Opinión

Garamendi o cómo blanquear a Sánchez sin que se note

"En los siete años que lleva en el poder este Gobierno no ha adoptado una sola medida de política económica que haya animado a un emprendedor"

  • Antonio Garamendi (CEOE) y Pedro Sánchez -

Un gran empresario me advirtió un día en tono confidencial que el presidente de la gran patronal era “un simple mandao, un hombre que hace en CEOE lo que nosotros le decimos que haga y firme lo que nosotros queremos que firme, no te equivoques”. Desde aquella arrogante sentencia ha pasado tiempo y han ocurrido muchas cosas. Sobre España ha caído la tormenta perfecta: el Gobierno de un buscavidas con pulsiones de autócrata que aspira a gobernar sin restricción democrática de ningún tipo. Los grandes grupos empresariales que en las últimas décadas han partido el bacalao en nuestro país viven hoy centrados en la solución de sus propios problemas, el primero de los cuales consiste en defenderse de las agresiones de una banda enemiga de la empresa. Y Antonio Garamendi Lecanda, 67, ha soltado amarras. Cualquier dependencia de los Botín, Fainé, Sánchez Galán y demás familia se ha relajado o ha desaparecido. Se ha convertido en un burócrata que opera con total autonomía y no responde ante nadie. Un compañero de viaje del Gobierno de Pedro Sánchez, uno de esos tontos útiles que los tiranos suelen exhibir como un trofeo ante quienes cuestionan su poder. Pero a Garamendi le ha salido una oposición con la que no contaba. El martes 20 de mayo hay elecciones a la presidencia de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). A ocho meses de las autonómicas de Castilla y León, la primera de las citas electorales que en 2026 amenazan al déspota, esta consulta adquiere una indudable dimensión política al convertirse en una especie de test, un referéndum en el que la sociedad civil tendrá oportunidad de mostrar su rechazo al nuevo régimen. Porque no es la presidencia de Cepyme la que está en juego, sino la de la propia CEOE, la cabeza de una gran patronal convertida en un apéndice del sanchismo. Los pequeños y medianos empresarios diseminados por toda España, parte de la mejor sociedad civil española, tendrán el día 20 la oportunidad de tumbar el cortijo personal de Garamendi y, por elevación, asestar el primer gran sopapo electoral al aventurero que nos gobierna.

Los pequeños y medianos empresarios tendrán la oportunidad de asestar el primer gran sopapo electoral

“Las pequeñas y medianas empresas españolas, que somos más del 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de empleos, decimos “basta ya” a la injerencia del Gobierno en la empresa”, reza el manifiesto que Cepyme hizo público en julio del pasado año, bajo el título “Salvemos la libertad de empresa en España”. “La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador sobre la figura del empresario”. El texto se presentó en sociedad en julio de 2024, en un acto que inauguró Isabel Díaz Ayuso y clausuró Garamendi. Hasta que la presidenta madrileña no abandonó el escenario no entró en la sala el de la patronal. A Garamendi le desagrada Ayuso casi tanto como a Sánchez. El manifiesto de Cepyme venía a poner de manifiesto el carácter pactista del personaje y su vocacional sumisión a los dictados de una ministra de Trabajo, semianalfabeta a fuer de comunista, con la que Antonio gusta de exhibirse y casi rozarse. Garamendi ha tragado con prácticamente todo lo que el infausto dúo Pedro/Yolanda le ha puesto a firma. Sabemos que el peculiar estilo negociador de este Gobierno de extrema izquierda al servicio de unos sindicatos marxistas consiste en amenazar con algo “malísimo” si no aceptas lo “malo” que te propone. Y Garamendi se ha plegado a casi todo. Ha aceptado unas subidas del SMI cuyos beneficios para la actividad económica siguen siendo un misterio. Ha ratificado una Reforma Laboral en la que el Gobierno coló, por la puerta de atrás del Real Decreto, todo aquello que había quedado fuera de la negociación a instancias precisamente de CEOE; ha transigido con un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva donde ha vuelto a ser víctima de la misma trampa (trocear temas y aprobarlos vía Decreto); ha asumido una Reforma de las Pensiones que ha terminado por traducirse, como era de esperar, en una subida de las cotizaciones empresariales. Y ahora está a punto de aceptar, tras muchas muestras de dolor, mucha meliflua verborrea, una reducción de jornada que es un atentado al crecimiento de un país cuya productividad está por los suelos. Garamendi se ha convertido en un eficaz colaborador del Gobierno Sánchez. Garamendi o cómo blanquear a Sánchez sin que se note.

