La noticia, no por prevista, ha dejado de sorprender a mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que reaccionan tras conocerse la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña y los Mossos d’Esquadra. Primero, porque el acuerdo entre PSOE y Junts ha llegado “más lejos” de lo que se contemplaba inicialmente. Y, segundo, por la expectación que suscita el encaje de la decisión política, que satisface las demandas que Carles Puigdemont planteó al equipo de Pedro Sánchez en los acuerdos de legislatura suscritos en Bruselas: “Habrá que ver la letra pequeña, pero no se pueden descartas medidas legales”, afirman varios mandos consultados por Vozpópuli.
A su juicio, la cesión de competencias en política migratoria “abre las puertas” a un “escenario incierto”: “Sabemos hasta dónde llega el acuerdo anunciado hoy, pero las demandas de los partidos independentistas siempre van más lejos -apuntan fuentes internas de la Guardia Civil a este diario-. Hoy se han abierto las puertas a negociar unas competencias que hasta ahora eran íntegras del Estado; es difícil saber hasta dónde llegará el mercadeo una vez se ha puesto esta materia en venta”.
Según el anuncio del PSOE, el acuerdo suscrito con Junts contempla que Cataluña se configure como “ventanilla única” su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. También expedirá el documento de identidad para los extranjeros a partir del Registro del NIE de España. Los Mossos d’Esquadra, por su parte, gestionarán junto a Policía Nacional y Guardia Civil la seguridad en puertos, aeropuertos y “zonas críticas”.
El pacto contempla, además, que Cataluña gestione las devoluciones de extranjeros y los Centros de Internamiento de Extranjeros, así como el incremento en 1.800 efectivos de la plantilla de los Mossos d’Esquadra. Para ello, el Gobierno de España deberá transferir “los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios”,
La decisión también ha provocado estupor en la Policía Nacional, toda vez que, a su juicio, los Mossos d’Esquadra no tienen la experiencia necesaria para asumir estas competencias: “Es una competencia extremadamente sensible; se mercadea con ella por una cuestión meramente política, como contraprestación para un acuerdo de legislatura”, apuntan fuentes internas.
"Medidas legales"
Por eso, azules y verdes esperan a ver “la letra pequeña” del acuerdo para ver si son viables “medidas legales”. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya frenó la cesión de las competencias de Tráfico a Navarra porque se articuló mediante Real Decreto. En este caso, PSOE y Junts han registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de Ley Orgánica. No obstante, entre policías nacionales y guardias civiles aún aguardan los detalles de la articulación legal de la medida.
Por su parte, sindicatos y asociaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ponen voz a la indignación que esta noticia ha suscitado en ambos cuerpos. A juicio de Jupol, “esta decisión supone un nuevo ataque frontal al Estado de derecho, una vulneración flagrante de la Constitución y un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña”. Y añaden: “Hemos dado instrucciones a nuestros servicios jurídicos para que estudien todas las vías legales disponibles para frenar esta nueva cesión ilegal”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles sostiene que el traspaso supone una “gravísima irresponsabilidad y un ataque directo al papel de la Guardia Civil en la defensa de las fronteras y la seguridad del Estado”: “El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles, son partícipes directos de esta situación”, consideran, al mismo tiempo que adelantan el estudio de “todas las acciones legales” para frenar la cesión de competencias.
La Confederación Española de Policía exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y denuncia que el acuerdo es fruto de la “aritmética parlamentaria” y del “permanente chantaje” de los partidos independentistas al Gobierno de Pedro Sánchez: “La obsesión de estos últimos con expulsar a la Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña roza lo patológico y demuestra que la seguridad de los catalanes es lo de menos, teniendo en cuenta que aquella es la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de criminalidad de toda España”.
Jucil denuncia que los acuerdos "suponen de facto el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en esta parte del territorio nacional", mientras que la Unión Federal de Policía (UFP) los considera "un atropello legal y funcional que vulnera la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
jumaca2018
04/03/2025 17:14
¿Es esta toda la argumentación de los mandos policiales, que "Los Mossos no tienen la experiencia necesaria"? Eso tiene solución; reírse de la Constitución es muy serio. Y para intentar evitarlo están los tribunales y a ver si hay suerte.