23 de julio de 2020. La pandemia parece dar un respiro y la actividad económica se relanza. En Villa del Prado, un municipio al suroeste de la Comunidad de Madrid, un ingeniero técnico ordena el arado de una finca propiedad de la mercantil para la que trabaja. Lo hace pese a las condiciones meteorológicas y a la escasa humedad del pasto seco, lo que acaba provocando un incendio forestal que arrasa un total de 62 hectáreas de terreno protegido en la cuenca del río Alberche.
Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles había condenado al acusado a dos años de prisión y al pago de los más de 200.000 euros que le costó a la Comunidad de Madrid la extinción del incendio por parte de sus bomberos, además de otros casi 25.000 euros por el daño medioambiental causado en una zona de especial protección. Junto a él también fue condenado el tractorista que llevó a cabo las labores de arado.
La sentencia recurrida concluía que el acusado dio la orden de arar "sin adoptar medida preventiva alguna para controlar el incendio en caso de que se produjera" y sin contar con un equipo de extinción que hiciera las funciones de cortafuegos o la dotación de un extintor de polvo. El tractorista golpeó el vehículo con alguna piedra, lo que produjo chispas sobre el pasto seco. El incendio se inició en la finca El Chaparral y y se propagó hacia un terreno forestal, donde había pasto, monte bajo de encinas y matorral disperso. Los bomberos de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de unidades de Castilla-La Mancha, lograron estabilizar el incendio, que acabó afectando a 62 hectáreas de terreno.
La defensa del ingeniero técnico, ejercida por el letrado Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Alegaba que, aunque según el boletín de riesgos por incendio de vegetación elaborado por el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid el nivel de riesgo ese día era alto -con una temperatura de 39 grados y una humedad del 27 %-, no estaba prohibida la realización de tareas de arado, y tampoco se requería autorización del Infoma para su realización.
Además, el ingeniero defendía que no había quedado acreditado, pese a la sentencia del juzgado de primera instancia, que a la hora de realizarse el arado, no se adoptasen las "medidas preventivas" requeridas por el Infoma. También negaba que él hubiera dado la orden al tractorista. Por todo ello, solicitaba su absolución.
No dio instrucciones específicas
El fallo de la Sección Audiencia Provincial de Madrid da la razón a la defensa del ingeniero y concluye que tras la prueba practicada, "no ha quedado acreditado que el acusado diese una orden" al otro condenado "para que llevara a cabo las funciones de arado en la finca". "El mismo se limitó", prosigue la sentencia, "a dar instrucciones al encargado de la finca de que había que realizar la labor, pero sin especificar día, ni hora, y siempre adoptando las medidas preventivas".
