Se anticipa un nuevo pulso entre España y la OTAN por la inversión militar. Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya cuadrado las cuentas para alcanzar el 2% del PIB -en un esfuerzo sin precedentes y pese al desgaste ante sus socios parlamentarios-, la Alianza Atlántica planea elevar el listón de gasto en defensa a niveles muy superiores, probablemente al 5%. Una escalada inasumible para España, tanto por el coste económico como político. Por eso, Moncloa ya ha elevado una petición a la organización atlantista para establecer nuevos baremos que no dependan de porcentajes.
El choque está servido. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, asegura ante los medios que España llegará “sin duda” al 5% que la Alianza propone fijar como objetivo en la próxima cumbre de La Haya, que tendrá lugar el próximo mes de junio. Como contó Vozpópuli, este listón supondría que España invirtiese 50.000 millones de euros adicionales a defensa, que se sumarían a los 33.000 que el Gobierno pretende destinar este mismo año.
La afirmación no ha sentado nada bien en Moncloa, que ya considera un esfuerzo excepcional el haber saltado desde el 1,28% al 2% mediante una inyección adicional de más de 10.000 millones de euros. Y consideran que España tiene la suficiente soberanía para no depender de decisiones adoptadas desde Bruselas o en el seno de la Alianza Atlántica.
La fragmentación política en España tampoco favorece un futurible incremento en los fondos de defensa: no se dan las condiciones políticas ni tampoco las financieras. Los socios habituales de Gobierno ya han manifestado sus reticencias ante el plan de Sánchez: “El señor de la guerra”, han llegado a calificarle desde Podemos. Y tampoco hay ninguna previsión de renovar los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde el año 2023.
No obstante, la integración en la OTAN está fuera de toda duda -pese a que Sumar apueste por lo contrario-. Mientras así sea, España tendrá que cumplir con los compromisos suscritos por la organización, aunque supongan un reto tan inaccesible como el que ahora formula Rutte. Por eso, Moncloa maniobra para que el secretario general de la Alianza contemple otros baremos más allá de la inversión porcentual en defensa como principal vara de medir entre los aliados.
La apuesta de España
Es aquí donde entran en juego las tres ‘C’ que proyectan desde la planta noble del Ministerio de Defensa, en referencia a ‘cash’, ‘capabilities’ y ‘compromise’; dinero, capacidades y compromiso, en inglés. El primero de ellos es el más objetivo, el que atiende a una cifra específica, y en el que España se ha ubicado durante años en el vagón de cola de entre todas las naciones aliadas.
El objetivo del 5% es inasumible para España, pero también para muchos de los países integrantes. Ni siquiera Polonia, el que cuenta con una mayor inversión en defensa, se situó en el 4,12% en el año 2024; Estados Unidos, que lidera la propuesta, invirtió el 3,38% en defensa.
Así, España pone el foco en las otras dos variables. La del compromiso la da más que cubierta, ante el despliegue de efectivos en diversas misiones de la OTAN. Actualmente nuestro país lidera el contingente internacional desplegado en Eslovaquia y también tiene fuerzas terrestres en Letonia, ambas misiones terrestres como medida de disuasión ante cualquier amenaza. También hay medios navales en el Mediterráneo y en el mar báltico, bajo bandera de la Alianza, y el Ejército del Aire despliega de forma habitual sus cazas de combate en Rumanía o en los países bálticos.
En cuanto a capacidades, nuestro país está inmerso en un profundo proceso de renovación armamentística, que supone la adquisición de nuevos vehículos blindados, fragatas, submarinos o cazas, entre otros. Todos ellos renovarán sistemas de armas que ya estaban al borde de la obsolescencia.
El Gobierno no quiere que todos estos esfuerzos pasen desapercibidos ante la OTAN. De ahí su interés en que no se considere únicamente la inversión en defensa -donde tiene menos influencia- como única medida del compromiso de los aliados.
