El conflicto entre órganos constitucionales -o conflicto de atribuciones- es una figura que viene recogida en la Carta Magna y que también se regula en dos leyes orgánicas. Hasta la fecha, apenas se había utilizado en democracia. Pero en esta legislatura, la guerra abierta por el Congreso de los Diputados para neutralizar al Senado ha provocado ya tres choques en menos de dos años. Cuatro, si tiene en cuenta el proceso que se iniciará este miércoles.
El Pleno de la Cámara Alta votará esta tarde una resolución del PP para iniciar un nuevo conflicto contra el Congreso y el Gobierno por la reciente polémica de las enmiendas a la Ley de desperdicio alimentario.
Recopilatorio: el Ejecutivo decidió vetar las modificaciones que introdujo el grupo popular en la citada ley (básicamente, una rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad), porque afectaban al Presupuesto en vigor. Cuando el texto llegó a la Cámara Baja para su votación definitiva, la presidenta Francina Armengol, gracias a la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa, atendió a la petición del Ejecutivo y, de un plumazo, fulminó las enmiendas que se habían añadido en la Cámara Alta. Una decisión que ni siquiera contó con el respaldo del secretario general de la institución, Fernando Galindo, pues consideró que la doctrina que había en el órgano de garantías no daba lugar a interpretaciones.
Finalmente, el PP ha decidido abrir un nuevo frente que acabará en el despacho de Cándido Conde-Pumpido. "Pedro Sánchez quería borrar el Senado, pero no dejaremos que la voz de los españoles, que nos dieron una amplia mayoría en esta Cámara, sea silenciada por el Gobierno sanchista", sentencia la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García.
Los otros conflictos
Anteriormente, el Senado ha iniciado otros tres conflictos por tres motivos: el primero, en marzo del pasado año, tuvo lugar por la ley de Amnistía, tras alertar los letrados que no se trataba de una mera proposición de ley, sino un cambio encubierto de la Constitución. El segundo llegó con la polémica ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que se acabó publicando en el BOE con una enmienda de Sumar beneficiaba a decenas de etarras. El PP intentó dar marcha atrás en la Cámara Alta, pero el Congreso hizo oídos sordos a un veto que aprobó el Pleno del Senado.
El tercero está relacionado con una corrección de errores que acometió el Gobierno -sorteando todo trámite parlamentario- en una Ley Orgánica que contenía medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Al entender que se pisoteaban los derechos de los senadores, los populares plantearon el choque contra el Congreso y, también, el Gobierno.
Ahora, el PP vuelve a las andadas. La portavoz del partido en el Senado denuncia una "deriva autocrática de Sánchez" por gobernar "en contra de las decisiones del Parlamento, porque no tiene ni mayoría social ni parlamentaria". Desde las últimas elecciones, añade, "Sánchez y Armengol han convertido la Mesa del Congreso de los Diputados en un muro contra las iniciativas y competencias del Senado". Ante los reiterados ataques, advierte que su partido "agotará todas las vías legales para evitar todas sus tropelías".
Sobre el conflicto que hoy se inicia, los populares elevan la crítica contra Sánchez y le acusan de apoyar una "anomalía democrática" al no respetar los cambios en la Ley de desperdicio alimentario. "Por primera vez en nuestra historia constitucional, el Gobierno y la Mesa del Congreso no respetan el texto aprobado en el Senado y someten a votación, en el Pleno del Congreso, un texto distinto al remitido por el Senado".
Para el PP, supone un hecho inédito y, sobre todo, "un auténtico disparate jurídico que la Mesa del Congreso manipule y falsifique" un texto remitido por el Senado. "La actuación del Gobierno de Sánchez no tiene precedentes y es una afrenta a la Constitución y los Reglamentos de ambas Cámaras. Es una vulneración directa de los derechos fundamentales de los senadores y los diputados", resumen desde las filas de Alberto Núñez Feijóo.
