Continúa el calvario para Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz. Este martes se ha conocido que varios funcionarios y trabajadores de la prisión de Brieva (Ávila) permanecen investigados en un juzgado por haberle entregado, presuntamente, un teléfono móvil a la asesina del menor, Ana Julia Quezada, a cambio de mantener relaciones sexuales.
La información, adelantada por El País y confirmada por este medio, ratifica que varios empleados de la cárcel de Brieva, donde Ana Julia cumple su condena a prisión permanente revisable, están imputados por un presunto delito de cohecho en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila. La reclusa habría chantajeado a la dirección del centro penitenciario con varias grabaciones de los encuentros sexuales para conseguir algunos beneficios, entre ellos su traslado a otra cárcel.
Esta investigación judicial parte de la denuncia interpuesta el pasado verano por la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, quien había sido informada por distintas "fuentes" de estas supuestas irregularidades en favor de la asesina de su hijo. La progenitora convocó el 11 de mayo del pasado año una rueda de prensa en Almería, en la que manifestó que había tenido conocimiento por "fuentes directas" de que Ana Julia Quezada tenía a un teléfono móvil en prisión, algo prohibido en el régimen penitenciario. Además, reveló que la homicida estaba haciendo uso de él para mantener entrevistas con periodistas y una productora que habría planificado realizar un documental sobre ella y el caso de Gabriel.
Tras esta denuncia pública, se realizó un registro en la celda de la reclusa que resultó infructuoso. La dirección del centro también la trasladó al módulo de aislamiento durante varios días.
Ramírez ha vuelto a convocar para este miércoles una nueva rueda de prensa en la que denunciará públicamente una situación de "desamparo y desprotección institucional y judicial", con total seguridad relacionada con los hechos que han dado pie a la investigación abierta a varios funcionarios de la prisión de Brieva, en la que no está imputada la propia Ana Julia.
En la comparecencia ante los medios de comunicación, Ramírez abordará también lo que considera una "vulneración de derechos" en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como irregularidades que habrían afectado a la integridad moral de la familia.
Grabación de un documental
Según la madre de Gabriel Cruz, parte del uso que Ana Julia hizo del teléfono móvil estuvo relacionado con la grabación de un documental por parte de una productora que se paralizó a raíz de las denuncias públicas de la propia Patricia Ramírez.
