La Costa del Sol ha vuelto a situarse en el centro de las preocupaciones por la seguridad ciudadana tras una semana marcada por una cadena de tiroteos y sucesos macabros que ponen sobre la mesa una preocupante escalada de violencia.
Hace justo un año, el Ministerio del Interior se encontró con una situación en la zona que se le estaba escapando de las manos. En apenas unos meses, Marbella y Mijas registraron siete tiroteos que se saldaron con tres heridos y cinco personas detenidas. Esta escalada motivó el impulso del Plan Costa del Sol, un refuerzo de casi 40 agentes procedentes de las plantillas de Granada, Almería y la propia Málaga, que se renueva cada 15 días.
A lo largo de 2024, la situación se “relajó” tras el aumento de controles. Sin embargo, en las últimas semanas algo ha cambiado, y se han encendido todas las alarmas entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegura que el plan contra la criminalidad “está funcionando de manera muy importante”. “No estamos en una situación peor que la del año anterior”, subraya, señalando que los datos estadísticos reflejan una ligera mejora respecto al año pasado.
No obstante, los tiroteos, asesinatos y hallazgos recientes dibujan una realidad inquietante. La población comienza a vivir con miedo mientras las mafias se disputan el control de un territorio que ha pasado de ser paraíso turístico a zona caliente del crimen organizado, que aprovecha el aeropuerto de Málaga como punto de entrada.
“Se cuela todo dios”
La Policía Nacional tiene varios problemas estructurales que lastran el control de tanta violencia en la Costa del Sol. Uno de ellos tiene que ver con el déficit de medios humanos y la falta de actualización de los catálogos de puestos. “Lleva sin actualizarse desde 2005, pero lo peor de todo es que cuando fue creado, Málaga solo experimentaba un repunte de población en verano. Ahora, esta situación se produce prácticamente todo el año”, explican a este diario fuentes del cuerpo.
Es una situación alejada de la realidad actual, que Interior tiene como tarea pendiente desde hace más de una década. El problema afecta directamente a la distribución de recursos humanos, por lo que se producen graves desequilibrios, y es común encontrar a agentes de otros departamentos realizando tareas que no les corresponden solo para “tapar huecos”.
En este contexto entra en escena el aeropuerto de Málaga, donde, según un agente que prefiere mantenerse en el anonimato, “no tiene un catálogo adecuado, hay gente en puestos que no les tocan y cobran menos de lo que merecen”.
Personas que están al cargo de tareas tan importantes como el control de pasaportes. Explica que los agentes están sometidos a una norma de AENA, por la que, ante situaciones de saturación, deben “flexibilizar”. Esto quiere decir que no pueden detenerse a comprobar si las personas que entran están en busca y captura. “Se cuela todo dios”, ironiza.
Otro punto débil es el de los desvíos de vuelos que van a Gibraltar y terminan en Málaga. Solo este año, el aeropuerto del Peñón ha desviado 35 aviones a la capital malagueña por motivos de “meteorología adversa”. La cifra asciende a 118 desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como ya informó Vozpópuli. Esto ha supuesto el desembarco de unos 5.000 pasajeros que han entrado en España sin un control fronterizo previo.
Es decir, si un pasajero no cumple con los requisitos para acceder al espacio Schengen, las aerolíneas se desentienden y pasa a ser problema del Estado. Esto obliga a las autoridades a hacer esfuerzos extraordinarios para controlar a estas personas, aunque a veces ocurren situaciones como la del pasado 26 de enero. El vuelo BA490 Londres-Gibraltar, operado por British Airways, acabó desviado en Málaga. En él viajaban cinco ciudadanos rusos que, una vez aterrizados, se les perdió el rastro.
El Gobierno de España asegura que el aeropuerto cumple con la normativa y que se garantiza que todos los pasajeros llegados por esta vía acaban en la colonia británica. Sin embargo, rusos, ciudadanos extracomunitarios y otros perfiles aprovechan este tipo de desvíos, sabiendo que las probabilidades de quedarse en Málaga son altas.
Tiroteos encadenados
El primero de los episodios violentos tuvo lugar el Jueves Santo en la barriada malagueña de Portada Alta, donde una reyerta entre familias terminó con un hombre herido por un disparo en la pierna. La Policía detuvo a cinco personas —cuatro hombres y una mujer—, de las cuales una ingresó en prisión provisional.
Menos de 24 horas después, en la madrugada del Viernes Santo, Marbella fue escenario de otro tiroteo. A las 4:30 de la mañana, en la calle Príncipe Salman, numerosos testigos presenciaron cómo un hombre fue herido de bala a la salida de una discoteca. El agresor huyó en su vehículo y la víctima fue trasladada al Hospital Costa del Sol.
El lunes 21, un joven británico fue asesinado a tiros en Calahonda, Mijas, tras salir de un partido de fútbol. Según las primeras pesquisas, al menos dos individuos encapuchados le dispararon en plena vía pública antes de prender fuego al vehículo utilizado en la huida. En su interior se halló un arma de fuego.
El miércoles, también en Mijas, fue hallado un cadáver maniatado y en avanzado estado de descomposición en una finca cerca del faro de Calaburras. Las autoridades investigan si está vinculado a una denuncia previa por secuestro. El cuerpo, localizado en un barranco de difícil , presentaba signos de violencia y una capucha junto a la cabeza.
Apenas unas horas después, este jueves, un nuevo tiroteo sacudía la urbanización Cancelada, en Estepona. Aunque no se han registrado víctimas, testigos describieron escenas de pánico: “No he pasado más miedo en mi vida, a tiros limpios. Había personas en la parada del autobús”, relató una vecina.
Un agente, en declaraciones a Vozpópuli, reconoce que ha habido un repunte en cuanto al número de sucesos de este tipo, pero indica que el Plan Costa del Sol ha tenido un impacto positivo en la zona. Eso sí, denuncia el problema principal: además del déficit de plantilla, la pérdida total del principio de autoridad, junto con la falta de medios. “Para hacer intervenciones, debemos entrar con casco y chalecos que muchas veces no tenemos”, lamenta.
“A fecha de hoy, hay agentes sin chalecos, o si los hay, los deben compartir. Tampoco tenemos fundas antihurto... vaya, que ‘estamos en bragas’”, afirma. Explica que, en su caso, lleva 29 años en la Policía Nacional y no recibió su chaleco hasta hace dos; la funda antihurto, aún la espera.
