La Junta de Andalucía nunca deja escapar una oportunidad para denunciar los incontables 'agravios' del Gobierno de España hacia 'todos los andaluces'. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López ha hecho lo propio y ha lanzado duras críticas contra Ejecutivo de Pedro Sánchez por otro asunto. Tras el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el País Vasco en materia de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La consejera andaluza considera que este pacto evidencia una política de privilegios para algunas comunidades y denuncia que los andaluces están siendo discriminados.
El acuerdo, firmado el pasado 10 de abril en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha provocado otro profundo malestar en el Gobierno andaluz, que se suma a los de financiación autonómica, estado de las conexiones ferroviarias y un sin fin de 'cuadriláteros' donde la Junta de Andalucía no duda entrar al combate. En este caso, López ha calificado el pacto de "injusto" y ha afirmado que a los dependientes andaluces "se les niega y se les trata con la punta del pie".
La consejera ha querido subrayar que Andalucía no pide más que nadie, pero tampoco acepta ser tratada como menos. Ha acusado al Ejecutivo de favorecer a determinadas comunidades, en este caso al País Vasco, mientras se desatiende a regiones como Andalucía, donde también hay una elevada demanda de atención a personas dependientes.
El objeto de las críticas vuelve a ser María Jesús Montero, que desde su vuelta a la primea línea de política andaluza, no pasa un día en el que la Junta de Andalucía no la mencione. A ella, la acusa de no estar defendiendo los intereses de su tierra, a pesar de ser andaluza. “Poco bueno y mucho malo está trayendo para Andalucía”, ha lamentado la consejera, quien ha pedido que desde el Gobierno central “aprendan un poco del modelo andaluz”, al que ha definido como una "apuesta brutal" en materia de Dependencia.
El Gobierno de España ha respondido a las críticas. Asegura que 2024 se le traspasó a la Junta de Andalucía la cantidad de 738 millones de euros para el sistema de dependencia. Casi 10 millones más que lo aportado en 2023, lo que según el Ejecutivo central, demuestra que las aportaciones han ido aumentando cada año. La mayor aportación desde la puesta en marcha de la ley de la Dependencia y en comparación con lo destinado por el Gobierno anterior de Mariano Rajoy, son 508 millones de euros más.
Según datos proporcionados por la propia Junta Andalucía de los que también presume, el sistema cuenta actualmente con más de 299.000 personas dependientes atendidas y más de 446.000 prestaciones reconocidas, lo que, a juicio de la consejera, demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con los sectores más vulnerables. Lo que no cuenta es que la comunidad ostenta el dudoso honor de liderar el 'ranking' de las comunidades donde hay más tiempo de espera hasta la resolución de un expediente: 587 días desde la solicitud, lo que triplica el plazo máximo legal. Tampoco se queda atrás en el número de personas que en las listas de espera de este proceso, donde se encuentran más de 44.000. Hablamos de personas mayores, que en muchos casos reciben la notificación cuando ya han pasado meses desde su muerte. No todo es financiación, la gestión también influye.
Otra confrontación
Las comunidades tienen hasta hoy martes 20 de mayo para comunicar al Ministerio la cifra actualizada de menores migrantes que atienden. Y de momento, Andalucía aún no había podido facilitar el dato completo, aunque la consejera López aseguró que llevan semanas trabajando en ello y que cumplirán con el plazo.
Este es otro foco de tensión con el Gobierno central es el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Andalucía, una de las regiones más afectadas por este fenómeno debido a su posición geográfica, reclama un sistema más equitativo.
López ha criticado que el actual sistema de distribución de estos menores sea, en sus palabras, “injusto” y profundamente desequilibrado. Ha afirmado que mientras a Andalucía llegan casi 800 menores, Cataluña solo acoge a 26, lo cual —según ella— se debe a pactos políticos entre el Ejecutivo central y los partidos independentistas.
“No es aceptable que las políticas migratorias de este país las decida un prófugo de la justicia”, declaró, en referencia a Carles Puigdemont, acusando al Gobierno de ceder ante intereses políticos y regionales a costa de otras comunidades. Para la Junra el principal problema de fondo es que con este sistema se pierde de vista lo esencial: el bienestar de los menores. “Lo que menos se tiene en cuenta es la atención y la protección de los niños y el interés superior del menor”, lamentó la consejera.
Mientras tanto, en este asunto no ha habido respuesta del Gobierno y la tensión política entre Sevilla y Madrid se intensifica, con la gestión del bienestar social como telón de fondo. Andalucía exige igualdad de trato y recursos proporcionales a su peso poblacional y a las demandas reales que enfrenta cada día. Y, por ahora, no parece dispuesta a ceder terreno en una batalla que considera de justicia social.