En realidad, en los siete años que lleva en el poder este Gobierno no ha adoptado una sola medida de política económica que haya animado a un emprendedor a arriesgar su dinero para montar un negocio: Todo ha sido una sucesión de normas, cargas, impuestos, regulaciones… Todo al servicio del mismo objetivo: obstaculizar la iniciativa privada y poner contra las cuerdas a las empresas. Todo a favor de un voraz estatismo socializante. Desde el principio Garamendi se ha topado con la negativa de Gerardo Cuerva, 54, presidente de Cepyme (y vicepresidente de CEOE), a aceptar ese papel de comparsa del Gobierno que ha jugado la gran patronal. El manifiesto de julio del 24 es de hecho una impugnación radical del juego servil desplegado por una CEOE que ha abdicado de su obligación de defender los intereses empresariales al margen de cualquier interés partidista. Garamendi y Cuerva, he ahí dos estilos de gestión radicalmente opuestos. El del burócrata a tiempo completo que vive a cuerpo de rey (450.000 euros anuales) con cargo a la organización que preside, frente al empresario que dedica parte de su tiempo a Cepyme sin cobrar un euro. Tras reiteradas advertencias al granadino de que no le gustaba “el tono político” que exhibía Cepyme en sus comunicados, Garamendi llamó a Cuerva en enero de este año para anunciarle que Diego de León 50 no apoyaría su candidatura a la reelección de Cepyme en las elecciones del 20 de mayo. “He hablado con quien tenía que hablar y hemos decidido que no sigas”. Hay empresarios que sostienen que Moncloa ha pedido a Antonio la voladura de un testigo tan incómodo como Gerardo, amigo además de Ayuso, la bestia negra del socialismo hispano. Dio comienzo entonces la búsqueda frenética de un candidato con posibilidades de derrotar a un Cuerva que ha insistido en seguir adelante. Tras sonoros portazos, el de Guecho se topó por fin con una chica de Valladolid dispuesta a asumir el reto. Se llama Ángela de Miguel, 54, y es la presidenta de la CEOE vallisoletana, además de propietaria del despacho de abogados Negotia.

Garamendi y Cuerva, he ahí dos estilos de gestión radicalmente opuestos

La única explicación que ha dado Garamendi al intento de descabalgar a Cuerva es que “se ha apartado de la línea seguida por CEOE”. La “línea” que a Garamendi le gusta es la del burócrata agradaor cuyo papel consiste en representar a la patronal en actos oficiales, conmemoraciones, visitas de altos dignatarios, ferias y fiestas, siempre como recién duchado, siempre dispuesto a salir guapo en las fotos, siempre sentado en primera fila junto a Sánchez y junto a esa Yolanda besucona que parece a punto de meterle mano. Una línea de oposición amable al Gobierno, porque la vida es larga y Antonio concibe su cargo como un empleo vitalicio (ha suprimido la limitación de mandatos) al que uno llega para lucirse y cobrar. El de Antonio es un oficio muy bien retribuido. Las señales de corrupción en CEOE y resto de organizaciones satélites son alarmantes. Corrupción y conflicto de interés. Los medios han venido cargados estos días de denuncias que afectan a la práctica totalidad de la cúpula patronal. Ilustrativo el caso de Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y capo de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), contratista de los servicios de asesoría y consultoría de Lirmmi Consulting, empresa de Irene Galisteo, a la sazón su propia esposa. O el de César Blanco, miembro del Comité Ejecutivo de CEOE y de su Comisión de Régimen Interior, además de íntimo de Garamendi, cuyas empresas gestionan los cursos de formación (millones en subvenciones públicas) de la patronal. O el de Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, cuyo sueldo paga CEOE y cuyos hijos trabajan en CEOE. O el de la citada Ángela de Miguel, que ha colocado a cuatro de sus cinco socios de Negotia en la Fundación SERLA (Servicio Regional de Relaciones Laborales). Gastos personales pagados por la organización y/o sus satélites. Familiares y amigos colocados a dedo como istrativos. Pero quizá el ejemplo más descarnado sea el del propio Garamendi. En junio pasado, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz adjudicó el servicio de cafetería y comedor del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), un contrato de casi medio millón de euros, a la empresa de catering Tamar Las Arenas, propiedad de María Acha Satrústegui, esposa de Garamendi. El ambiente de esa concesión, dos años prorrogables por otros dos, no estuvo ausente de polémica: la vicepresidenta del Gobierno había lanzado su proyecto de reducción de jornada laboral y el presidente de CEOE, por una vez, se había plantado.

