Seis meses después de la letal dana que dejó 228 fallecidos en la provincia de Valencia (3 de ellos aún sin localizar) la recuperación en las zonas afectadas va muy lenta y todas las estimaciones consideran que al ritmo actual se tardará entre 3 y 5 años para volver a una situación similar a la existente antes de las riadas.
Las graves inundaciones provocaron daños en infraestructuras, viviendas y en el tejido productivo de la provincia y hoy se puede decir que la reconstrucción continúa pero una parte importante de las empresas que ya ha vuelto a la actividad no han vuelto al nivel previo al desastre.
El 21% de las empresas
Los datos de la Cámara de Comercio de Valencia apuntan que la inundación afectó con una intensidad muy elevada a 2.386 empresas industriales ubicadas en la zona cero, lo que equivale al 21% de las empresas de la provincia de Valencia, que tuvieron que interrumpir su producción total o parcialmente, y no reanudarla hasta realizar las tareas de limpieza necesarias y los trabajos de reparación y sustitución de la maquinara afectada. Más de 31.000 trabajadores de la zona cero se vieron directamente afectados como consecuencia de la pérdida temporal o total del empleo.
Los trabajos van avanzando pero lentamente y todo el tejido económico de pymes (que son fundamentales para el día a día las poblaciones) ha sufrido con mucha intensidad los efectos de la riada y más del 25% o no han abierto de momento o han decidido bajar la persiana ante la dificultad de reactivas sus pequeños negocios.
La agricultura no escapa a esta situación medio año después de la riada con 50.000 hectáreas de terreno agrícola se vieron afectadas con unas pérdidas de más de 1.300 millones de euros.
Contratos de emergencia
Los problemas de los ayuntamientos son innumerables pero la finalización de la autorización para realizar contratos de emergencia dificulta la actividad de los consistorios que no tienen capacidad de recursos humanos para hacer frente a los trámites burocráticos y poner en marcha las obras de recuperación que son de todo tipo.
La descoordinación entre istraciones es también muy evidente y medio año después de la riada siguen alejadas en casi todas las tomas de decisiones. La ruptura institucional entre el Gobierno y la Generalitat es casi total y ello se refleja en la falta de agilidad a la hora de que los ciudadanos tengan una respuesta acorde a la magnitud de la tragedia.
Ayudas todavía pendientes
La Generalitat Valenciana que encabeza Carlos Mazón tiene previsto un total de ayudas directas de 1.010 millones de euros de los que ha pagado ya 480 millones (un 47%), mientras que el porcentaje de ayudas resueltas es del 86%. El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, está muy lejos de esos números y sólo ha abonado el 14,3% de las ayudas solicitadas.
Desde la famosa frase de Sánchez de "si necesitan recursos que los pidan" (el pasado 2 de noviembre) hasta hoy que se cumplen seis meses, no ha habido grandes avances, ya que no se ha aceptado por parte del Ejecutivo central de crear una comisión mixta para la reconstrucción y ello provoca desfases y que haya dos recuperaciones en paralelo y, en ocasiones, no son complementarias. En la emergencia provocada por la erupción del volcán de la Palma, sí que se creó.
Exclusión de municipios afectados
Otro de los dramas que no se han resuelto es el de los 28 municipios valencianos que fueron afectados por la dana, que engloban a una población de unas 80.000 personas, y que han quedado excluidos del decreto de ayudas del Gobierno. Esto provoca que no tengan a las ayudas estatales para su reconstrucción y que caminos rurales, carreteras, e infraestructuras de todo tipo se hayan quedado sin opción de mejoras por la baja capacidad de esas localidades para hacer frente a su reparación.
El Pacto de Estado que permita revisar, actualizar y priorizar las inversiones en infraestructuras hídricas en toda la cuenca mediterránea (no solo en barranco del Poyo) para minimizar riesgos ante futuras inundaciones tampoco ha avanzado ni un milímetros pese a que la Generalitat designó a Francisco José Gan Pampols como vicepresidente tercero y encargado de la recuperación, y el Gobierno a José María Ángel como comisionado para la dana. Apenas hay interlocución.
Incierta instrucción judicial
Al mismo tiempo, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que centraliza el proceso judicial que abaliza la gestión de la dana trata de sortear el enfrentamiento agrio que existe a nivel político. Su instrucción se centra en responsabilizar a la Generalitat Valenciana de la falta de protección civil en la jornada del día 29 pero el intento por situar a Carlos Mazón en la cúspide de esa 'culpabilidad' es cada vez más complejo.
Su interlocución con los familiares de las víctimas tiene por objeto intentar hacerles ver que es posible apuntar hacia los responsables penales. La realidad es que muchas de las partes personadas y la propia Fiscalía ven dificultades en progresar en la vía penal y consideran que la contencioso-istrativa sería más pertinente.
Si finalmente la instrucción acaba en un resultado judicial apartado del señalamiento de responsables puede provocar, además, la frustración de las familias que claman justicia. Y es que los factores que llevaron a la falta de previsión el día 29 de octubre fueron múltiples. Entre ellos cabe destacar la falta información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, la falta de ajustes sobre las cantidades de precipitación vaticinadas por la Agencia Estatal de Meteorología, la inacción de muchos ayuntamientos afectados por la riada, la tardanza en la reacción de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España y la propia magnitud de la catástrofe, jamás vista.
