El Gobierno se ha propuesto acabar con los pisos turísticos. Esta semana, Moncloa ha recrudecido su particular cruzada contra la plataforma de alquiler turístico Airbnb, y el ministerio de Consumo ha ordenado el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos. Esto es, según los datos oficiales, que el Gobierno quiere terminar con casi el 20% de los pisos turísticos disponibles en España.
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había en noviembre de 2024 368.295 pisos turísticos. El Gobierno ha exigido el bloqueo de 65.935 anuncios al considerarlos "ilícitos" por "contravenir" la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos. Esto es una proporción del 17,9% entre los que Moncloa quiere bloquear y el total de los mismos. 5.800 de esos anuncios tienen que retirarse "de manera inmediata", según la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que da la razón al ministerio.
Los datos del INE hacen referencia a los pisos que están publicados en todas las plataformas de alquiler turístico, tanto Airbnb como Booking o similares. En cualquier caso, la gran mayoría de los pisos turísticos están publicados en Airbnb, por lo que se entiende la cruzada del Gobierno contra la plataforma estadounidense.
Los anuncios sobre los que se han pronunciado afectan a viviendas turísticas que se encuentran en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. Estas son precisamente las comunidades con mayor presión turística, tal y como reflejan los datos del INE y los de Inside Airbnb, la base de datos de la compañía online.
Las zonas que más pisos turísticos tienen son Alicante, Málaga, Islas Baleares, Madrid y Girona. En Málaga es donde más presión turística hay, pues el 4,12% del total de viviendas de toda la provincia son turísticas.
El 'veto' a Airbnb, una moneda de doble cara
La intención del Gobierno es acabar con las presiones sociales y económicas que genera el boom de los pisos turísticos. Entre los aspecto positivos se encuentra la rebaja de los precios de la vivienda, al conseguir que parte de esos pisos de alquiler turístico vuelvan al mercado tradicional, la defensa de los derechos del ciudadano y mejoras en la convivencia.
Sin embargo, el veto a Airbnb también tiene aspectos negativos, como una vulneración de la libertad de mercado, argumento que han utilizado desde Airbnb para defenderse del "ataque del Gobierno", o el debate sobre cómo acogemos a los 100 millones de turistas que llegan cada año.
Además, el sector turístico advierte del impacto que esta regulación puede tener sobre el empleo y la economía local. Muchos pequeños propietarios, que han encontrado en el alquiler vacacional una fuente importante de ingresos, se verán obligados a renunciar a esa rentabilidad o a vender sus propiedades. Esto podría generar un pequeño efecto dominó en otros sectores como la hostelería, el comercio o los servicios.
¿Por qué son ilegales estos pisos turísticos?
En este contexto, cabe preguntarse por qué los consideran ilegales y cuáles son los argumentos del Gobierno para bloquearlos. Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad.
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En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
- Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
- En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que "puede inducir a error o a engaño" a los consumidores.