Si no es corrupción, se le parece mucho. Es el pozo de detritus en el que chapotea este país desde hace tiempo. Como ha escrito Ruíz-Quintano, “la partitocracia española es un sistema de bandas cuyas jefaturas encarnan una vocación de régimen. Cada jefe, en cuanto alcanza el poder, sólo tiene dos objetivos: perpetuarse en su posición y echar de comer a los suyos, para lo cual ha de salir a cazar a una lustrosa gacela Thompson en forma de empresa”. Es una corrupción transversal que afecta a todas las clases sociales. Aquí no roba el que no puede. Es la pérdida de cualquier referente de honradez, tan presente a nivel individual en el denostado franquismo: la idea de un pueblo dispuesto a trincar si tiene la oportunidad de hacerlo, la de un país proclive a disculpar al sinvergüenza que trinca sin ruborizarse. Es la gran dificultad que habrá que superar para salir de una crisis que es ante todo de orden moral más que política, económica y/o social. Lo tiene difícil Antonio Cuerva para ser reelegido en Cepyme. Garamendi sabe que en este envite se juega su continuidad al frente de la gran patronal, porque un triunfo del granadino ahora catapultaría su candidatura a presidir CEOE en diciembre de 2026, una oportunidad de oro para convertir la gran patronal en una organización saneada, libre de corrupción y dispuesta a defender los intereses del empresariado español la margen de la ideología del Gobierno de turno, cualquiera que sea el Gobierno de turno.

Ayudar a desalojar del poder al sátrapa sería una oportunidad de redención

Y porque lo sabe, Garamendi está desplegando toda su capacidad de influencia para conseguir el voto delegado de cuantas más organizaciones territoriales o sectoriales mejor. El método es sencillo. No se trata de convencer, sino de amedrentar. “Yo sé cómo se hace eso, porque lo hice durante un tiempo. Consiste en ir con el trabuco por provincias y pedir el voto. Y si no me lo das, fulano, atente a las consecuencias…” Cuerva ha intentado eliminar la delegación de voto de los estatutos de Cepyme para sustituirlo por el presencial y secreto, porque en ese caso tendría muchas posibilidades de éxito, pero, aunque aprobado en Junta Directiva, no ha podido refrendar el cambio en Asamble Electoral, como es preceptivo, por falta de tiempo. De modo que Ángela de Miguel, cuyo avance de programa (“cerraré mi bufete vallisoletano, me pondré un sueldo y me iré a vivir a Madrid”) no ha podido ser más decepcionante, podrá presentarse el día 20 reforzada por los votos delegados conseguidos para ella a punta de pistola por Diego de León 50, caso de la madrileña CEIM o la catalana Foment del Treball. Solo hay una forma de que los pequeños y medianos empresarios puedan evitar que De Miguel se convierta en una marioneta de Garamendi, convertido a su vez en una marioneta de Sánchez: que acudan el día 20 del presente mes al Auditorio Rafael del Pino de Madrid dispuestos a ejercer su derecho al voto presencial y secreto. Para mostrar la puerta de salida a Garamendi y, aún más importante, para infligir la primera derrota electoral de la legislatura al caudillo wapo, el tipo que ha hecho del Estado un instrumento personal de dominación, chantaje y propaganda ideológica. Un Sánchez que pretende convertir a los empresarios en comparsas del poder político so pena de declararlos enemigos públicos. Ayudar a desalojar del poder al sátrapa sería una oportunidad de redención para una silente, decepcionante, culpable en fin, clase empresarial que ha terminado cobardemente entregada al sanchismo.

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