Durante mucho tiempo, la idea de que una empresa pudiera prever su insolvencia con dos años de antelación sonaba a ciencia ficción. Cuando, en 2022, la legislación española introdujo el concepto de "probabilidad de insolvencia", muchos empresarios y profesionales lo vieron como un ejercicio teórico: algo que sonaba bien sobre el papel, pero que costaba aplicar en la vida real. ¿Quién puede anticipar el futuro con tanta precisión? ¿Quién reconoce que su negocio podría no sobrevivir dentro de 24 meses?
Pues bien, el futuro ha llegado antes de lo esperado. Donald Trump ha anunciado oficialmente un nuevo paquete de aranceles que golpeará de lleno a sectores clave de la economía española: productos agroalimentarios, acero, automóviles y componentes industriales. El retorno del proteccionismo ya no es una hipótesis: es una realidad jurídica, económica y estratégica.
Se estima que las exportaciones españolas a Estados Unidos podrían caer entre un 10% y un 25%, lo que equivale a una pérdida de hasta el 0,3% del PIB. El Gobierno de España ha anunciado un plan de contingencia de más de 14.000 millones de euros para mitigar el impacto, pero las consecuencias serán profundas. Para muchas empresas, el riesgo de insolvencia ha dejado de ser remoto para convertirse en inminente.
La probabilidad de insolvencia
Y es precisamente aquí donde el concepto de "probabilidad de insolvencia" cobra un valor inesperado y muy real. Lo que hace apenas unos meses parecía un mecanismo demasiado abstracto -capaz de activarse hasta 24 meses antes de la caída efectiva de una empresa- ahora se revela como una herramienta valiosa para anticiparse y actuar antes de que sea tarde.
La nueva lógica concursal no se basa en el rescate de los restos tras el naufragio, sino en reforzar la estructura del barco mientras aún navega. Reestructurar deudas, renegociar condiciones con acreedores, revisar compromisos internacionales, repensar modelos de negocio o reorganizar la arquitectura societaria… todo esto forma parte de la respuesta posible, siempre que se actúe con tiempo.
Ya no se trata de esperar a que el desequilibrio sea irreversible, sino de prever el impacto que decisiones externas -como los aranceles de Trump- pueden tener en la solvencia futura. Porque sí, es posible medir y anticipar cómo afectará esa pérdida de competitividad, ese encarecimiento en aduanas, esa reducción de contratos o de líneas de crédito.
Durante años, la declaración de concurso fue vista en España como un estigma. Pero el nuevo enfoque de reestructuración temprana permite a las empresas protegerse antes, sin necesidad de caer. Y eso implica también una evolución en la cultura empresarial: identificar un riesgo no es mostrar debilidad, sino actuar con responsabilidad.
La casuística
Ejemplos concretos abundan. Un productor de aceite de oliva que exporta el 40% de su volumen a EE. UU. puede enfrentarse a una contracción brusca de sus márgenes. Una empresa automovilística con fuerte dependencia del mercado norteamericano verá cómo sus costes se disparan, o cómo sus productos pierden atractivo frente a competidores locales. Una pyme catalana que fabrica componentes industriales puede perder a sus principales clientes en cuestión de semanas.
Cada una de estas situaciones puede no representar una insolvencia inmediata, pero sí una probabilidad real de que esta llegue en un horizonte de 12 ó 18 meses.
Y eso, hoy, ya no es algo que deba abordarse con resignación, sino con estrategia. La ley -y especialmente el nuevo marco concursal- ofrece a estas empresas una ventana de oportunidad. Una vía para reestructurarse, ganar tiempo y adaptarse a un contexto más hostil, sin tener que esperar al colapso.
Porque la insolvencia ya no es solo un problema contable. Es un fenómeno global, que se gesta a miles de kilómetros de distancia. Y si algo hemos aprendido en estos años es que las empresas que sobreviven no son las más grandes, sino las más ágiles, las que se anticipan, las que reaccionan a tiempo.
Trump ha vuelto. Los aranceles también. Pero esta vez, la probabilidad de insolvencia ya no es un concepto improbable: es un aviso a navegantes que aún están a tiempo de trazar otra ruta.
Diego Gutiérrez Medina y Alejandro Rey Suañez son socios de RSGM abogados.
