El Fiscal General del Estado ha informado hoy al Consejo Fiscal de siete propuestas de nombramiento, entre ellas las de los Fiscales de Sala de las Unidades Especializadas de Violencia contra la Mujer, Seguridad Vial, Delitos Económicos y Delitos contra la istración Pública. Estas dos últimas Fiscalías de Sala han sido creadas en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024. Para que estos nombramientos sean efectivos se deben formalizar en el Consejo de Ministros.
Pues bien, para la de delitos contra la istración Pública, Álvaro García Ortiz ha nombrado a un fiscal afín, Emilio Sánchez Ulled. Ha sido delegado de Anticorrupción en Cataluña y fue fiscal del 'caso Palau de la Música' y del 9-N. Actualmente se encuentra en servicios especiales porque desde junio 2017 es Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Además, presidió la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que estuvo adscrito el jefe del Ministerio Público antes de ser nombrado fiscal general.
Sin embargo, esta plaza ha sido polémica porque será la que fije criterio sobre el delito de revelación de secretos. El mismo delito por el que la Sala de lo Penal investiga a García Ortiz por la supuesta filtración de información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Por lo que, desde el punto de vista de la Asociación de Fiscales -la mayoritaria en la carrera- el jefe del Ministerio Público tendría que haberse apartado de esta propuesta de nombramiento al existir "un interés personal". Esta asociación envió este lunes una misiva al fiscal general para trasladarle su perspectiva "con el fin de que no comprometa más la imagen de la institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad". Pero finalmente no se ha abstenido.
En la otra plaza de nueva creación, la de delitos económicos, ha nombrado a Fernando Rodríguez Rey, fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos desde 2022, pasará ahora a estar al frente de una Unidad Especializada que contará además con dos fiscales adscritos y fiscales especialistas en todo el territorio.
Desde el Ministerio Público explican que la diferencia entre estas dos nuevas plazas y la de la Fiscalía Anticorrupción es que esta última tiene labor jurisdiccional. Es decir, los fiscales que la integran se encargan de investigar y ejercen la acusación en los juicios de grandes casos, mientras que el Fiscal de Sala y los dos adscritos de las nuevas Unidades no tienen esa competencia jurisdiccional.
Otros nombramientos
Con respecto a los demás nombramientos, María Eugenia Prendes ha sido propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer al ser la única candidata, que sustituirá a Teresa Peramato. Actualmente es Fiscal Superior de Asturias desde septiembre de 2024.
El hasta ahora Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega ha sido propuesto para ocupar la plaza de Fiscal de Sala de esta especialidad.
Además de las cuatro Fiscalías de Sala, el Fiscal General ha informado también al Consejo Fiscal de las propuestas de nombramiento a distintas plazas en las Fiscalías del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (dos plazas). Para la plaza del Tribunal de Cuentas, la candidata propuesta es Gloria Alonso Ballesteros, mientras que para la Fiscalía Anticorrupción los propuestos son Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez.
En la reunión del Consejo Fiscal celebrada hoy se ha analizado también el Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, y el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se crean Secciones de Violencia contra la Infancia Adolescencia en determinados Tribunales de Instancia.
Además, se ha presentado el proyecto de Instrucción que regulará el funcionamiento, competencias y criterios generales de actuación de la especialidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una vez consolidado su despliegue territorial. En la actualidad, esta área de especialización cuenta ya con una red de 49 fiscales especialistas, 45 de los cuales son delegados provinciales.
También se ha presentado otro proyecto de Instrucción sobre la celebración de las Jornadas de fiscales especialista y sus conclusiones.
MataNarcisos
23/04/2025 10:28
JAAAAjajaja..... Y no desaloja al Tribunal que lleva su causa, porque no puede, pero poner o tratar de hacerlo convenientemente con un Fiscal afín, eso si puede...DE MOMENTO.