Sánchez fuerza a Montero a ‘empatar’ con Díaz por el salario mínimo para no dar imagen de colapso

Pedro Sánchez impuso en la madrugada del viernes in extremis a su mano derecha, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una suerte de laudo en el pulso que han venído manteniendo durante los dos últimos meses: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 empezará a tributar formalmente IRPF -los perceptores tendrán que hacer declaración, como quería Montero-, aunque "en la práctica" ninguno pagará en 2026 a Hacienda por la subida de este año -16.576 euros brutos en catorce pagas, 1.184€ al mes- gracias a que podrán hacer una deducción en la cuota de la declaración.

Tras el sonoro portazo de Hacienda a Trabajo y la ruptura negociadora que se escenificó en la noche del jueves, el propio presidente del Gobierno intervino inmediatamente para dar por bueno que el salario mínimo siga quedando exento, cómo quería Díaz, líder de Sumar, confirman a Vozpópuli fuentes gubernamentales, pero "sin desautorizar a Montero". Y es que la semana ya se presentaba muy complicada para el gabinete de coalición, tras las grietas mostradas el miércoles durante el Pleno monogrñafico del Congreso sobre el aumento del gasto militar, "como para seguir con esto (el pulso interno por la tributación del SMI) otra semana más", que era lo que pretendía la ministra de Hacienda.

De hecho, en la noche del jueves fue Hacienda, según denunció Trabajo, la que se levantó de la mesa de negociación. Montero, según pudo saber este periódico antes de cerrarse el acuerdo, pretendía darse de plazo hasta el 8 de abril para seguir negociando con tal de imponer su visión de que los perceptores del SMI paguen IRPF. Ese día, la Mesa del Congreso tenía previsto calificar las proposiciones de ley de Sumar, PP y Podemos contra el veto del Gobierno a que quienes cobran el SMI tributen.

"Hay que acostumbrarse a que las negociaciones ahora entre el PSOE y Sumar, y con el resto de grupos parlamentarios, ya no se van a resolver en el último minuto sino el el último segundo", itía en la mañana de este viernes una fuente de La Moncloa a este periódico, no sin reconocer una sensación de alivio porque el culebrón entre las dos vicepresidentas haya acabado así, en tablas. "En todo esto tiene mucho que ver el carácter de ambas", señala otra fuente del Grupo Socialista.

Los representantes de Yolanda Díaz en el órgano de la Cámara Baja estaban decididos a aliarse con los populares de Alberto Núñez Feijóo, dejando en minoría a los del PSOE capitaneados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, algo que hubiera supuesto un choque inmediato en la democracia española. Tan es así que, muchos en el gabinete de coalición, nunca se creyeron que la sangre llegara al río. "Habrá acuerdo", confiaban días atrás todos aquellos a los que se preguntaba, si bien reconocen ahora que lo ocurrido en la noche del jueves, el portazo en una semana ya de por sí complicada para el Ejecutivo por el delicado asunto del gasto militar, "ha sido determinante".

"Hay que acostumbrarse a que las negociaciones ahora entre el PSOE y Sumar, y con el resto de grupos parlamentarios, ya no se van a resolver en el último minuto sino el el último segundo", itía en la mañana de este viernes una fuente de La Moncloa a este periódico, no sin reconocer una sensación de alivio porque el culebrón entre las dos vicepresidentas haya acabado así, en tablas. "En todo esto tiene mucho que ver el carácter de ambas", señala otra fuente del Grupo Socialista.

"Pedagogía fiscal"

Hacienda tiene derecho a veto en toda iniciativa legislativa que implique merma de ingresos y lo pretendía ejercer porque continuar sine die dejando exento de tributación un SMI cada vez más alto, argumenta, supondría un serio perjuicio a las arcas públicas. Pero, sobre todo, porque transmite una muy negativa "pedagogía fiscal" a una amplia mayoría social en territorios muy desfavorecidos. Y no hay que que olvidar, advierte una de las fuentes consultadas, que la llamada economía sumergida, la del trabajo en B y el dinero negro, "sigue representando en España casi un 25% del producto interior bruto", porcentaje de los más altos en las economías de la OCDE.

Antes del acuerdo que, en la práctica deja sin efecto esa tributación, el equipo de Montero traía a colación no solo lo que se deja de recaudar, más de 1.500 millones de euros -porque el mínimo exento también se aplica al resto de contribuyentes-, sino lo contraproducente que supone dejar otro ejercicio más fuera del radar de la Agencia Tributaria (AEAT) a una amplia capa de contribuyentes que viven y trabajan en las comunidades autónomas del sur, las de menor renta; territorios donde el salario mínimo, con la nueva subida de 2025, supera el 60% del salario medio de todo el Estado recomendado por las directivas europeas, y donde el SMI ya se acerca peligrosamente al salario más frecuente entre esas poblaciones.

