La vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña, de nuevo en la agenda europea. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, estuvo ayer denunciando ante el Comité de Peticiones en el Parlamento Europeo que la Generalitat no ha cumplido "ninguna" de las 23 recomendaciones del informe elaborado por el comité para que se respetase la vehicularidad del castellano en las aulas catalanas y cesara el acoso a las familias que reclaman bilingüismo en los colegios de la comunidad. Este informe, como ha recordado Losada se efectuó el año pasado después de que una misión de europarlamentarios se desplazase a Cataluña y viviese en "primera persona" el acoso que sufren aquellos que cuestiona la inmersión. E insistió en que "nada ha cambiado".
Para ejemplificarlo, se sirvió de un par de anécdotas. En primer lugar, mostró en la sala imágenes de recientes pintadas amenazantes en una escuela contra padres contrarios a la inmersión —que aún no han sido borradas—. Asimismo, recordó que las comunicaciones de los colegios se siguen emitiendo exclusivamente en catalán —alegando la istración catalana que ese derecho "no existe"—. Al margen de ello, Losada alertó de que el actúa gobierno catalán, pese a haber cambiado de signo, sigue adelante con el proyecto ULAE, desplegado en 1.400 centros escolares para que "ningún profesor hable otra lengua que no sea el catalán", realizando encuestas a docentes y alumnos para señalar a quién siga usando el español.
Por lo demás, Losada advirtió de la puesta en marcha del Pacto Nacional por la Lengua, del que le pareció revelador que se refiera a una única lengua —el catalán— cuando en Cataluña existen otras dos oficiales: el castellano y el aranés. Sobre este plan, denunció que una de las motivaciones de sus impulsores es frenar la sentencia del 25% de castellano dictado por los tribunales. "Es decir, los partidos políticos se están organizando para vulnerar el Estado de derecho y una sentencia del Tribunal Supremo", aclaró. E hizo hincapié en que el proyecto persigue que 600.000 personas se conviertan en catalanohablantes, "una obra de ingeniería social pagada con nuestros impuestos". Siendo así, reclamó ayuda a la UE para mantener en la agenda este problema y el Ejecutivo español y el catalán se "sientan presionados".
Finalmente, recordó a los europarlamentarios que aquellos compañeros que les piden en los pasillos que el catalán sea oficial en la Eurocámara son los mismos que impiden en Cataluña que se "pueda estudiar una sola asignatura en castellano".
