El Ejecutivo insinúa una confabulación para sacudirse la presión del apagón y el caos ferroviario. Fuentes socialistas lamentan que la estrategia de Moncloa esté siendo "dejar en el aire la posibilidad de ser las víctimas" de los últimos embrollos que han trastocado la vida de los españoles. Las sociedades modernas son una enrevesada red de actores operando en un sistema tan intrincado que permite a los gobiernos difuminar las responsabilidades cuando hay un fallo que conduce al caos.
Precisamente, dicha complejidad es la pantalla tras la que se está protegiendo el Gobierno, consciente de que, a priori, todas las hipótesis son plausibles para explicar el colapso de la red eléctrica que fundió los plomos del país hace poco más de una semana y para justificar el incidente ferroviario que dejó este domingo por la noche varadas a más de 10.000 personas en la vuelta de un puente festivo.
Si el Gobierno no descarta todavía que el culpable del apagón sea un ciberataque, y si amplifica la repercusión del robo de cobre en las vías de la Alta Velocidad hasta el punto de hablar abiertamente de sabotaje con una motivación distinta a la económica, lo que está haciendo realmente es trasladar a la opinión pública la tesis de una conjura contra él para no asumir en primera persona los últimos fallos de gestión que los ciudadanos han sufrido estas últimas semanas. "Ese es el argumentario", ite un notorio socialista.
Una calculada ambigüedad
Poco importa que sean las propias empresas públicas o participadas por el Estado, como son Renfe o Red Eléctrica, las que rechacen algunas de las líneas que el Gobierno mantiene calculadamente en un margen de ambigüedad, como la intromisión informática de la red eléctrica o la afectación real del robo del cable, que no fue mayor —en palabras de Renfe— que el incidente de un tren de Iryo que arrastró una catenaria, la auténtica catalizadora del parón ferroviario.
Así, en sistemas complejos, como el energético o el ferroviario, las responsabilidades suelen estar fragmentadas entre varios entes —ministerios, organismos reguladores, empresas públicas o privadas—. Y todo ello facilita que cada parte eluda culpas escudándose en competencias limitadas o en la actuación de otros. Reconocer un error es caro. Para el Gobierno, implica erosionar su credibilidad e incluso costarle apoyos parlamentarios. Y para las empresas puede acarrear sanciones, pérdida de confianza del regulador o impacto bursátil.
La reacción institucional cuando ocurre una crisis es priorizar minimizar el impacto público: se abren investigaciones, como ha hecho Pedro Sánchez; se promete transparencia, como también ha hecho, pero sin itir responsabilidad de forma inmediata. El uso de expresiones como "se esclarecerán los hechos", "estamos recabando datos" o "coordinación entre actores implicados" es parte de ese lenguaje técnico-político para ganar tiempo y controlar la narrativa.
Por eso, no sorprende en absoluto que el presidente garantizara este lunes que su Gobierno va a trabajar con rigor, prudencia, transparencia y colaboración con las operadoras para llegar hasta el final y saber las causas del apagón que sufrió la península. El presidente del Gobierno explicó que el objetivo es reformar y reforzar el sistema eléctrico, del que ha dicho que ya es robusto, como cree que se demostró con la pronta recuperación tras el apagón, y que lo hará atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular.
Las empresas, en el disparadero
Ahora se ha destapado una suerte de caza de brujas contra las empresas eléctricas, que temen que el Gobierno "intentará diluir responsabilidades del principal sospechoso, que es Red Eléctrica, y extenderlas a otros". Y, para más inri, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, reveló la existencia de un tercer incidente en el sistema eléctrico ocurrido 19 segundos antes del apagón. Este evento se suma a otras dos perturbaciones previas en el suroeste peninsular. Más lío, más confusión.
La investigación continúa analizando más de 750 millones de datos técnicos para identificar la causa del fallo. Aunque no se ha constituido una comisión parlamentaria formal, el Gobierno ha creado un comité interministerial para investigar el apagón. Este comité cuenta con representantes de varios ministerios y organismos especializados y ha establecido grupos de trabajo para analizar las posibles causas técnicas y de ciberseguridad del incidente. Las grandes eléctricas, representadas por la patronal Aelec (Endesa, Iberdrola y EDP España), han solicitado participar y tener a los datos del incidente que posee Red Eléctrica.
En cualquier caso, el presidente del Gobierno se someterá este miércoles a una comparecencia en el Congreso, donde se espera que dé más detalles sobre las causas del apagón, aunque no solo. El líder socialista llegará ese día a la Carrera de San Jerónimo con la expectación propia de los grandes días. El jefe del Ejecutivo iba a desgranar los detalles del Plan de Defensa con el que España incrementará su gasto militar hasta el 2 % del PIB en 2025, en sintonía con los compromisos de la OTAN. Pero la realidad, como tantas veces en política, ha dictado su propia agenda.
El Gobierno, bajo asedio
Los grupos no se conforman con una simple comparecencia del presidente. El Partido Popular, con su maquinaria institucional engrasada, ha registrado peticiones de comparecencia en ambas Cámaras. En su punto de mira: la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el titular de Transportes, Óscar Puente. No se detienen ahí: exigen explicaciones también de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y de la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez.
En el Congreso, los populares suman nombres a la lista: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. La presión institucional se multiplica por dos. Tampoco hay tregua entre aliados. ERC y BNG se alinean con la oposición en sus exigencias y quieren ver a Aagesen, Marlaska y Puente desfilar por ambas Cámaras. Junts, por su parte, apunta a Aagesen, al ministro de Industria, Jordi Hereu, y también a Beatriz Corredor. El fuego amigo se intensifica. Y el Gobierno está bajo asedio.
Mientras se apagan los rescoldos del apagón, se encienden otros debates. Desde Sumar ya han puesto sobre la mesa propuestas estructurales: el control público del 100 % de la red eléctrica, el impulso de redes de autoconsumo, la participación ciudadana y un sistema de almacenamiento resiliente que acompañe al despliegue renovable. Una enmienda ideológica en toda regla al modelo energético actual.
El PP, por su parte, ha encontrado en el caos un argumento de oportunidad. A la sombra de la crisis, agita el debate nuclear. En el Senado, Paloma Martín interpelará esta semana a la ministra Aagesen sobre el calendario de cierre de las centrales. Los populares mantienen viva su proposición de ley en el Congreso para frenar el apagón nuclear que promueve el Gobierno.
Y en el tablero energético, la patronal solar tampoco calla. Desde la UNEF (Unión Española Fotovoltaica) responden con contundencia: “La fotovoltaica puede con todo”. Reivindican que las renovables no son el problema, sino la solución. La estabilidad del sistema —sostienen— está garantizada si se apuesta decididamente por ellas. Así transcurrirá esta semana en el patio del Congreso, donde la política energética y la seguridad nacional se funden en un mismo debate. Y donde, una vez más, la electricidad —en sentido literal y metafórico— marca el ritmo de la legislatura.
MataNarcisos
06/05/2025 08:51
¡¡¡ QUE MALA ES LA DERECHA FACHA, ROBA CABLES CON EL ÚNICO OBJETIVO DE CREAR EL CAOS Y DESPRESTIGIAR.... (aun más MUY difícil)..... al DESGOBIERNO !!!.............. Como si para ello, no se bastase solito Órcar Puente, es más crea escuela diariamente. ¿Se han dado cuenta, que hacen juego los y miembras del DESGOBIERNO?......¿Se imaginan una casa con un matrimonio entre Óscar Puente y Beatríz Corredor?............ ESTA CASA ES UNA RUINA.