El Gobierno pretende convalidar el próximo jueves, en el pleno del Congreso, el decreto-ley de la distribución obligatoria para menores inmigrantes. Lo hará, según fuentes gubernamentales, sin antes informar de forma pormenorizada a las comunidades autónomas el número de menores que recibirán en cada caso. Aunque les reclamen su solidaridad y exijan al PP, que gobierna en la gran mayoría de ellas, que apoye el decreto.
Hace prácticamente un mes que el PSOE y Junts, acordaron los criterios, de espaldas a los gobiernos autonómicos, para llevar a cabo el reparto de más de 4.400 menores que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta. Algo que provocó un enorme enfado entre los territorios y también en Podemos, por dejar en manos de la ultraderecha catalana una cuestión tan sensible como la inmigración.
Desde entonces, más allá de la aprobación del decreto-ley en el Consejo de Ministros, que tiene que ser convalidado ahora por el parlamento para que se puedan desarrollar las medidas que en él se recogen, apenas se ha hablado con las autonomías que tendrán que acoger a estos menores.
La única interlocución por parte del Ejecutivo, que trabaja la cuestión en el marco de un grupo interministerial liderado por los ministros Ángel Víctor Torres, Sira Rego y Elma Saiz, fue la solicitud a los gobiernos regionales que informasen de las cifras de acogidos que tenían a fecha de hoy. Unos datos que, excepto Aragón y Madrid, todos han remitido.
Ahora, con dichos informes en la mano, los tres ministros serán los que realicen el reparto de los menas por las distintas comunidades, sea cual sea su situación. Cataluña y Euskadi son las dos únicas autonomías que quedarán prácticamente al margen de este reparto.
Está previsto que este próximo martes se reúna la comisión interministerial, 48 horas antes de la votación en el Congreso, para acabar de cerrar los detalles de una solución que Canarias lleva muchos meses reclamando.
Moncloa sigue pidiendo apoyo al PP
Desde el Ejecutivo siguen reclamando a todos los grupos de la oposición que apoyen el decreto ley, que pactaron con Junts, que supone una imposición a las Comunidades Autónomas con las que apenas se ha negociado nada del reparto. Pues pese a asegurarse los siete votos de Junts, por lo que no haría falta el apoyo del PP, en las últimas horas hay cierto nerviosismo con que la convalidación del decreto pueda no salir adelante.
Fuentes de los gobiernos de España y de Canarias, que antes de ayer mantuvieron un encuentro, alertan que "sería dramático" es que el próximo jueves no se convalidase en el Congreso el decreto ley para la distribución obligatoria para menores inmigrantes, porque se hablaría entonces de "4.000 menores que se quedarían" en las Islas Canarias.
En el Ejecutivo dicen "tender la mano a todos los partidos políticos" para que apoyen un texto normativo que "es estructural y que es para el conjunto de las comunidades". Aunque la realidad, hasta ahora, ha sido bien distinta. Pues los ministros implicados han trabajado en una fórmula de imposición que rechazan los grupos de la oposición y con el único objetivo de agradar a Junts.
De hecho, en el equipo de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, centran sus críticas en el PP, que gobierna Canarias junto a los nacionalistas de Coalición Canaria. Aseguran no entender cómo el Partido Popular no muestra sus apoyos "ante una cuestión que es de justicia, de solidaridad y humanitaria".
"¿Por qué los niños menores no acompañados ucranianos son acogidos por las comunidades autónomas y ponen todos los problemas, algunas presidentas y presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, incluso llevándolos al Tribunal Constitucional, si son menores de la misma edad, pero vienen de África? ¿Por qué? ¿Alguien me lo quiere explicar?", llegó a preguntarse, hace unos días, el propio ministro Torres.
