Cataluña

La Justicia, la última istración que resiste ante la imposición del catalán

El Ejecutivo de Illa plantea pagar más a los magistrados que eviten el castellano para paliar las "irregularidades lingüísticas" en los juzgados

  • Sede del TSJC, en Barcelona -

 

El nacionalismo catalán mantiene una relación complicada con la Justicia. Al margen de que representó un muro de contención frente a sus excesos durante el 'procés' —y que en el presente ha puesto coto, en la medida de sus posibilidades, a las aristas más cuestionables de la ley de amnistía—, el ámbito judicial se preserva como un reducto institucional en el que las injerencias nacionalistas no han logrado penetrar. Especialmente, en la cuestión lingüística, pues esta esfera sigue usando con normalidad el castellano, sin por ello discriminar al catalán. Ello representa una 'rara avis' en Cataluña, comunidad en la que el resto de istraciones son monolingües en catalán, tanto en su rotulación como en su documentación. 

 

Conscientes de ello, los sucesivos gobiernos nacionalistas —y ahora el Ejecutivo catalanista de Illa— han tratado de "catalanizar" lingüísticamente a esta institución en la comunidad. Sin ir más lejos, la Generalitat anunció en diciembre pasado que inyectaría 500 millones de euros a promover el catalán en los juzgados, sirviéndose para ello del acuerdo que mantiene con el Consell dels Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de Catalunya (CICAC), un órgano que se manifestó públicamente por el "derecho a decidir" de los catalanes y por lo que fue amonestado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2016. En virtud de dicho pacto, los abogados de oficio cobran una bonificación por cada actuación que desarrollan en catalán —que ha pasado de los 14 euros con la que arrancó el programa a los 25 actuales—.

 

Ahora, tal y como ha anunciado esta semana el 'conseller' Ramón Espalader y el de Política Lingüística sc Xavier Vila —el primero procedente de las filas convergentes y el segundo, de las republicanas— en la reunión del Pacto Nacional por la Lengua, se pretende extender también la bonificación a los abogados privados. Y no solo eso, sino que el Ejecutivo también planea pagar un extra a los jueces que escriban en catalán sus sentencias y a los funcionarios judiciales que hagan lo propio con sus notificaciones. ¿La justificación? Que, según informó Xavier Vila, solo el 5,2% de los fallos y el 5,6% de las notificaciones estaban redactadas en la lengua de Pompeu Fabra.

En esta línea, en la reunión, en la que también se encontraba la secretaria general de Justicia, Maite Casado, se han esbozado otras posibles medidas para proscribir el castellano. Entre ellas, que el catalán se convierta en un mérito en el proceso de selección de los de la carrera judicial —un sector que el nacionalismo siempre ha considerado afín al constitucionalismo— y no solo en la fase de elegir destino. En este sentido, cabe recordar que a los magistrados que llegan a Cataluña se les propone sin dilación inscribirse en un curso de formación lingüística especializada.

Una medida "ilegitima"

La tentativa ha merecido el reproche de la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana, cuyo presidente, el también abogado Ángel Escolano, señala a Vozpopuli que no es "legítimo" invertir dinero en tratar de "chantajear" a los operadores jurídicos para que redacten sus escritos procesales en catalán. "Cada operador jurídico, sea éste abogado, juez o fiscal, puede utilizar la lengua en la que se encuentre profesionalmente más cómodo. La finalidad de un procedimiento judicial es satisfacer y resolver las pretensiones jurídicas de las partes, no organizar unos Juegos Florales", critica Escolano.

 

Y es que, a su juicio, lo único que debería preocupar a la Generalitat es dotar de medios adecuados a la istración de Justicia, así como modernizarla y hacerla más eficiente. "Dedicar un sólo euro a gratificar a quien use el catalán en sus escritos, además de totalmente innecesario, es desviar recursos de otros aspectos de la Justicia que en Cataluña necesitan inversión", apunta. Así, sugiere que con ese dinero se podrían "mejorar las dotaciones del Turno de Oficio" o renovar "algunas sedes judiciales" obsoletas.

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