Por si no había pocos, se abre un nuevo frente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Ahora, tal como ya había avisado el Ejecutivo de Moreno, la regulación de los alquileres turísticos enciende más todavía, la mecha de la tensión institucional en España. A menos de dos meses de la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024, aprobado por el Ministerio de Vivienda para crear un Registro Único de Arrendamientos y una Ventanilla Única Digital, el Gobierno andaluz ha formalizado un recurso contencioso-istrativo contra la medida.
El objetivo es centralizar con esta iniciativa estatal la información sobre viviendas de uso turístico y alquileres temporales con el fin de combatir la oferta ilegal, supervisar la actividad y cumplir con las obligaciones establecidas por la nueva normativa europea. Se establecería un sistema unificado en todo el país, que además de contar con el respaldo del Reglamento Europeo 2024/1028, pretende imponer a propietarios y plataformas como Airbnb la obligación de inscribirse y compartir información periódicamente con la istración.
No obstante, varias comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, han expresado su rechazo frontal a lo que consideran una extralimitación del Gobierno central. Desde Andalucía se tiene otra consideración al respecto de este asunto, pues como con la Ley de Vivienda o el reparto de menores inmigrantes, consideran que se trata de una flagrante invasión de competencias autonómicas.
Andalucía lidera la oposición institucional
Andalucía lidera esta oposición y sostiene que el decreto vulnera competencias exclusivas en materia de vivienda y turismo, reconocidas constitucionalmente. Desde la Consejería de Turismo argumentan que el Ejecutivo no tiene respaldo legal suficiente para imponer estas obligaciones sin una norma con rango de ley, y critican que el mecanismo propuesto suponga una duplicidad innecesaria respecto a los registros autonómicos ya existentes.
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha explicado que, antes de presentar el recurso contencioso-istrativo, la Junta envió un requerimiento previo al Ministerio de Vivienda el pasado 24 de febrero, cuyo plazo de respuesta expiraba el 24 de marzo. Lamentablemente, no hubo respuesta.
Bernal ha criticado precisamente esta actitud del Gobierno central, calificándola de “paternalista”, y ha insistido en que “una competencia que tenemos las comunidades autónomas parece que no sabemos ejercerla y tienen que venir a enmendarnos la plana”.
En su recurso, la Junta argumenta que el Real Decreto estatal modifica indirectamente el régimen de funcionamiento de registros como el de la propiedad y el de bienes muebles sin la cobertura legal necesaria, lo que da de lleno a otros ámbitos como la navegación marítima. Por otro lado, el Consejo de Estado ha avalado parte de estas críticas, recomendando una revisión profunda del texto y la repetición de algunos trámites para garantizar la participación ciudadana y el respeto a las competencias de otros ministerios implicados.
La Junta impulsa sus medidas
En paralelo, el Gobierno de Juanma Moreno ha avanzado su propia regulación del alquiler turístico. El año pasado, en el mes de febrero se aprobó un decreto que otorgaba a los ayuntamientos competencias para imponer sus propias limitaciones, con un conocimiento del terreno más directo. Recientemente, en marzo de 2025, se aplicó una serie de herramientas con la posibilidad, una vez más desde los consistorias, de declarar moratorias municipales para frenar nuevas licencias por motivos de interés general.
De estas 'regulación andaluza', ya se han beneficiado el Ayuntamiento de Málaga, que ha establecido moratorias globales y prohibiciones en zonas saturadas. También lo han hecho otros como el de Sevilla y Cádiz.
Según Andalucía, son las comunidades autónomas quienes deben defender la gestión de forma directa toda la información y que tan solo, el Estado esté presente únicamente como intermediaria entre plataformas y registros regionales. También, reclama ser la única autoridad competente para ordenar la retirada de anuncios de viviendas no registradas o ilegales, sin necesidad de intervención estatal. El choque con la istración central de frontal, ya que desde el Gobierno de Pedro Sánchez, ya se han abierto expedientes sancionadores contra más de 60.000 anuncios ilegales, muchos de ellos en Andalucía.
El conflicto también se traslada al enfoque del problema de la vivienda, pues en la Junta entienden que la influencia del turismo en el mercado inmobiliaro es menor. Tanto, que de vez en cuando rechazan que la gentrificación devenga de esta actividad económica clave para Andalucía.
Nada nuevo
Esta situación no es nueva en la relación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, que ya han protagonizado otros choques, siguiendo un plan urdido desde Génova. En este nuevo pulso legal, Andalucía insiste en que está dispuesta a colaborar, pero exige una nueva convocatoria de todas las comunidades autónomas para negociar una regulación consensuada. Mientras tanto, el calendario sigue adelante y avanza hacia el 1 de julio, fecha prevista para la entrada en vigor del Registro Único, pero como ya es costumbre y los ciudadanos ya han visto, todo apunta a que el conflicto terminará en los tribunales.
