El Gobierno de España considera que la mejor opción para acabar con coloso hotel en El Algarrobico es la expropiación y su posterior demolición. Así se lo ha trasladado a la Junta de Andalucía en el encuentro bilateral que han mantenido en el seno de la comisión mixta para dar fin a este símbolo de la depredación urbanística.
Han estado presentes la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la de Fomento y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Los representantes andaluces entienden que la mejor decisión es continuar a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras anule la licencia de obras, postura que han intentado trasladar sin éxito.
Según ha podido saber este diario, “en los próximos días saldrá publicada la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación y se abrirá un trámite de información pública de 15 días”, es decir, “un paso más para avanzar en la expropiación de los terrenos sobre los que se ubica el hotel ilegal”.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, “espera que la Junta se sume a la iniciativa” y garantiza que “el Ejecutivo sigue firme en su propósito de la expropiación” de la “edificación afectada parcialmente por servidumbre de protección de Dominio Público Marítimo-Terrestre y situada sobre el terreno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, competencia de la Junta”.
Moreno defiende la anulación
Previo a la conclusión de la "cumbre", el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, incidía que la mejor opción para proceder con el ansiado derribo del "monumento a la irregularidad medioambiental" es la anulación de su licencia de obras, en cumplimiento de las sentencias judiciales. Precisamente desde Almería, Moreno ha pedido la "máxima cooperación" entre istraciones para alcanzar un acuerdo que permita la demolición del hotel en el menor tiempo posible.
Un objetivo complicado el de la cooperación, ya que tanto el Gobierno de Sánchez como el propio Moreno desconfían el uno del otro. El presidente andaluz no cree, ni que se cumpla la previsión de que el derribo pueda realizarse en los próximos meses y vaticina un laberinto judicial aún peor que el actual.
Según la Junta de Andalucía, todo recae sobre el Ayuntamiento de Carboneras quien tiene la llave para desatascar el proceso, encargado de revisar la licencia de obras concedida en 2003 bajo gobierno socialista y que no acata la sentencia de 2016 del TSJA. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España apostaba esta mañana por seguir ese camino que etiquetaba como "el de la vía rápida".
Carboneras rechaza la demolición
El alcalde de Carobneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha solicitado expresamente a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que tuvieran en cuenta la opinión del municipio sobre El Algarrabico. En una entrevista para la televisión pública andaluza, lamenataba que la localidad no ha estado presente en ninguna de las reuniones desde la constitución en 2011 y que depende de los medios de comunicación para conocer las decisiones que se toman. No ha sido distinto en esta ocasión.
El regidor insiste en que el problema no es solo responsabilidad del Ayuntamiento, sino de toda las istraciones, ya que el hotel se construyó con los permisos pertinentes y con el apoyo del Gobierno central ya hace 25 años. Actualmente, el consistorio ha recibido requerimientos del TSJA para declarar el paraje como “no urbanizable” y revisar la licencia de 2003. Hernández asegura que trabajarán en el inicio de ese expediente, aunque no anticipa su resultado.
Sobre el futuro del hotel, Hernández insistía en que el edificio ilegal sirviera como "un hotel o una residencia de mayores", pero sobre todo, evitar a toda costa conceder una indemnización a la promotota Azata del Sol. La empresa reclama entre 70 y 100 millones de euros, que supondría, en palabras del alcalde "la ruina económica de Carboneras".
