La Comisión Europea, responsable de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión Europea por los Estados y de adoptar las medidas adecuadas para garantizar su cumplimiento, ya ha propiciado sanciones a España por un valor total de al menos 164 millones de euros. El Tribunal de Cuentas Europeo coloca a España como uno de los países que más ha pagado en procedimientos de infracción.
Los auditores europeos recuerdan que "los Reglamentos de la UE se aplican automáticamente, mientras que las Directivas requieren una transposición completa a la legislación nacional". Sin embargo, "en ambos casos, los Estados son responsables de la ejecución, mientras que la Comisión tiene la facultad discrecional de incoar procedimientos formales de infracción en caso de que se detecten incumplimientos", explican en el informe consultado por Vozpópuli.
Cuando existe una presunta infracción, la Comisión puede iniciar un procedimiento y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Incluso, puede proponer las sanciones financieras por no comunicar las medidas de transposición o, en segundo término, cuando el Estado miembro no haya cumplido una primera sentencia del Tribunal sobre el asunto. Los casos se pueden archivar en cualquier momento, y la Comisión puede hacerlo incluso si el país no resuelve la infracción o si lo hace solo parcialmente.
Según el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas Europeo a través de los datos proporcionados por la Comisión hasta finales de 2023, España habría pagado 80 millones de euros desde 1992 en procedimientos de infración ya archivados, a los que se suman otros 84,3 millones en procedimientos activos. Los auditores de la UE consideran que la Comisión ha mejorado su gestión de los procedimientos, pero todavía "tarda demasiado en archivarlos".
En total, desde el Tratado de Maastricht de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2023, el Tribunal de Justicia ha impuesto sanciones a los Estados en 47 casos, de los que seis corresponden a España con 164 millones pagados en sanciones. Destacan también Italia (seis casos y 1.019 millones), Grecia (12 casos y 331 millones), Francia (tres casos y 89 millones), Portugal (tres casos y 10,6 millones), Bélgica (tres casos y 12,9 millones), Irlanda (un caso con sanciones pagadas por 17,2 millones) y Rumanía (un caso y 1,5 millones).
En 31 de ellos, los Estados modificaron su legislación nacional para ajustarse al Derecho de la UE, por término medio, 1,3 años después de que el Tribunal de Justicia hubiera impuesto sanciones. Posteriormente, se archivaron los procedimientos de infracción. En todos los casos archivados, los Estados han pagado sanciones financieras por valor de 259 millones de euros. Cinco de los seis casos identificados en España por el Tribunal de Cuentas se encuentran archivados.
Procedimientos activos
A esto se suman los 1.407 millones que suman los 16 casos restantes, aún activos a finales de 2023. Destaca Italia, que a 31 de diciembre de 2023 contaba con seis casos abiertos que le habían acarreado sanciones por 1.019 millones de euros. Esto significa que los Estados seguían infringiendo todavía el Derecho de la UE. Los auditores destacan que "en 13 de los 16 casos activos, los Estados afectados han pagado sanciones financieras durante más de tres años, y en seis de esos 13 casos, durante más de ocho años".
Según la Comisión, esto se debe a que cada sentencia del Tribunal de Justicia abarca una amplia gama de infracciones cuya resolución se puede demorar muchos años, en particular en los casos que requieren una nueva infraestructura o inversiones importantes. "Los artículos académicos señalan el hecho de que las sanciones financieras, que deberían ejercen una presión económica sobre el Estado para que corrija las infracciones, no siempre logran poner fin a las mismas", considera el Tribunal de Cuentas.
En este sentido, los auditores constatan que aunque la mayoría de los casos se resuelven antes de que la Comisión proponga sanciones, "algunos han estado pagando durante varios años sin rectificar las infracciones del Derecho de la UE", concluye el Tribunal de Cuentas Europeo. Recomienda mejorar la planificación y la documentación de los controles; mejorar la tramitación de las denuncias; y reforzar la gestión de los procedimientos de infracción y actualizar la metodología para proponer sanciones.
El Parlamento Europeo también señaló a principios de año el retraso que acumula España con la trasposición de 31 directivas europeas que a finales del año pasado ya habían cumplido el plazo marcado por Bruselas. Forman parte de todas las que tiene pendiente trasponer, un total de 87 a cierre de 2024, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Cuatro de ellas estaban "a punto de caducar", alertaba el Parlamento, mientras que otras 52 se encontraban en plazo.
Por temática, destacan aquellas de Transición Ecológica (16 de las 87); Economía (15); Trabajo, Inclusión y Migraciones (10); Sanidad y Consumo (7); Movilidad y Vivienda (5); Justicia (5); Ciencia y Tecnología (5); Agricultura, Pesca y Alimentación (5); Igualdad (4); Derechos y Regeneración Democrática (4); Política Territorial y istración Pública (3); Internacional y Política Exterior (3); Hacienda (3); Interior y Defensa (1); y Educación (1).
lepanto_2_0
18/04/2025 07:15
Echo en falta en la noticia el destino final del dinero que las sanciones proporcionan, si se hacen realmente efectivas y cuántas de ellas se resuelven con un pago de compensación o con la anulación del procedimiento sancionador. El entramado burocrático europeo (Comisión, Parlamento, Tribunales de Justicia, Tribunales de Cuentas, etc.) parece tan gigantesco como esclerotizado, con unos procedimientos que se eternizan, con el aparente objetivo de justificar así su razón de ser y su propia existencia. Sin atisbo de austeridad alguna por ninguna parte, el montaje actual ˈComunitarioˈ permite a los partidos políticos de cada uno de los de la UE tener colocados en "Europa", y en unas condiciones retributivas «», a un buen grupo de dirigentes de dichas formaciones, con el consiguiente cupo de asesores, junto a una legión de personal en oficinas adjuntas y demás estructuras istrativas: clientelismo en estado puro. No es fantasía, son nuestros impuestos. Y recuerden ... a una democracia sólo puede salvarla el pueblo. Sin acción no hay movilización y sin movilización no hay posibilidad de que se produzcan cambios. La situación política actual requiere de un cambio profundo, de una auténtica revolución. Una revolución que debe ser necesariamente cívica, pacífica y democrática, pero firme, decidida y comprometida. «Sin Revolución no hay Solución».
fmoz
18/04/2025 08:06
Está claro y meridiano, no tenemos remedio. Si a una ineficaz, por no decir inútil, e incompetente organización política de nuestro país le sumamos la inmensa máquina burocrática que supone la Unión Europea, ¿hasta dónde queremos llegar?, es evidente que no muy lejos podremos. Se hace cada vez más urgente deshacerse de esta rémora de pandilla de inútiles, incompetentes y corruptos que "dirigen" los designios de nuestra querida España. Es prioritario recuperar el espíritu del 78 y caminar todos juntos y en la misma dirección. Para ello el Pueblo debe despertar y hablar. Sin revolución no hay solución.
acab.1958
18/04/2025 12:21
Y nadie paga las consecuencias de esta desidia? Ese dinero hace mucha falta. Sobran posibles beneficiarios. Esta impunidad debe perseguirse.
luzmasluz
18/04/2025 17:51
¿Será por dinero...? El Presidente del Gobierno tiene tanto que no lo sabría contar... y gasta lo que quiere y como quiere: al fin y al cabo no es dinero suyo, sino de otros... ¡jauja!