El PP y Vox han cerrado el plan de trabajo para la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre que se desarrollará en las Cortes Valencianas y que incluye las peticiones de comparecencias tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Entre las personas que también se va a citar (aunque se sabe de antemano que no acudirán los respresentantes del Gobierno de España), se encuentran varios ministros como Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska o Teresa Ribera, entre otros, así como la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas; el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
En el plano técnico se ha citado al actual subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez y a los responsables de organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José ángel Nuñez; o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, entre otros.
El Ejecutivo de Puig
El expresidente de la Generalitat Ximo Puig también será citado, en este caso por la línea de investigación que apunta a los impedimentos que puso su Ejecutivo a la ejecución de obras de encauzamiento en el barranco del Poyo y de la Saleta que, de haberse realizado, habría minimizado exponencialmente los efectos de la riada del pasado 29 de octubre.
Por el mismo motivo citan a ex del Gobierno valenciano de la etapa de Puig como la actual diputada autonómica, María José Salvador; la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró; o el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.
También figura en el plan de trabajo la citación de actuales del Gobierno valenciano de Carlos Mazón como es el caso de la vicepresidenta, Susana Camarero, y del conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.
¿Acudirá el Estado?
El portavoz del grupo popular, Fernando Pastor, ha pedido a Pilar Bernabé y a la secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, que consigan que “el Estado acuda a la comisión de investigación en las Cortes Valencianas por respeto a los valencianos”
Pastor ha destacadi que en el nuevo texto se respetan los planes iniciales registrados por PP y Vox y "además hemos incorporado documentación y peticiones de comparecencia de otros grupos políticos que no están dentro de este acuerdo. Hemos ampliado, como pedía Compromís, la comparecencia de dos ministros más, José Manuel Albares y María Jesús Montero y también documentación técnica solicitada por parte del PSOE y de Compromís”.
El portavoz popular ha señalado que “todos los grupos menos el PSPV hemos exigido siempre la presencia de una de las partes fundamentales como es el Gobierno de España. Huimos de una comisión espectáculo, pero tampoco queremos que esta comisión se convierta en una ocasión perdida y en papel mojado. Si no comparece el Estado, con mucha competencia en la materia y muchísimas cuestiones de futuro que decir y aportar a todos los valencianos, esta comisión nace mal y truncada”.
"Si el Gobierno no comparece, yo no confiaría en esta comisión porque nacerá viciada, faltaría una parte fundamental. Y por eso es por lo que Pilar Bernabé, como delegada del Gobierno, y Diana Morant, como secretaria general de los socialistas valencianos, están obligadas a exigir que sus compañeros de partido, sus compañeros en el Gobierno de España, vengan, comparezcan, den la cara y ofrezcan explicaciones. Tienen que comparecer por respeto a las víctimas, a sus familiares, a los afectados y a todos los valencianos en general”.
Caiga quien caiga
El portavoz de Vox, José María Llanos, ha explicado, por su parte, que “el Gobierno de España tiene que venir y dar explicaciones. Lo que a Vox nos interesa es que se diriman las responsabilidades políticas. No como los socialistas que ya han hecho su dictamen antes de que empiece la comisión".
"Ellos tienen claro quiénes son los responsables, por eso no han solicitado la comparecencia de nadie del Gobierno de España, sin embargo, nosotros creemos que todos tienen que comparecer para obtener un dictamen que se ajuste a los hechos", ha proseguido.
Llanos ha insistido en que "queremos dirimir todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Ese es nuestro objetivo desde el primer momento”.
Según el plan propuesto, el plazo de duración de los trabajos será de doce meses, que pueden ser prorrogables. Las sesiones se ordenarán con seis comparecientes diarios y ahora será la Mesa de la comisión la que determinará la fecha de la primera reunión para aprobar el plan de trabajo.
