La rescisión del contrato para la adquisición de 15 millones de proyectiles a una empresa con raíces israelíes amenaza con tener un impacto operativo y económico para la Guardia Civil. Voces internas del Instituto Armado consideran que la anulación de la licitación -y la consecuente carestía de la munición hasta que se celebre un nuevo concurso público- "compromete la formación anual y la operatividad básica" de los agentes.
La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha expresado su "profunda preocupación" ante la rescisión del contrato de adquisición de 15 millones de balas con una empresa de origen israelí. Esta decisión, que califican como "unilateral y de enorme impacto operativo", podría afectar "tanto a los ejercicios formativos como a los recursos disponibles para garantizar la seguridad pública".
"El problema no es solo la munición que no llegará, sino lo que nos costará su ausencia. Hablamos de un gasto de seis millones de euros que, una vez más, no pagarán los responsables políticos, sino que saldrá de los medios asignados a los guardias civiles. Lo próximo será que nos pidan ‘disparar poco, que sale caro’", ha afirmado Daniel Fernández, portavoz nacional de IGC.
La asociación profesional de guardias civiles precisa que la munición no solo tiene un uso operativo, sino que es "imprescindible" para la formación básica y obligatoria en tiro que todo guardia civil debe cumplir cada año. "Sin esa munición, ¿cómo garantizamos la preparación necesaria para proteger a los ciudadanos?", se pregunta Fernández.
IGC critica además que esta decisión ahonda en la "ya insostenible brecha de medios y de condiciones laborales que sufren los guardias civiles frente a otros cuerpos policiales": "Parece que no basta con que los guardias civiles tengamos menos derechos y peores sueldos. Ahora también podemos ser los únicos a los que se les mide la eficacia... por el número de cartuchos que queden sin usar", concluye el portavoz.
Polémica política
La decisión ha provocado además una airada polémica en esferas políticas, toda vez que los principales socios de Gobierno denuncian que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska haya adjudicado este contrato a una firma de origen israelí, a pesar del veto impuesto por el Ejecutivo ante este tipo de transacciones. Izquierda Unida ha amagado con abandonar su parte correspondiente en el Gobierno, integrados en la cuota de Sumar.
Por su parte, el PP ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de balas israelíes por "menoscabo" público.
