El Gobierno quiere cubrirse de cualquier riesgo penal en sus empresas participadas. En plena ofensiva en el Ibex, con la entrada en Telefónica como punto álgido, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ha lanzado por la vía de urgencia la búsqueda de un asesor jurídico para tejer un blindaje legal en seis compañías de su órbita: la agencia EFE, el Hipódromo de la Zarzuela, Enusa, Sepides, Saeca y Cofivacasa.
El brazo inversor de Moncloa justifica el contrato de asesoramiento jurídico para la “actualización de los sistemas de cumplimiento penal” de estas sociedades participadas y de la Fundación Sepi. Se trata de un contrato de 320.000 euros, con el que el Gobierno pretende reforzar su credibilidad en las compañías en las que tiene un porcentaje relevante del capital tras la ofensiva para entrar en empresas estratégicas, según interpretan fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
La Sepi controla el 100% de EFE, Sepides (grupo dedicado a la promoción empresarial y gestión inmobiliaria) y Cofivacasa, que está especializada en asesoría y liquidación de sociedades del entorno público. En el Hipódromo, el vehículo inversor adherido al Ministerio de Hacienda posee casi el 96% del capital, mientras que ostenta un 80% en el prestamista de avales al sector agrícola y ganadero Saeca.
También declara un 60% en Enusa, la última de las participadas para las que el Gobierno quiere crear una estructura homogénea de “análisis y evaluación de riesgos penales”, como concreta en el pliego del contrato, que se lanzó este miércoles.
El trabajo sería para un periodo de ejecución de seis meses, sin posibilidad de prórroga, y se prevé iniciar a finales de abril. El asesor deberá dividir el proyecto en dos fases. Una primera en la que tratara de unificar la metodología para identificar y evaluar riesgos penales en dichas participadas. Entre los encargos, se tendrá que analizar “el riesgo inherente valorando cada riesgo penal en términos de impacto y probabilidad en base a criterios objetivos”.
Proyecto en dos fases
Dentro de esta primera fase, el asesor que gane el concurso deberá identificar los riesgos penales que “potencialmente podrían afectar a la entidad”, así como las áreas o departamentos en los que se podrían materializar dichos riesgos según las funciones que desempeñan.
Ye en una segunda fase, el consultor reunirá y entrevistará a de cada una de las sociedades para medir la política de cumplimiento y elaborar manuales de prevención de delitos, entre otros trabajos. Al finalizar las dos fases del proyecto, el adjudicatario deberá entregar a la Sepi y a las entidades una memoria resumen y un plan de tratamiento del riesgo para los casos en los que se haya detectado un “riesgo residual no aceptable”.
La Sepi también tiene participaciones relevantes en Redeia, Airbus y en Hispasat, que acaba de comprar Indra, donde el Estado controla el 28%
Tras la ofensiva en Telefónica, el Estado contrató al despacho Baker Mckenzie para blindarse de las derivadas regulatorias de su entrada en Telefónica. El brazo inversor del Gobierno, que tomó el 10% de la teleoperadora para cumplir el mandato de Pedro Sánchez, se cubría así del riesgo de demandas en Estados Unidos.
Red empresarial de Sepi
Con su regreso al capital de Telefónica más de 20 años después de su privatización, la Sepi retomó con fuerza el plan para entrar en empresas consideradas estratégicas. En la actualidad, cuenta con un entramado de 26 compañías en las que ha tomado una participación relevante en el accionariado.
Además de las citadas, controla el 28% en Indra, de donde procede precisamente el actual presidente de Telefónica, Marc Murtra. También posee un 4,12% en Airbus; un 2,52% en IAG; y un 20% en Redeia, entre otras. Y declara el 7,4% de Hispasat, la compañía de satélites que Indra acaba de comprar por 720 millones de euros para cumplir con el plan de Moncloa de crear un campeón nacional en el sector aeroespacial.
aherraiz
20/02/2025 12:07
Es lo que hace tener a un tipo que MIENTE antes de las elecciones y luego hace lo que le da la gana ,OSEA FORRARSE CON LA GARANTIA DEL ESTADO