Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid que se encuentra investigada en el Tribunal Supremo junto con Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos ha decidido prescindir de la Abogacía del Estado, que era quién ejercía su defensa. Acaba de fichar a Daniel Campos Navas, fiscal en excedencia que desempeñaba sus funciones en la Audiencia Nacional, tal y como consta en una diligencia de ordenación a la que ha tenido Vozpópuli.
Campos ha ejercido en el Ministerio Público durante 25 años y ha sido fiscal en casos como, por ejemplo, “Roldán”, “Operación Crucero” (Viajes Marsans), “Finanzas Forex”, “Ramsonware”, “Youkioske” y “Ausbanc-Manos Limpias”. Además, ha estado destinado en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del TSJ de Madrid, Fiscalía Especial contra la Droga, Fiscalía Especial contra la Corrupción. En los últimos 8 años se encontraba en la Fiscalía de la Audiencia Nacional como Coordinador de Delincuencia Económica.
Cabe recordar que, tanto el fiscal general del Estado como Rodríguez son las dos personas que actualmente se encuentran investigadas en el Supremo por el magistrado Ángel Hurtado. Ello, por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, que acudirá este viernes a declarar en calidad de testigo. Tanto García Ortiz como esta fiscal se encontraban representados por la Abogacía del Estado hasta este miércoles, cuando Rodríguez ha decidido dar un giro a su defensa.
En un principio, el instructor de la Sala de lo Penal también estaba investigando a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Pero el pasado mes de febrero Hurtado decidió archivar la causa contra 'el número 3' de la Fiscalía General del Estado al considerar que no hay indicios suficientes para mantenerlo imputado.
El juez rechaza la práctica de más diligencias
Además, el juez del Supremo también ha rechazado este miércoles la práctica de varias diligencias solicitadas por la acusación particular ejercida por Alberto González Amador y por la representación de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), como acusación popular, tal y como se expone en un auto.
Por un lado, el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, solicitaba analizar el archivo de la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, donde se hablaba sobre el intercambio de correos entre él y el fiscal Julián Salto, que le investigaba por presuntos delitos económicos.
Y, por otro, rechaza la petición de APIF que solicitaba que se revisase el teléfono de García Ortiz para conocer si en él tenía guardados teléfonos como el de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas.
