Política

Bolaños pospone 21 iniciativas parlamentarias para colar su reforma de la carrera judicial y fiscal

La gran reforma impulsada por el Ministerio de Justicia cuenta con el rechazo de mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales

  • Félix Bolaños -

Se acercan los últimos meses de actividad parlamentaria y el Gobierno quiere asegurarse de que sus dos grandes reformas legislativas que afectarán a la judicatura y al Ministerio Fiscal salgan adelante antes lo antes posible. El primer turno es para el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, aprobada el pasado 13 de mayo por el Consejo de Ministros, y que espera a ser tramitada en el Congreso de los Diputados.

La norma diseñada para permitir la entrada de más jueces y fiscales sin oposición será tramitada por urgencia y colocada la primera de la cola en la Comisión de Justicia. Fuentes parlamentarias informan a Vozpópuli que la ley impulsada por Félix Bolaños se antepondrá a la tramitación de, al menos, 21 iniciativas parlamentarias que esperan su turno en la Cámara Baja. 

El objetivo del Ministerio de Justicia, según apuntan las mismas fuentes, es dejar cerrado este capítulo antes del mes de julio, para poder enfocar todos los esfuerzos en tramitar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Con esta segunda reforma, el Gobierno pretende moldear los cimientos de la Fiscalía de cara a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé otorgar la instrucción de las causas penales a los fiscales. 

La primera gran reforma impulsada por el Ministerio de Justicia cuenta con el rechazo de mayoría de la carrera judicial y fiscal. Las principales asociaciones sostiene que esta reforma no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el a la función pública y, en consecuencia, amenazan con ir a la huelga.

Las asociaciones reclaman la retirada de la norma

Desde hace meses, las principales asociaciones de jueces y fiscales apelan por la retirada de la reforma que modifica el a la carrera al considerar que afecta "gravemente a la independencia judicial". A su juicio, la norma impulsada por Bolaños no responde a "una verdadera demanda social" sino a un intento de colocar jueces "a medida". 

La iniciativa del Ejecutivo pasa por abarcar una nueva regulación del llamado 'cuarto turno' que supone un agravio comparativo para aquellos jueces y fiscales que acceden por el turno libre con una oposición tradicional. A este escenario se suma la pretensión del Gobierno de utilizar esta cuota para impulsar un proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, lo que la mayoría de asociaciones ven que puede transformarse en un proceso de selección "discrecional" y "arbitrario" para favorecer el de jueces y fiscales a fines. 

La ley será tramitada por urgencia en la Comisión de Justicia

La reforma legislativa arrancará la próxima semana su tramitación por el procedimiento de urgencia en el Congreso, puesto que ya ha vencido el plaza para la presentación de enmiendas acordado por la Mesa de la Cámara Baja. El siguiente paso será pasar por la Comisión de Justicia donde se espera, a pesar de la negativa de PP y Vox a apoyar la iniciativa, que se apruebe un dictamen favorable gracias a la mayoría compuesta por PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC y Junts.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados albergará en los próximos meses un intenso debate jurídico y parlamentario que podría poner contra las cuerdas al Gobierno, como ocurrió con la tramitación de la ley de amnistía. Un escenario que tendrá que convivir en tiempo con el debate en el seno de la judicatura y el Ministerio Fiscal.

Por el momento, todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro de diez minutos para el próximo 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo contra la norma impulsada por Félix Bolaños. Asimismo, las principales asociaciones exigen poder reunirse con los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía del Estado, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones.

 

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