El exmagistrado Rafael Fernández Valverde cuenta con amplia trayectoria que abarca más de cuatro décadas. Figura destacada de la judicatura española, dijo adiós a su carrera en la judicatura hace ya tres años cuando dejó el sillón que ocupaba en el alto tribunal y, casi al mismo tiempo, en el Consejo General del Poder Judicial. Ingresó a la carrera en 1976, desempeñándose inicialmente en juzgados de primera instancia e instrucción en localidades como Aracena, Sanlúcar de Barrameda y La Orotava. En 1984, se incorporó a la Sala de lo Contencioso-istrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas, que más tarde se transformó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tiempo después, acabaría presidiendo dicha sala desde 1990 hasta 2001.
Sus primeros pasos en el alto tribunal fueron en la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Sala Tercera que presidió hasta su jubilación. Como magistrado del Supremo fue clave para sentar jurisprudencia sobre urbanismo sostenible y medio ambiente, consolidando el principio de no regresión ambiental. También destacó en el ámbito de extranjería, clarificando derechos de familiares de ciudadanos UE. Fernández Valverde fue vocal del Consejo General del Poder Judicial en dos ocasiones, siendo el único juez español que ha ocupado este cargo en dos periodos distintos. Su estreno en el órgano de gobierno de los jueces fue en el año 1996 y aterrizó de nuevo en el CGPJ en 2013, donde permaneció en su cargo hasta su jubilación en 2022. Tras más de 46 años en la carrera judicial, el exmagistrado del Tribunal Supremo continúa trabajando, ahora, como consejero en el despacho de abogados Montero Aramburu.
Pregunta. En los últimos años, la imagen del CGPJ se había visto gravemente erosionada. ¿Cómo vivió desde fuera la designación de 20 nuevos vocales después de más de cinco años de bloqueo?
Respuesta. Supongo que, como mucha gente, con bastante alivio. Fue un flagrante incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del Parlamento, del Congreso y del Senado, y que el Consejo como institución y los integrantes -entonces como del mismo- sufrimos, yo creo que con bastante estoicismo. Al principio el tema fue relativamente pacífico, pero llegó un momento en que se prohibió llevar a cabo funciones esenciales del Consejo... Fue como amputar las mismas, una especie de mutación constitucional de lo que son las competencias del Consejo.
Todo esto se agrava considerablemente cuando, por otro tipo de motivaciones que yo creo que se están comprobando en este momento, se permite que se lleve a cabo el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y no de los del Tribunal Supremo.
Pregunta. ¿Cómo se vive desde dentro una situación como esa?
Respuesta. En un principio, cuando las competencias del Consejo se quedan prácticamente, como decía antes, amputadas, yo creo que hubo una sensación -en principio- de intentar solventar la situación. Yo quiero recordar que incluso planteé llevar a cabo una impugnación ante el Tribunal Constitucional por la limitación de sus competencias y que la propuesta no prosperó. A partir de ese momento, con mucha resignación y viendo que una norma con rango de ley limitaba las competencias del CGPJ. Resultaba paradójico que Parlamento, que no cumplía con sus obligaciones constitucionales de renovar al CGPJ, procediera a amputar una de sus más esenciales competencias, paralizando en gran medida la función, entre otros órganos, del Tribunal Supremo.
Pregunta. Con la llegada de Perelló se habló de una nueva época de consensos por su perfil conciliador de cara ambos bloques, ¿qué opinión le merece la designación de Perelló como presidenta del CGPJ?
Respuesta. Yo creo que Isabel Perelló es una magnífica magistrada. Ha sido compañera, incluso, vecina de despacho durante muchos años en el Tribunal Supremo y es una persona perfectamente capacitada para desempeñar funciones muy difíciles, como ella misma ha reconocido y como todos los que conocemos los entresijos de la situación, comprendemos. Es evidente que tiene que andar con muchos equilibrios, pero de momento yo creo que los resultados están siendo positivos. El haber conseguido, en el tiempo en que ha transcurrido de su mandato, la designación de tantos magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de TSJ y de audiencias provinciales... Me parece que el ejercicio de esta competencia va en la buena dirección.
Pregunta. Todavía es pronto, pero ¿qué ocurriría si este bloqueo en el nombramiento de las presidencias clave del TS se prolonga? ¿Supondría un bloqueo institucional?
Respuesta. La diferencia es que, mientras que la situación de bloqueo del Consejo anterior fue por culpa del Parlamento que no cumplió su mandato constitucional de renovar el Consejo, en ese momento la responsabilidad sería como consecuencia de un bloqueo por parte de los del propio Consejo. Hay que dejar un poco de tiempo. El mandato es para cinco años, y yo creo que se solventará de una forma o de otra. Tiempo al tiempo.
