La España funcionaria: hay un millón de empleados públicos más que en 2012

La obligatoriedad, impuesta por Bruselas, de que todos los empleados públicos deben estar inscritos como afiliados en la Seguridad Social a partir de 2011 (con las correspondientes cotizaciones por parte del empleado y del empleador), permite tener una imagen más real del importante número de efectivos existente (ninguna otra estadística oficial resulta creíble). También permite observar su desmesurado crecimiento a pesar de la ingente inversión tecnológica y de la participación on line de los ciudadanos en el proceso de modernización de las istraciones.  Aunque no están todos los que son, ya que todavía hay muchos empleados de empresas y entes que no aparecen porque no se concreta su procedencia pública en su alta en el Régimen General, la Seguridad Social tiene computados en marzo de 2025 a 3.071.337 empleados públicos frente a los 2.169.497 que había censados en octubre 2013 (únicos datos disponibles desde que comenzó a aplicarse esa obligación para los nuevos funcionarios).

Es decir, se han creado casi 902.000 empleos más en poco más de 11 años. La cifra supera con creces el millón si se dispusiera de los datos que no se han incorporado desde 2011 a casi la totalidad de 2013. Se trata de casi el doble del aumento estadístico que le sale a la EPA en esos años. Todo esto significa que cerca del 20% del conjunto de los afiliados a la Seguridad Social, uno de cada cinco, figura como empleado de alguna de las istraciones frente a poco más de 16% en 2013. 

Ese crecimiento del empleo público durante este periodo en el conjunto de las istraciones ha superado el 42%. Y curiosamente no es en las comunidades autónomas, enfrascadas en los últimos años en la contratación de personal sanitario por la pandemia y de educación, dónde más se ha creado porcentualmente este nuevo empleo. Así, mientras que las nóminas propias del personal de los gobiernos de las regiones ha crecido un 54%, en los ministerios (Estado) el aumento ha superado el 57% y en los ayuntamientos el alza es del 11%. De esta forma, las autonomías suman casi 1,9 millones de empleados totales de alta en la actualidad en la Seguridad Social (661.000 más desde 2013), mientras que el Estado (tras haber completado más de 3.000 transferencias de competencias) tiene casi 463.000 (168.000 más desde 2013) y los ayuntamientos alcanzan los casi 732.000 (con 73.000 nuevos empleados). 

La factura de los funcionarios

En todo caso, estos 3,1 millones de afiliados a la Seguridad Social no es la cifra definitiva de empleados públicos (incluidos los políticos). Hay que sumar otros 600.000 funcionarios más en activo que hasta 2011 habían ingresado en las istraciones, sobre todo en la Central y también en muchas CCAA a las que se han incorporado durante el proceso de traspaso de competencias. Este personal figura adscrito al Régimen de Clases Pasivas (el empleador no paga cotizaciones) al que sigue perteneciendo hasta su jubilación. Es decir, el número total se nóminas públicas, que no para de crecer, está ya en el entorno de los 3,7 millones con un coste en 2024 de más de 172.200 millones de euros, que representan uno de cada cuatro euros de gasto público.

El coste se ha multiplicado por tres desde 1999. En la EPA aparecen 3,5 millones de efectivos (con datos también en marzo de 2025) y poco más de tres millones constan en julio de 2024 (últimos datos disponibles) en el Registro Central de Personal al Servicio de las istraciones Públicas. Lo que es evidente es que los datos de afiliación de la Seguridad Social se acercan más a la realidad porque son ‘habas contadas’ ya que proceden de sus boletines de alta y cotización.

El empleo público absorbe ya uno de cada cuatro euros del gasto público total 

Por actividades en el conjunto de las istraciones, se observa un alza del 174% en la afiliación en educación con especial incidencia en las CCAA (han pasado de 239.000 empleados en 2013 a más de 657.000 en marzo de 2025) así como del  117% en los servicios técnicos relacionados con la ingeniería y la arquitectura (particularmente en la istración Central). El incremento es del 66% en los empleos encargados de la investigación y el desarrollo (sobre todo también  en la istración estatal); del 53% en los servicios de explotación forestal y silvicultura con especial incidencia en las autonomías; del 50% en los servicios a edificaciones y actividades de jardinería (sobre todo en los ayuntamientos).

El aumento es del 45% en servicios sociales sin alojamiento  (el mayor crecimiento se produce también en  las municipios); del 39% en la fabricación de material de transporte (en el ámbito estatal); del 36% en la actividades cinematográficas y de programación del  TV (en las CCAA); del 31% en las actividades sanitarias (sobre todo en las autonomías) y del 30% en los servicios de correos (en la istración estatal) coincidiendo precisamente con el proceso liberalizador del sector. Y, por ejemplo, el empleo se contrae en sólo dos actividades del centenar contemplado: en la construcción pública de edificios (sobre todo en los ayuntamientos) baja un -12% y un -3% en las actividades de radio y de televisión, particularmente en el ámbito regional.

Burocracia y asesores

En todo caso, es en el área de los servicios generales de las istraciones (la parte burocrática y la ubicación del ejército de cargos políticos y de asesores de los ministerios, consejerías, concejalías) dónde más se concentra el empleo público. Aquí aparecen 1.150.901 personas (40% del conjunto) frente a las 962.000 que había en 2013. Es decir, hay ahora casi 200.000 asalariados más. En número de efectivos, le siguen las actividades sanitarias con 783.000 empleados totales (188.000 más desde 2013) y educación (480.000 más en estos años). En las autonomías se observa que se ha atenuado la contratación de personal sanitario (sólo hay 20.000 más que en el inicio de la pandemia) pero el salto en educación es cualitativo  ya que desde 2019 ha crecido un 72%.

El empleo del conjunto de las istraciones (estatal, autonómica y local) que aparece en la Seguridad Social por CCAA también ofrece curiosidades. Por ejemplo, hay un 64% más de nóminas públicas en Madrid en este periodo (212.000 nuevos afiliados hasta alcanzar los 544.000). Pero es como consecuencia del alza del 111% de las altas registradas en la istración estatal (ministerios) ubicada en la capital. Mientras, la autonomía madrileña ha incrementado en 82.000 su personal propio en estos años (55% más) hasta los 230.202.

Mientras, la cifra de empleados de todas las istraciones crece en Cataluña un 46% (157.000 más en este periodo) hasta los 495.000 mientras que el personal de la propia región crece un 70% hasta alcanzar los 321.216. Destacan también los incrementos de las nóminas del 51% en la Comunidad Valenciana del conjunto de las istraciones; del 48% en Navarra y también en Baleares; del 47% en Canarias y La Rioja; o, por ejemplo, del 46% en Murcia. 

Y, por si había dudas de que es en los ministerios del Gobierno Central dónde más crece el empleo en términos relativos (Pedro Sánchez ha configurado un Ejecutivo con 22 departamentos), desde 2019 (año previo a la pandemia) se ha producido un aumento de las contrataciones del 31% en el ámbito estatal frente al alza del 22% en las autonomías y del 4% en los ayuntamientos. Por autonomías, el empleo estatal ha crecido un 46% en este periodo en Madrid frente al 18% autonómico y un 3% en el ámbito local mientras que en Cataluña el empleo de la istración Central en la región ha aumentado un 14%, el autonómico un 29% y el local un 5%. En Andalucía, la región más poblada, el empleo de la istración estatal en la comunidad ha subido un 21% frente al 18% del alza de empleados de la Junta y del 4% en los ayuntamientos.

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