La jueza de Instrucción de Cádiz que investiga el supuesto delito de malversación relacionado con los contratos menores ‘troceados’ en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tramitados por la vía de emergencia, ha citado a declarar como investigado a Demetrio González, director económico central de compras del SAS en la provincia gaditana. Con él, ya son cuatro los altos cargos de la Junta de Andalucía citados a declarar.
Este caso fue denunciado por Podemos Andalucía, en el que el SAS emitió en la provincia de Cádiz un total de 135.767 facturas correspondientes a contratos menores, cuyos valores oscilaban entre 15.000 y 30.000 euros. Estas operaciones tuvieron un gasto global de 235 millones de euros, distribuidos en 175 expedientes. Dicho importe supuso el 23,2% del presupuesto total de 1.914 millones de euros que el SAS destinó a la provincia gaditana durante ese ejercicio.
La Intervención General de la Junta de Andalucía detectó indicios de fraccionamiento intencionado de estos contratos, una práctica que permitiría eludir los principios de publicidad y libre concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, "contratar a dedo".
La jueza ha tomado esta decisión —contra la que cabe interponer recurso de reforma— tras la declaración, el pasado 2 de abril, de los interventores de la Junta José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, a quienes la titular del juzgado, Rosa María García Jover, acordó citar en calidad de testigos. La Junta, por su parte, figura en la causa judicial como responsable civil subsidiaria después de intentar personarse como posible parte perjudicada.
Demetrio González ha sido citado para declarar el próximo 28 de abril a las 9:30 horas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. De esta forma, la providencia deja "sin efecto" una citación ya prevista de dicho responsable del SAS "en calidad de testigo", sustituyéndola por esta nueva "en calidad de investigado" para el próximo 28 de abril.
Se trata de la segunda investigación judicial abierta contra la Junta de Andalucía en el ámbito sanitario desde que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla iniciara un proceso por presunta prevaricación en los contratos de emergencia del SAS entre 2021 y 2024. En esa causa están imputados los exgerentes del SAS, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, así como la actual directora del organismo, Valle García.
La Junta de Andalucía mantiene su posición de que "son denuncias políticas" y que "quedarán archivadas", aunque, de momento, las causas continúan su curso y los imputados van en aumento.
