El deporte mundial no escapa al dopaje. España tampoco lo ha hecho tras verse salpicada por varios casos en las últimas décadas. Para erradicar esta lacra trabajan los agentes del Grupo de Dopaje de la Policía Nacional, que combaten una "ley del silencio" que oculta los casos que aún existen en nuestro país. "La investigación es complicada porque la información entra a cuentagotas", recalca el inspector Juan Pablo Armenteros en una conversación con Vozpópuli.
Más allá de las sanciones en el ámbito deportivo, el dopaje está contemplado desde el año 2006 como delito en el Código Penal, concretamente en el artículo 362, de los delitos contra la salud pública. Los acusados de dopaje, tanto deportistas como suministradores, se enfrentan a penas de prisión de entre seis meses y dos años y multas de seis a dieciocho meses, además de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años.
Pese a estos avances legislativos, la lucha antidopaje es una de las más complejas en el ámbito de la investigación policial. El inspector que lidera el Grupo de Dopaje, enmarcado en la Sección de Consumo, Dopaje y Medio Ambiente de la UDEV Central, explica que el a la información es "muy difícil". Quienes se dopan -y quienes les suministran- son conscientes de lo que se juegan. "Ya no es que se enfrenten a una condena, sino que se juegan también su futuro", por lo que toman "unas medidas de seguridad espectaculares". Esta burbuja de silencio entorpece la labor de los agentes, que buscan cualquier hilo del que tirar para apuntalar sus investigaciones.
Así lograron dar caza a una trama de suministro de estimulantes para deportistas en León, en la que fueron detenidos dos atletas, uno de ellos español y aspirante a olímpico, y la pareja de uno de ellos. Esta última, que trabajaba como sanitaria, facilitaba los fármacos y el entramado, "muy cerrado", los repartía a otros deportistas. Otro de los casos de éxito de estos agentes es el del equipo asturiano de ciclismo PMC Team Oviedo. En la operación, desarrollada en 2019, fueron arrestadas un total de 11 personas, seis de ellas ciclistas del club y un exvicepresidente de la Federación Española de Ciclismo. La red llegó a abastecerse de sustancias dopantes (hormonas del crecimiento, insulina, testosterona o vitaminas inyectables) en países como Colombia, Venezuela, Chile y Bielorrusia.
En el ámbito del ciclismo, el inspector detalla que una de las sustancias más comunes es la eritropoyetina (EPO), una hormona que mejora la resistencia de los deportistas. La investigación sobre el consumo de este fármaco es "compleja", ya que los ciclistas pueden inyectarse una dosis "cada dos meses". "Ver eso es muy complicado, tienes que estar muy encima", recalca el inspector. Se da la circunstancia de que los llamados "arrepentidos", deportistas o suministradores que por una razón u otra quieren salir de las redes, apenas aportan información en el ámbito del dopaje: "Prácticamente no hay". Otras fuentes de la Policía son la Agencia Estatal Antidopaje, la Agencia Agencia Mundial Antidopaje u otros organismos de cooperación policial como Europol.
Tráfico de anabolizantes
Más allá de la investigación del dopaje en el deporte profesional, el trabajo diario de estos agentes, como la policía Sofía Manzano, se centra en combatir el tráfico de fármacos como anabolizantes, al alza en los gimnasios de nuestro país. "En cualquier gimnasio de España, ahora mismo, hasta en el más pequeño, te encuentras a alguien que te vende estos productos para mejorar el rendimiento", afirma el inspector Armenteros.
Un problema "bastante serio", señala la policía, es la "falta de concienciación social", lo que provoca que los consumidores crean que estas sustancias provienen siempre de "farmacias o laboratorios" y, en buena parte de los casos, "no es así".
