El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la personación de la Comunidad de Madrid como acusación particular en el procedimiento judicial iniciado contra el presunto autor de un incendio forestal ocurrido el verano pasado. El siniestro se saldó con más de 200 hectáreas de monte y pasto quemadas. El Ejecutivo autonómico acude a los tribunales gracias a la Ley autonómica del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias.
El Gobierno regional, a través de esta iniciativa, solicitará el reembolso de los gastos de personal y suministros utilizados para la extinción del incendio, que suman un total de 132.624 euros. Además, se han iniciado las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas por un presunto delito de daños derivado de este siniestro.
El incidente ocurrió el 5 de agosto en la zona conocida como La Atalaya, ubicada entre los municipios de El Molar y Pedrezuela. El fuego arrasó monte y pasto, así como fincas rústicas, y provocó la muerte de ganado, principalmente caprino y ovino.
La virulencia del fuego, intensificada por las condiciones meteorológicas adversas, obligó al desalojo de numerosas personas y al confinamiento de vecinos debido a la proximidad del humo. Para combatir el incendio, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid movilizó a 87 de sus efectivos, junto con medios terrestres y aéreos. Entre estos últimos, se incluyeron cinco helicópteros: tres bombarderos y dos de coordinación. También se empleó maquinaria pesada, específicamente dos buldóceres y un dron.
