR) en el marco del proceso independentista de Cataluña contraviene, tal y como entienden, el Derecho comunitario y garantiza la impunidad de los delitos.
La última se ha enviado hace apenas dos meses a través del Juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El juez considera que su aprobación pudo responder a un pacto político para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, algo que podría vulnerar principios esenciales del Estado de Derecho.
Pero el objetivo de Pumpido es poder comenzar a debatir antes de verano porque "el asunto está muy avanzado". Además, ese borrador lo guarda a buen recaudo. No comparte ningún tipo de información con aquellos magistrados que no son afines, tal y como ha podido saber este digital. "Sobre ese tema, no hay circulación alguna de información", porque "todo lo controlan el presidente, que es el que está al tanto de todo y dirigiendo la orquesta, y la vicepresidenta" Montalbán, la ponente de la sentencia del recurso presentado por el PP.
