La progresión a tercer grado de Juan Jesús Narváez Goñi no ha pasado desapercibida para asociaciones de víctimas del terrorismo, que denuncian no sólo la supuesta falta de arrepentimiento del etarra, sino también las cifras relacionadas con su condena: tras pasar 10 años en prisión, y pese a acumular más de 300 años en penas de prisión por su implicación en cuatro asesinatos, se le ha concedido el régimen de semilibertad.
"Indultos disfrazados de terceros grados", denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), lamentando que se le haya concedido "la semilibertad a un etarra que ha asesinado a 4 personas y ha cumplido 10 años de prisión". Según los datos de la AVT, Narváez Goñi fue condenado en 2015 a 296 años de prisión por el asesinato de Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez. También acumula una condena de 60 años por los asesinatos de Francisco Javier Delgado González-Navarro y José Ángel Garrido Martínez.
A juicio de la asociación, los últimos terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco esta misma semana han dejado de manifiesto que ya no estamos ante "una forma de cumplir condena y no un beneficio penitenciario" como señaló Interior, ni algo que se adopta “según criterios técnicos y argumentos jurídicos”, como apuntaba el Gobierno Vasco: "Estamos claramente ante una sucesión imparable de indultos encubiertos".
"En la AVT llevamos muchos años avisando de cuál era la hoja de ruta: primero cerca, luego semilibres, y finalmente, libres. Ya estamos en la última fase de esta ignominia, y para muestra uno de los dos últimos terceros grados de los ya 18 que se han concedido desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco pasó a manos del PSE-EE: el cumplimiento de pena es irrisorio", lamentan desde la AVT. Según sus estadísticas, el 30% de los etarras ya se encuentran en tercer grado.
La condena de Narváez Goñi
La asociación detalla que Juan Jesús Narváez Goñi y su pareja, la también etarra Itziar Alberdi Uranga, permanecieron durante 22 años fugados de la Justicia hasta que fueron descubiertos en febrero de 2014 en Puerto Vallarta (México), donde vivían con sus dos hijos y trabajaban como masajista y profesora de yoga. Narváez Goñi fue juzgado en España en 2015 y condenado a cientos de años de prisión. "Como bien se sabe, en nuestro país el cumplimiento máximo de condena es de 30/40 años, pero es que en 2025 ya ha obtenido el tercer grado", apuntan.
Y añaden: "Hemos pasado de terceros grados a personas que habían cumplido la tercera parte de la condena y a los que les restaban 3/4 años por cumplir, a asesinos que no han cumplido ni la mitad de la condena".
Por eso hacen un llamamiento al Fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos García Berro, para que recurra "esta concesión de tercer grado tan dolorosa": "No podemos itir que la política penitenciaria se convierta en la puerta de atrás del derecho penal y que se vacíen de contenido las condenas, convirtiendo en papel mojado las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional".
La AVT afirma que su equipo psicológico ha trasladado la decisión penitenciaria a ñas víctimas de Narváez Goñi: "Se han mostrado absolutamente devastadas y revictimizadas. Y muchas de ellas han afirmado: 'A mí nadie me ha pedido perdón'. De hecho, en las últimas Jornadas de la AVT en el País Vasco, tanto Gobierno Vasco como Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguraron que iban a estudiar de manera inmediata cómo hacer llegar esas famosas cartas de perdón a las víctimas. De momento han pasado ya 5 meses y no tenemos ninguna noticia".
No obstante, concluyen que es "casi mejor que esas cartas no lleguen a las víctimas" porque "cada vez es más que evidente el corta-pega": "No cabe ya ninguna duda de que son perdones de formulario, que con tal de obtener la libertad son capaces de firmar cualquier cosa. Las víctimas no ponemos en duda que esto sea legal, pero es sin duda absolutamente inmoral. Lo único que nos queda cuando han asesinado a los nuestros es que el asesino cumpla la pena, y ya hasta eso nos están arrebatando".
