La juez de la dana podrá dedicarse en exclusiva al proceso en el que ha centralizado la investigación sobre la gestión que se realizó por parte de las autoridades y diferentes organismos de ese episodio de lluvias extremas del pasado 29 de octubre.
Esta exclusividad será posible gracias a que que hoy la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja consistente en una comisión de servicio con relevación de funciones a favor de una magistrada que asumirá el funcionamiento ordinario del órgano judicial.
Carga de trabajo
La medida de refuerzo fue solicitada el pasado 26 de febrero por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y durante su tramitación el Consejo General del Poder Judicial ha recabado el informe del Servicio de Inspección, que lo ha emitido con carácter favorable señalando que el Juzgado ha registrado una carga de trabajo del 177% en 2022, del 129% en 2023 y del 143% en 2024.
Además, tal y como establece la ley, se solicitó la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha sido concedida.
La medida de apoyo se extenderá inicialmente hasta el próximo 30 de junio, periodo durante el que la titular del Juzgado se encargará exclusivamente de la tramitación de las diligencias previas del asunto de la dana (692/2024) y del servicio de guardia.
Mientras, la comisionada –actualmente destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ontinyent– asumirá el funcionamiento ordinario del órgano judicial.
Propuesta de renovación anticipada
En el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida a su finalización, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con una antelación de al menos 40 días respecto de la fecha de vencimiento.
El artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Consejo General del Poder Judicial la competencia sobre los refuerzos en la titularidad de los órganos judiciales y señala que este órgano “podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio”.
En su apartado quinto, el mismo precepto añade que “la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria”.
Esta cuestión suscitó una polémica con la ministra de Ciencia y líder del PSOE valenciano, Diana Morant, que adelantó que seria el Gobierno quien impulsaría ese refuerzo judicial, lo que obligó al CGPJ a contestarle recordándole que esa atribución le competía en exclusiva al órgano de gobierno judicial.