Isabel Perelló es una magnífica magistrada. Ha sido compañera, incluso, vecina de despacho durante muchos años en el Tribunal Supremo y es una persona perfectamente capacitada para desempeñar funciones muy difíciles.
Pregunta. ¿Cómo se limitan desde Moncloa o Génova este tipo de negociaciones?
Respuesta. Yo creo que se ha puesto de manifiesto que el intento de modificaciones legislativas para, digamos, adentrarse en el funcionamiento interno del Consejo, pero no han dado nunca buen resultado. Yo creo que ahora la responsabilidad, lógicamente, es de este Consejo. Además, tiene una presidenta con capacidad más que demostrada y acreditada para conseguirlo.
No obstante, toda esta situación que usted me describe, desde el punto de vista del funcionamiento interno del Consejo, o bien desde el punto de vista de la injerencia del Parlamento, o incluso la interferencia del Poder Ejecutivo, como declaraciones de políticos fuera de tono, lo que provoca es un desprestigio de la institución y una especie de desidia, por decirlo de alguna forma, de los propios integrantes del Poder Judicial, que lo ven como un intento de manoseo por parte de otras instituciones.
Pregunta. ¿Qué clima puede generar esto en el alto tribunal, después de haber sufrido también varios años de bloqueo?
Respuesta. Yo lo tuve que vivir durante ocho. Sin embargo, de algún modo, el Tribunal Supremo vive de espaldas a lo que pasa en el Consejo. Una vez que un magistrado es nombrado, se olvida realmente de quién ha sido el que lo nombró. Se convierte en un auténtico ser autónomo como siempre lo ha sido el Poder Judicial. Cuando entras como magistrado del Tribunal Supremo se trata de mejorar la jurisprudencia de este país.
Pregunta. ¿Qué diría sobre la labor real de los vocales del CGPJ para con la ciudadanía?
Respuesta. Hay que pensar que ahí están representadas todas las sensibilidades sociales y, en consecuencia, el Consejo es un órgano que persigue lo que pasa en la sociedad, porque tiene mecanismos de vinculación con la sociedad a través de su sistema de nombramiento. El CGPJ no está al margen de la realidad de los juzgados o la abogacía. Esto también lo perciben los magistrados, la relación intensa que existe entre Poder Judicial y sociedad es la base del funcionamiento del Poder Judicial, al margen de las interferencias que pueden venir por parte de otros poderes del Estado.
Los magistrados del Tribunal Supremo son personas que están por encima de las pasiones y, en consecuencia, el funcionamiento es completamente autónomo e independiente.
Pregunta. ¿Hemos perdido la oportunidad para cambiar el sistema de renovación de vocales? ¿Qué ha ocurrido?
Respuesta. El constituyente dijo que hay una mayoría limitada de jueces y magistrados de todas las categorías, que perciben perfectamente lo que pasa en la sociedad desde la perspectiva de la conflictividad jurídica. Es un modo de captar la realidad social desde una perspectiva estrictamente judicial. No los vamos a dejar solos, pensó el constituyente, y, en consecuencia, se dijo, vamos a introducir en ese órgano ocho componentes que sí tengan una auténtica composición, una auténtica connotación de carácter político. Lo que se pretende es que entre una y otra visión, la profesional y la política, se organice el Poder Judicial. Pero lo que no estaba previsto en la Constitución es que esos 20 componentes del CGPJ fueran todos nombrados por el Parlamento. Superar esta decisión legislativa es difícil, pero habría que intentarlo.
Pregunta. ¿Cómo afectan las críticas de políticos a jueces en este momento de crispación?
Respuesta. Obviamente, mal. Yo no descartaría impulsar una especie de conciliación de la presidencia del Consejo del Poder Judicial y del Parlamento, y quizá, de la Presidencia del Gobierno, ante la actuación, digamos, muchas veces desaforada y muy crítica del Poder Ejecutivo o de del Poder Legislativo. Y lo vemos a nivel nacional, pero imagínese las presiones a nivel local, donde todo el mundo sabe dónde vive. Todo eso es consecuencia de ese clima que se ha creado. La queja no es sólo de los jueces, pues se perciben situaciones complicadas en las relaciones con los médicos o con los profesores. Todos desempeñan una serie de funciones pública públicas, merecen un respeto y consideración, y no una crítica permanente por parte de quien debería dar ejemplo.
Pregunta. ¿Qué se puede hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia? ¿Desde el Gobierno u otras instituciones?
Respuesta. Hace falta visión de futuro. Tenemos que volver a una sensación como la que existía con los pactos de la Moncloa y con los pactos constitucionales. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 40 años. Yo creo que el Poder Judicial ha contribuido, pero no es razonable tratar de revisar lo que yo creo -que bastante bien- hemos hecho en estos años, sino simplemente pensar en el futuro.
