Política

Europa humilla a Sánchez y le obliga a retirar la votación del catalán al saber que fallaría a Puigdemont

El Consejo de Asuntos Generales de la UE da carpetazo a la exigencia de Moncloa a sus socios comunitarios

Pedro Sánchez vuelve a fracasar en su intento de que el catalán se convierta en lengua oficial en las instituciones europeas. Pese a que en agosto del 2023 prometió a Junts per Catalunya que España utilizaría su influencia para dar luz verde a la exigencia de sus socios.

Las dudas que varios Estados miembro como Suecia, Austria o Finlandia -el país que ha dinamitado las esperanzas del Gobierno al explicitar su rechazo- siguen expresando respecto a la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE, ha impedido a Moncloa dar cumplimiento a una de las peticiones más importantes para Carles Puigdemont.

Dudas sobre la legalidad

Más allá de las dudas de algunos países , tanto por la aplicación como por el coste de la medida, persisten las dudas legales del servicio legal del Consejo respecto a si esto obligaría a modificar los tratados de la UE.

El ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, a su llegada a la reunión en Bruselas, expresó su deseo de que "realmente espero que no tengamos que votar hoy".

Strand, poniendo voz a la mayoría de sus colegas, advirtió de que "todavía hay algunas preocupaciones que también han suscitado preocupación a los servicios jurídicos del Consejo" y ha avisado que "es algo que tenemos que tomarnos muy en serio".

Desde Finlandia, que defienden que "la diversidad lingüística es importante", insisten en que ven prematura una votación sobre la que ha habido muy poco debate, ya que España ha optado por la imposición.

Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos sueca, Jessica Rosencrantz, ha asegurado que comprende plenamente que "la cuestión es muy importante para España" y ha recordado que Suecia ha sido uno de los países que ha planteado dudas al respecto.

También la ministra de Asuntos Europeos austríaca, Claudia Plakolm, ha reconocido que "todavía quedan algunas dudas abiertas sobre cuestiones legales y también sobre el coste". Aunque España se comprometió a asumir la cifra millonaria de su aplicación, hay recelo respecto a lo prometido por Sánchez.

Promesa hecha en 2023

Fue en agosto del 2023, cuando el PP y el PSOE pugnaban por la presidencia del Congreso, que acabó en manos de la socialista Francina Armengol, gracias a Junts, cuando Pedro Sánchez prometió a Carles Puigdemont que el catalán seria oficial en las instituciones de la Unión Europea.

En una negociación agónica, de madrugada, Puigdemont obligó al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a registrar la solicitud para el debate del reconocimiento del catalán en el Consejo de Asuntos Generales de la UE.

Entonces, con España al frente de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, Sánchez trasladó literalmente a Junts que "utilizaremos nuestra influencia" para doblegar a los socios comunitarios. Algo que, casi dos años después, todavía no han logrado.

Moncloa, dispuesta a todo para contentar a Junts

Ante las reticencias de varios países por lo que puede suponer el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas, que no forman parte de los tratados de la UE, el Gobierno se lanzó a la compra de votos, abogando por una implementación gradual y prometiendo asumir el coste millonario de su aplicación.

Con Italia, Alemania, Bulgaria y los países balticos liderando esa oposición, España activó en los últimos días toda la ofensiva diplomática para intentar cambiar la opinión de los países con derecho a voto. En algunas cancillerías denunciaron que incluso el Gobierno les amenazó con retirar las tropas de sus territorios si no les apoyaban.

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