Política

Las órdenes de la Fiscalía de reabrir denuncias por muertes en las residencias solo afectan a Madrid

Pese a haber más de sesenta de causas archivadas, únicamente se ha decidido reiniciar las investigaciones en la Comunidad de Madrid

  • Una residente de un centro de mayores de Madrid recibe la visita de su hija -

Nueva ofensiva judicial contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Cinco años después del inicio de la pandemia sanitaria provocada por el COVID-19, la Fiscalía Provincial de Madrid volvió a la carga el pasado mes de marzo.

El Ministerio Público presentó nueve nuevas denuncias para investigar si alguna residencia de la región denegó la prestación sanitaria por motivos discriminatorios en la pandemia por parte de los geriatras de referencia de los distintos servicios de la Comunidad de Madrid.

Algo llamativo puesto que, hasta el momento, un total de 62 denuncias contra la istración regional por la gestión de las residencias se habían archivado a lo largo del último lustro. Además, únicamente se han reabierto causas por muertes en las residencias en la capital de España, gobernada desde 2019 por Isabel Díaz Ayuso.

De forma complementaria, la semana pasada, la Fiscalía de la Audiencia Provincial, con Pilar Rodríguez a los mandos, decidió reabrir una causa que había sido archivada hacía 3 años. En este procedimiento se investiga a dos ex altos cargos y un ex asesor de la Consejería de Sanidad de Madrid. 

Un movimiento que viene de la Fiscalía General del Estado, que es de la que dependen todas las provinciales. Paralelamente, en el día de hoy, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha abierto una segunda causa contra Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la pandemia. Aunque esta causa, hay que remarcar, no procede en término alguno de la Fiscalía Provincial de Madrid, a diferencia de la primera. 

Se trata de la segunda causa abierta en una semana, ya que el viernes pasado tanto Mur como Peromingo fueron citados a declarar por un juzgado de Madrid, aunque la declaración se suspendió y aplazó porque las defensas alegaron falta de traslado de actuaciones.

En esta primera causa también está citado como investigado el entonces asesor sanitario del Gobierno regional, Antonio Burgueño, que participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo, ya que fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional.

En ambas causas, la del juzgado de Madrid y la del de Leganés, se les acusa del delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.

La Fiscalía, a por Madrid

Como hemos citado anteriormente, la Comunidad de Madrid es la única región de España donde se están reabriendo causas judiciales por las muertes ocurridas durante la pandemia sanitaria en las residencias de ancianos.

A diferencia de lo que sucedió en otras regiones (Aragón, Cataluña o País Vasco), en Madrid no se aprobó ni aplicó ningún protocolo de derivación de residentes a hospitales. Se habla de un borrador que nunca fue aprobado ni aplicado. 

En los días más duros de la primera 'ola', el SUMMA 112 trasladó a hospitales a 11.200 mayores procedentes de residencias de la región. En vísperas del estado de alarma en España, la Comunidad de Madrid creó una red de geriatras referentes de hospitales como enlace con las residencias de mayores.

Uno de los grandes mantras repetidos por la izquierda política en estos años es que se denegaron traslado de mayores a los diferentes hospitales, algo que el propio Ejecutivo regional ha negado por activa y por pasiva en reiteradas ocasiones. 

Desde Sol creen que esta reapertura por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid "se trata de un ejemplo más del uso del aparato del Estado contra el gobierno de la Comunidad de Madrid por motivos políticos". Del mismo modo, están convencidos de que, a igual con las otras 62 denuncias ya archivadas, "quedará en nada". 

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