El objetivo del Ministerio de Hacienda es llegar a la cita de la Mesa del Congreso el 8 de abril con el pacto ya cerrado, pese al portazo de la noche del viernes entre Montero y Díaz; "con las exenciones que haga falta", señalan fuentes del ala socialista del Gobierno consultadas por este periódico, que insisten en que para el PSOE sigue siendo irrenunciable el fuero, no el huevo, que los perceptores del nuevo SMI, alrededor de, empiecen a acostumbrarse a las obligaciones fiscales del resto de contribuyentes españoles.

El objetivo del Ministerio de Hacienda antes del acuerdo impuesto por Sánchez era llegar a la cita de la Mesa del Congreso el 8 de abril con el pulso con Trabajo resuelto, pese al portazo de la noche del jueves de Montero a Díaz; "con las exenciones que hagan falta", como ha ocurrido finalmente, pero dejando claro que lo importante en este asunto es el fuero, no el huevo: que los perceptores del SMI, alrededor de 2,4 millones, "empiecen a acostumbrarse a las obligaciones fiscales del resto de contribuyentes españoles".

Después de la subida de salario mínimo a 16.576 euros anuales, Hacienda decidió no reajustar el tipo mínimo de IRPF al alza, como se venía haciendo cada año subida tras subida del SMI, bajo el argumento de que apenas el 20% de los, aproximadamente, 2,4 millones que cobran salario mínimo iban a ver retenidos en su nómina mensual "unos 20 euros"; principalmente jóvenes solteros y sin hijos o familiares a cargo. Ahora, tras el acuerdo, ni siquiera éste 20% tendrá que tributar por los ingresos de 2025.

Siempre fue un tema político

Pero el asunto nunca fue técnico, es político y de caladero de votos, reconocen todas las partes implicadas, aliviadas por el cese de las hostilidades. Los de Yolanda Díaz no querían dar su brazo a torcer en su pelea con Podemos por el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE. "Sabíamos desde la polémica rueda de prensa del Consejo de Ministros -el 11 de febrero, cuando la portavoz, Pilar Alegría, desautorizó a Yolanda Díaz- que Sumar iba a usar cualquier instrumento para imponer sus tesis; y Montero también lo sabía, pero estaba decidida a defender las tesis de Hacienda", señala una alta fuente de La Moncloa.

Esta fuente se refiere a que los socialistas tenían enfrente prácticamente a todo el Congreso y a que, en la Mesa del 8 de abril, iban a doblar el pulso a una ministra de Hacienda cuyo empecinamiento en cobrar IRPF entre las rentas más bajas a partir de este año suscitaba dudas incluso entre las propias filas socialistas.

"La mayoría de los beneficiarios del salario mínimo son votantes nuestros", señala de forma gráfica a Vozpópuli un diputado socialista del Congreso, contrariado porque el choque entre las dos partes del gabinete este tomando un cariz de irreversibilidad. Confía, como la mayoría del Grupo Socialista y del Ejecutivo, en que las dos vicepresidentas "reconduzcan la situación, porque nos va mucho en ello si queremos seguir gobernando hasta 2027 como repetimos todos los días"

"La mayoría de los beneficiarios del salario mínimo son votantes nuestros", señalaba a Vozpópuli contrariado un diputado socialista del Congreso el jueves antes del portazo y del acuerdo in extremis forzado por Sánchez ayer por la mañana ante el cariz de irreversibilidad que empezaba a tomar la bronca entre sus dos vicepresidentas. Confiaba entonces, igual que la mayoría del Grupo Socialista y del ala socialista del Ejecutivo, en que las dos vicepresidentas "reconduzcan la situación, porque nos va mucho en ello si queremos seguir gobernando hasta 2027 como repetimos todos los días".

Y es que la fuerte tensión entre los dos socios se ha podido ver no solo a propósito del salario mínimo sino éste miércoles durante el pleno monográfico del Congreso a propósito del aumento de gasto militar. Para los socialistas Sumar está yendo demasiado lejos en su distanciamiento del presidente y los otros ministros; en no conformarse con rechazar "sin más" esa subida de gasto sino que va ya un paso más allá y pide la salida de España de la OTAN. "Esto sì puede causarnos problemas en la UE porque supone una enmienda a la totalidad a las decisiones que estamos tomando en Bruselas con el resto de socios europeos", reconoce otra fuente socialista del Ejecutivo.

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