El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana dos subvenciones por concesión directa, destinadas a garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La primera subvención, de 49.100.000 euros, se dirige al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda, de 7.950.000 euros, se destina al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (IM). Estas ayudas buscan asegurar el cumplimiento de la Constitución Española, que garantiza el a la tutela judicial efectiva para aquellos ciudadanos que no disponen de los recursos económicos suficientes.
Asistencia jurídica gratuita es un servicio del que se beneficiaron un total de 70.677 personas en 2024. Los pagos a los abogados se gestionan a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que incluye tanto al ICAM como al ICAAH. En cuanto a la procura, los pagos se realizan mediante el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. Según la memoria anual 2023 del Consejo General de la Abogacía Española, la región cuenta con 75.867 abogados colegiados, de los cuales 74.444 pertenecen al ICAM y 1.423 al ICAAH.
¿Cómo se distribuyen las ayudas?
El número de del IM asciende a 1.955 en la actualidad. El Gobierno regional está ultimando la tramitación de un nuevo Decreto que regulará la asistencia jurídica gratuita y el funcionamiento de los órganos implicados, así como las relaciones entre la istración y los colegios profesionales competentes. Esta medida forma parte de un esfuerzo por simplificar los trámites istrativos, con el objetivo de hacerlos más accesibles para los ciudadanos.
El proyecto también especifica las funciones de los colegios profesionales de abogados y procuradores, asegurando un correcto desempeño y, por ende, su calidad. Este martes, el Consejo de Gobierno también ha recibido un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la istración de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y istración Local, sobre la situación de esta materia en la región. Los presupuestos de este año reflejan una inversión de 62.940.000 euros, lo que supone un incremento del 9,9% en comparación con 2024, para una población de 7.009.268 personas. Esta cantidad incluye servicios como la orientación jurídica, la representación procesal y el turno de oficio.
Comparativa de inversiones
Esta cifra contrasta con los 53.288.520 euros previstos para 2025 por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en las comunidades donde tiene competencias en Justicia: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. Estas comunidades suman un total de 8.520.220 residentes. Por lo tanto, el Ejecutivo autonómico destinará 9.651.480 euros más que el Gobierno central, a pesar de contar con 1,5 millones de personas menos bajo su área de actuación.
La inversión per cápita en la Comunidad de Madrid será de 8,98 euros, mientras que el Ministerio destinará 6,25 euros por habitante, lo que representa un incremento del 43,57% en la región madrileña. Este esfuerzo financiero subraya el compromiso del Gobierno regional por garantizar el a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. La diferencia en la inversión pone de manifiesto las prioridades de cada istración en relación con la justicia y el bienestar de sus ciudadanos. El Gobierno regional continúa trabajando en la mejora de los servicios de justicia y en la garantía del a la asistencia jurídica gratuita.
