Hace tiempo que las comisiones de investigación se han convertido en un espectáculo y en arma arrojadiza. Los partidos políticos han pervertido una herramienta de control al Gobierno para sacar rédito electoral a costa de los escándalos del adversario. En la lista hay atentados -Barcelona y 11-M-, organismos del Estado -como el CNI-, o casos de corrupción pasados y presentes -ERE, Gürtel o trama Koldo-.
El artículo 76 de la Constitución regula las comisiones: “El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación”.
Pero, tras años de espectáculos, cabe preguntarse para qué sirven de verdad. La teoría dice que deberían dirimir responsabilidades políticas, no jurídicas. Como dice el catedrático de derecho constitucional Miguel Presno Linera en su blog, las comisiones de investigación forman parte, junto a las interpelaciones y las preguntas parlamentarias, del llamado “control ordinario” del Gobierno, es decir, del conjunto de herramientas de las que disponen los diputados para hacer rendir cuentas al Ejecutivo.
“Desde luego, la utilización partidista de las comisiones de investigación tanto a nivel estatal, como autonómico y hasta local no es nueva: tampoco que la inmensa mayoría no han servido para investigar nada ni para evitar que volvieran a repetirse sucesos lamentables. Incluso algunas no han terminado con el preceptivo dictamen. En cuanto al seguimiento de sus recomendaciones, debería de estudiarse en serio para ver hasta qué punto han sido seguidas”, explica la abogada del Estado Elisa de la Nuez, de la Fundación Hay Derecho.
La mayoría absoluta del PP manda en el Senado y la mayoría (también absoluta) que sostiene el Gobierno manda en el Congreso. Ambas son las que deciden quiénes comparecen en las comisiones que, de forma paralela en cada cámara, intentan atizar al contrario. En lo que va de Legislatura; en el Congreso se ha creado una para abordar todas las contrataciones del sector público durante la pandemia, mientras que en el Senado se ha abierto una para indagar exclusivamente en el caso Koldo.
Aunque hay más. En la Cámara Baja hay otra activa sobre la denominada "Operación Cataluña", que tiene como objeto investigar las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial para atacar a los independentistas.
También se ha colado en los medios la comisión de investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, centrada en esclarecer los hechos y responsabilidades relacionados con dichos atentados para regocijo del independentismo, que quiere señalar al CNI tras trascender la relación entre el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro de los ataques, y la inteligencia española. Se reveló que Es Satty había mantenido os con el servicio secreto durante su estancia en prisión por tráfico de drogas, lo que generó solicitudes para investigar posibles fallos en el seguimiento y control de sus actividades.
Los Parlamentos autonómicos también aportan su granito de arena al espectáculo. Para el recuerdo queda la comisión del caso de corrupción de los ERE. Se centró en el uso indebido de fondos públicos destinados a ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante los gobiernos autonómicos del PSOE. La trama derivó en procesos judiciales que culminaron con la condena de varios altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo a expresidentes como José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Pese a que el Congreso de los Diputados no estableció una comisión de investigación específica, la Cámara andaluza sí creó una en 2011 para esclarecer los hechos relacionados con los ERE fraudulentos. La comisión concluyó en 2012 sin alcanzar consensos significativos, y sus resultados fueron objeto de controversia debido a desacuerdos entre los distintos grupos parlamentarios. En Madrid, la Asamblea también organizó una para determinar si hubo o no irregularidades en las cátedras que codirigió Begoña Gómez. la mujer de Pedro Sánchez.
“La novedad ahora estriba en su utilización torticera como meros instrumentos de pura propaganda, o, si se prefiere, como un auténtico circo, para entendernos, dando así un paso más en la degradación de nuestro Estado democrático de derecho que parece ya imparable, y para algunos hasta irreversible. Así que podemos tener comisiones de investigación sobre cualquier cosa, incluso sobre sucesos acaecidos hace muchos años u otros que están sub iudice. Total, todo vale”, incide de la Nuez.
La abogada remacha: “A estas alturas, nadie se engaña acerca de lo que se pretende con estas Comisiones al menos por los independentistas: básicamente echar más leña al fuego para convencer a su electorado (ya de por sí muy convencido) de que España no es un Estado democrático de Derecho sino el Estado represor y franquista con el que sueñan. Claro está que lo más preocupante es que un Gobierno «de progreso» compre esta mercancía averiada, aunque sólo sea por hacer de la necesidad virtud. Al fin y al cabo, no deja de ser el Gobierno legítimo de ese mismo Estado represor. La coherencia, ante todo”.
jedoju
31/03/2025 11:26
El engaño de la democracia en España, es TOTAL. No hay, ni existe tal democracia. Todo el poder lo tienen los dirigentes de los partidos, no respetan a sus afiliados ni votantes, una vez recibida la papeleta, hacen lo que más les interesa. Lo confirma el comportamiento que tienen actualmente, que han elegido un presidente, que no ha ganado las elecciones y al que el pueblo le rechaza y detesta. Pero por si fuera poco, hacen caso omiso a la gestión que está llevando a cabo, pero le siguen manteniendo. Opino que, los votos hay que depositarlos en función del programa que presenta cada partido y se se salen de él, denunciarles antes los tribunales.
Comper
31/03/2025 12:39
Los jueces son los que están para organizar las investigacones y juzgar. Los politicos hacen cominsiones de cara a la galeria para cobrar y en muchos casos entorpecer la labor de los jueces. Es una verguenza.