La comparecencia del presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la istración de la Comunidadt Valenciana (Fecova), José Luis Santa Isabel, ante la comisión de investigación sobre la gestión de la dana ha sido clarificadora sobre la mala gestión previa del Gobierno en materia de obras hidráulicas y mantenimiento de los cauces de ríos y barrancos: "Las cañas no frenan avenidas de agua", ha indicado visiblemente contrariado.
Santa Isabel ha explicado que la política verde y de gestión medioambiental ha estado por encima de obras hidráulicas que "hubieran protegido vidas" la tragedia del pasado 29 de octubre. Contrariamente a lo que sostiene el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y que también comparte el Ministerio para la Transición Ecológica, el preisdente de Fecoval ha explicado que "las cañas protegen los desbordamiento cuando es cauce es laminar, pero cuando es violento, no".
Aumentaron la velocidad del agua
El ingeniero de caminos, exempleado de la propia CHJ, ha indicado que "alguien protegió las cañas (en alusión a Miguel Polo) pensando que frenaban los desbordamientos pero el agua violenta las arranca y no quedó ni una en los cauces". Además, ha explicado que "mezcladas con el barro, containers y trozos de puente formaron una argamasa que hizo mucho daño porque formaban presas y luego se rompían y aumentaba la velocidad del agua".
Esa fuerza y velocidad del agua es la que arrasó las poblaciones del sur del área metropolitana de Valencia y Santa Isabel ha asegurado que "las obras hidráulicas sí hubieran frenado esa fuerza de las aguas" para lo que ha mostrado un video explicativo de dos arroyos, uno controlado con presas de laminación y otro no, con una evidente destrucción aguas abajo en el segundo caso frente a la normalidad en el primero.
"Hay un millón de toneladas de cañas que han quedado arrancadas y acumuladas en la Albufera tras la dana y su importancia quedó en evidencia cuando alguien las desprotegió en los márgenes de los cauces por la presión de los agricultores", ha proseguido.
La Ley de la Huerta
El presidente de Fecoval también ha cargado duramente contra la ley de la Huerta: "No entiendo cómo se redacta una ley tan desatinada que ha impedido hacer las obras que hubieran protegido, al menos en parte, las vidas humanas. Si pretendía proteger la huerta del urbanismo en realidad lo que ha dejado son 70.000 hectáreas agrícolas totalmente arrasadas, con 1.000 millones necesarios para repararlos, y una factura total de entre 14.000 y 21.000 millones de euros en las zonas arrasadas".
Además, ha mostrado su extrañeza por el hecho de que esta ley desarrollada bajo el Gobierno autonómico de PSOE y Compromís condicionara las obras porque "los Planes de Gestión de Inundaciones están por encima y la Ley de la Huerta no podía contradecirlos".
Santa Isabel, al igual que en el caso de las cañas "los coches fueron arrastrados en los municipios y se amontonaron formando presas que se rompían y salía el agua a gran velocidad. Había grandes aglomeraciones de vehículos en en los portales. Es difícil trasladar a tanta gente de las zonas afectadas pero hay que impedir aparcar cerca de los cauces construyendo aparcamientos disuasorios".
Casi dos metros en 10 minutos
En cuanto a la monitorización del Barranco del Poyo que hace la Confederación Hidrográfica del Júcar, el presidente de Fecoval ha lamentado que "sólo tenia una estación de aforo y ningún control porque el agua baja a su albedrío. En Catarroja llovieron 13 litros por metro cuadrado pero los vecinos se encontraron que el agua subió de 0 a 1,80 metros de altura en apenas 10 minutos".
José Luis Santa Isabel, que es el autor del único puente que queda en pie en Torrent (los otros 8 fueron arrasadas por la riada), ha pedido celeridad en las obras que se necesita acometer y que se le dé prioridad porque la CHJ "ha realizado 53 obras de regeneración medioambiental y ninguna hidráulica".
