El 'agujero negro' de los ayuntamientos: Hacienda desconoce a quién pertenecen 1.239 entes

El sobredimensionamiento del sector público es más que evidente. Sobre todo, en las istraciones regionales; y en particular, en las locales. Según la estadística oficial, los ayuntamientos disponen directamente de 12.979 entidades, que corresponden a las istraciones generales de las entidades principales. Y a esta cifra que hay que sumar otras 4.191 entidades dependientes de estas instituciones. Es la ‘istración paralela’ que se ha ido configurando, de la que se desconoce su función real y los servicios que presta en muchos casos, y que ha servido para que los partidos recoloquen a sus compromisos y familiares. Por si fuera poco, medio siglo después de la instauración democrática, el Estado aún desconoce a qué ayuntamientos pertenecen al menos 1.239 entidades ‘fantasma’ de esta istración satélite. Figuran en un limbo istrativo difícil de desentrañar.

Todo esto evidencia la inflación istrativa y política en este ámbito, sin que parezca necesaria, con un total de 17.170 organismos y con un gasto presupuestario en 2024 (pendiente de su liquidación final) cercano a los 100.000 millones de euros, el doble que hace 22 años y, por ejemplo, un 28% más que en el año previo a la pandemia. Cuentan además los municipios con una voluminosa plantilla de más de 722.000 personas, un 13% más que al inicio de la gran depresión económica de 2007 y un 32% más que, por ejemplo, en 2002. Esta inflación de organismos se extiende también al resto de las istraciones Públicas, ya que las autonomías suman ya casi 1.800 entes y el Estado otros 436 y de mayor tamaño. Es decir, el sector público acumula cerca de 19.400 entidades de todo tipo a pesar de los procesos de ‘modernización’ y sobre todo de la elevada inversión para su digitalización, y sucede en pleno auge de la Inteligencia Artificial.

Los ayuntamientos españoles, cuya creación comenzó hace casi dos siglos, son los únicos del mundo cuyo número ha aumentado en los últimos años. Es decir, en lugar de producirse fusiones para crecer en tamaño y eficiencia, se han producido nuevas apariciones como consecuencia de divisiones y de constituciones de barrios en municipios. De esta forma, la mayoría se ha convertido en la primera ‘empresa’ (improductiva en todo caso) por volumen de empleo y gasto de cada localidad. 

Según la estadística existente, que se ha ido modificando hacia atrás a medida que los servicios de Hacienda han ido reubicando algunos organismos y ‘sectoriarizando’ otros mediante traslados orgánicos a las comunidades autónomas o al propio Estado, en 2016 (últimos datos disponibles) había 17.436 entidades locales y ahora existen esas 17.170. Es decir, en nueve ejercicios sólo se ha producido un leve descenso acumulado del 1,5% (menos del 0,2% de media anual) como consecuencia de algunos procesos de concentración o de absorción y no de desaparición o reforma alguna de los organismos. Llama la atención que en 2022, año previo a las últimas elecciones locales, se produjo un repunte de un centenar de entidades, seguramente por el posible aumento de los recolocados por parte de los partidos ante un eventual cambio de gobierno local.

De esas 12.979 entidades principales de los ayuntamientos fijadas por Hacienda (35 menos que en 2016), 8.132 corresponden a municipios; 51 a diputaciones; 3.681 a entidades de ámbito inferior al municipio; 77 a agrupaciones de municipios; 952 a mancomunidades; 82 a comarcas; 3 a áreas metropolitanas; y una a federaciones de entes locales. 

istración paralela

En cuanto a los 4.191 entes dependientes detectados, corresponden a la denominada ‘istración paralela’ que han ido creando y manteniendo las corporaciones (en los años posteriores a la gran depresión económica de 2007 llegó a casi 6.600). En muchos casos desempeñan servicios que ya prestan otras istraciones o compiten con dinero público con las actividades que prestan las empresas privadas o simplemente no hay noticias de su necesidad. Se trata de un auténtico ‘agujero negro’ de sociedades (1.459); asociaciones (728); organismos autónomos (726); fundaciones (718); consorcios (453); entidades públicas empresariales (56); y comunidades de s (51) con presupuestos y contabilidad propios que no se rigen por los criterios generales y de transparencia de las contrataciones públicas de bienes y servicios o de empleo público y dónde se emboza a mucho contratado ‘a dedo’ procedente de la militancia política.

Por ejemplo, abundan emisoras de radio y de televisión, así como medios de comunicación, centros de idiomas, fundaciones, escuelas taurinas, residencia de ancianos (son las autonomías las que tienen la competencia istrativa), escuelas infantiles, universidades populares, museos, auditorios, feriales, teatros, escuelas de música o de danza y artes escénicas, polideportivos, organismos dedicados al urbanismo y la vivienda, aparcamientos, cementerios, refugios de animales, empresas eléctricas y alimentarias, campos de golf, asociaciones forestales o agencias locales de todo tipo. 

Hacienda sigue intentando desentrañar (al menos desde 1996) este inmenso puzzle de entes dependientes. Pero, de esos 4.191, hay al menos 1.239 entidades de las que se desconoce de qué ayuntamiento dependen. Es decir, el 30% de la ‘istración paralela’ de las corporaciones locales es ‘una istración fantasma’. Ese porcentaje ha repuntado desde 2019 (29%). En los años posteriores a la gran crisis de 2007, cuando curiosamente sólo crecía el empleo público mientras se dinamitaba el privado, llegó al 37% con un repunte de nuevos entes. Hacienda reconoce en un informe que la mayor parte de las entidades que se han incorporado a lo largo de los años son el resultado de  “una nueva creación” mientras que los que desaparecen son consecuencia de su sectorización en otra istración.  

Mayor numero de recolocados

La mayoría de esos 1.239 entes ‘fantasma’ (en 2016 se computaron 1.024) son asociaciones de todo tipo (675) y fundaciones (414), dónde se supone que se concentra el mayor número de recolocados. A los que hay que añadir 83 sociedades, 66 consorcios y una comunidad de s. 

Todo ello sucede mientras que la situación financiera de las corporaciones ha empezado a cambiar de signo y a ser menos boyante que en los años anteriores a pesar de tener en su poder el único impuesto (IBI) que nunca ha perdido recaudación. Según Hacienda, de la información facilitada por los ayuntamientos (el 18% no aporta datos así como los municipios de Navarra y País Vasco) se desprende que frente a la transformación “con notable mejoría” a partir de 2012, con las medidas de control financiero introducidas y el nuevo marco de estabilidad presupuestaria de la Ley orgánica de aquel año, “se aprecia en los últimos seis años un cambio de tendencia reforzada por la suspensión de las reglas fiscales” entre 2020 y 2023.

Por ejemplo, en 2023 el saldo presupuestario era positivo superávit en 1.319 millones frente al mismo saldo en 2017 de 8.401 millones. Estos saldos son utilizados en el consolidado de las cuentas de las istraciones para reducir el saldo total del déficit del conjunto nacional. Ahora, la situación empieza a ser distinta. Si hace seis años sólo había 860 ayuntamientos con saldo presupuestario negativo (déficit), en 2023 había ya 3.265.

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