El Gobierno de Canarias ha decidido intervenir en defensa del Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados ante situaciones de llegada masiva.
El Ejecutivo canario autorizó este miércoles a sus servicios jurídicos a personarse como coadyuvante del Gobierno de España en el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Comunidad de Madrid, ya itido a trámite por el Tribunal Constitucional.
La preocupación de Canarias es porque no quiere que se saturen sus servicios en caso de un incremento de la llegada de menores en cayucos y pateras, es decir, que quiere que se vacíen los centros con el reparto por el resto de España de forma urgente porque, a las puertas del verano, es posible que haya un aumento de llegadas.
No obstante, Agencia Europea de Fronteras ha informado este miércoles de una disminución del 34 % en la migración irregular en la región de África occidental en el primer trimestre de 2025, un total de 10.424 irregualres. Durante el mes de abril de 2025, se contabilizaron 977 cruces irregulares en esta ruta, y las nacionalidades maliense, senegalesa y guineana fueron las más frecuentes.
La respuesta canaria no es una cuestión técnica: es una declaración política clara a favor de la "corresponsabilidad territorial" en un fenómeno que ya desborda la capacidad de una sola comunidad autónoma. Canarias acoge en la actualidad a más de 5.500 menores migrantes no acompañados, una cifra que evidencia el colapso de sus recursos de acogida "y la necesidad urgente" de que el resto del país asuma su parte.
"El recurso de Madrid no sólo impugna una norma; impugna el principio de solidaridad sobre el que se asienta el Estado autonómico", señala el acuerdo del Consejo de Gobierno canario, que acusa al Ejecutivo madrileño de entorpecer con su recurso la posibilidad de ofrecer una respuesta legal y eficaz a una situación extraordinaria.
El Ejecutivo canario recuerda que la intervención como parte coadyuvante está justificada por la afectación directa al reparto competencial en materia de protección de menores, pero también por la naturaleza supraautonómica del fenómeno migratorio. El texto cita el precedente del ATC 172/1995 para avalar su participación en el proceso como excepción al régimen general de no intervención de terceros en causas de inconstitucionalidad.
“El interés competencial de Canarias se ve vulnerado al tener que afrontar en solitario una contingencia migratoria que pone en riesgo la atención adecuada a miles de menores que, por derecho y por humanidad, deben ser protegidos por el conjunto del Estado”, subraya el acuerdo.
Desde Canarias se insiste en que el Estado debe ejercer su papel de garante de la cohesión territorial, y advierte que el hacinamiento y la saturación de recursos en las islas es un hecho notorio, documentado por organismos nacionales e internacionales.
El Decreto Ley 2/2025 supone, a juicio del Gobierno canario, una herramienta necesaria para articular una respuesta legal, equitativa y solidaria entre todas las comunidades autónomas.
rafwings
22/05/2025 10:17
Menudos vendidos estos canarios...