El decreto que el Gobierno catalán adoptó de manera unilateral en el último año de la Presidencia de Pere Aragonés que invadía una parte de las aguas de la Comunidad Valenciana más cercanas al litoral ha sido ignorado por su sucesor, Salvador Illa. Finaliza así el conflicto con los pescadores de Castellón que faenaban en esas aguas y que llegaron a ser multados.
La cuestión de la frontera marítima entre Cataluña y la Comunidad Valenciana llevaba camino de suponer un grave encontronazo en el que el Gobierno de España, el competente en las aguas territoriales, debía mediar, aunque finalmente –según las fuentes consultadas por Vozpópuli–, no ha sido necesario tras la llegada de Salvador Illa al frente del Ejecutivo autonómico.
10 grados hacia el sur
Carlos Mazón ordenó recurrir la orden de la Generalitat de Cataluña del 25 de julio de 2023 por la que se ampliaba de manera unilateral en 10 grados hacia el sur la frontera marítima en las aguas que están en un radio de 10 millas desde la costa.
En concreto la orden del Gobierno de Pere Aragonés recoge que el caladero para pescar, fundamentalmente pulpos, desde el río Senia hacia el sur se ampliaba desde los 123 grados que siempre se han aplicado hasta los 133. Especialmente dañina era la exclusión de los pescadores del área de la fallida plataforma Castor que actúa hoy en día como un arrecife natural facilitando un hábitat rico en diferentes especies marinas.
Este aumento de 10 grados suponía que barcos pesqueros de las localidades más al norte de Castellón como es el caso de Vinaroz, Benicarló, Peñíscola y, en menor medida, Alcocebre, fueran multados cuando faenaban en aguas que siempre han ocupado y que forman parte de los límites marítimos asignados a la Comunidad Valenciana.
Una injerencia
Ante esta situación el presidente autonómico valenciano, Carlos Mazón, denunciaba que la decisión de la Generalitat de Cataluña era un "injerencia" por modificar los límites marítimos de pesca y autorizar, "de manera unilateral", que sus pescadores puedan faenar en aguas de la provincia de Castellón.
Y además de ello, criticaba que encima "multan a los pescadores de la Comunidad Valenciana por pescar donde siempre lo han hecho”. El presidente valenciano dio indicaciones a los servicios jurídicos del Gobierno valenciano para prestar asistencia gratuita a los pescadores de la Comunidad Valenciana que así lo precisaran “para que defiendan su fuero, su estatuto, su mar y su integridad”.
De Aguirre a Barrachina
El conseller responsable entonces en el Gobierno valenciano era José Luis Aguirre y el actual, Miguel Barrachina, quien no ha tenido que ir más allá en sus peticiones al Gobierno de España porque 'de facto' el problema ya no existe, según las mismas fuentes, aunque el decreto de la Generalitat de Cataluña sigue vigente.
El Gobierno de Pedro Sánchez y, específicamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lidera Luis Planas, se pusieron de perfil durante los últimos meses. Y lo hizo pese a que era sabedor de que la demora hacia el sur dictaminada por el Gobierno catalán no es la usada oficialmente por la Capitanía Marítima de Castellón y la Armada española que en sus cartas náuticas contemplan los 123 grados que tradicionalmente se han acordado.
La Capitanía Marítima de Castellón depende del Ministerio de Transportes de Óscar Puente y es responsable de la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil donde la carta náutica para esta demarcación marítima no contempla la modificación realizada en su día por Pere Aragonés. Tampoco la Armada utiliza esta cartografía marítima en sus operaciones de vigilancia de las aguas territoriales.
