España

El bulo de la "bomba lapa" se desmorona sin una sola rectificación del Gobierno

Montero, Alegría y Óscar López mantienen sus acusaciones falsas contra el capitán Bonilla pese a las pruebas que desmontan la versión inicial

Ni una sola rectificación. Ni una sola disculpa. Ni una palabra de reconocimiento del error. Este fin de semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido su ofensiva contra el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, pese a que se ha demostrado que las graves acusaciones lanzadas contra él se basaban en una información manipulada. María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López, tres del Consejo de Ministros, insistieron en vincular al oficial con un supuesto deseo de atentar contra el presidente del Gobierno, sin que hasta el momento hayan rectificado públicamente sus declaraciones.

A estas voces del Ejecutivo se suma el silencio de Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, quien tampoco ha matizado ni desmentido los hechos pese a las evidencias que se han acumulado durante el fin de semana. Su omisión refuerza la estrategia de Moncloa de sostener el relato pese a que los fundamentos del mismo se han derrumbado.

Una acusación desmontada por los hechos

El origen del escándalo se remonta a una publicación del medio digital El Plural, en la que se citaban mensajes de chat supuestamente enviados por Bonilla en los que se hablaba de colocar una “bomba lapa” en los bajos de un coche, insinuando que el objetivo era Pedro Sánchez. La ministra portavoz Pilar Alegría afirmó sin matices que el agente “quería poner bombas lapa en los bajos del coche del presidente del Gobierno”, mientras que Óscar López aseguró que Bonilla “fantaseaba con asesinar al presidente”.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue más allá al hablar de amenazas de muerte en un acto en Sevilla: “Hablaba de Pedro Sánchez en términos de amenazas de muerte”, declaró.

Sin embargo, una investigación publicada por The Objective demostró que esa interpretación era completamente falsa. La conversación citada por El Plural había sido alterada, ocultando partes claves del intercambio. Lo que realmente decía Bonilla era que temía ser víctima de un atentado con bomba lapa, como los que sufrieron guardias civiles durante la violencia etarra en el País Vasco. No había en esos mensajes ni una sola mención al presidente del Gobierno.

Objetivos políticos tras la campaña

El Gobierno ha evitado rectificar, incluso después de quedar demostrado que las declaraciones eran erróneas. Esta resistencia parece formar parte de una estrategia política más amplia. Por un lado, se pretende vincular a Isabel Díaz Ayuso con un supuesto complot violento o extremista, erosionando su imagen pública. Por otro, se busca reducir la credibilidad de la UCO, cuyas investigaciones salpican a importantes figuras del PSOE.

Además, este episodio se entrelaza con el escándalo de las grabaciones protagonizadas por Leire Díez, asesora vinculada a Ferraz, que ofrecía tratos favorables de la Fiscalía a empresarios investigados por corrupción a cambio de información comprometedora sobre la Guardia Civil. Esta maniobra tendría como fin último anular judicialmente las causas abiertas contra cargos socialistas, y Bonilla se habría convertido en un objetivo al ser uno de los rostros visibles de la lucha anticorrupción desde la UCO.

En ese contexto, se plantea que la falsa acusación de la bomba sería parte de una táctica para desacreditar cualquier testimonio o prueba en manos de Bonilla, justo cuando se esperan nuevos informes sobre Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, implicado en el caso de cobro de comisiones ilegales.

Ayuso, Bonilla y la sospecha sin pruebas

Dentro del relato promovido desde sectores del Gobierno, se ha intentado construir la sospecha de que el equipo de Ayuso accedió a información confidencial de la UCO a través de Bonilla para elaborar la denuncia que destapó el caso Koldo, uno de los escándalos de corrupción más graves de la actual legislatura.

Pero la cronología desarma ese argumento: la denuncia fue presentada en marzo de 2022 por Alfonso Serrano (PP de Madrid), mientras que Bonilla no se incorporó al gobierno autonómico hasta octubre de 2023. No hay indicios reales de que haya existido ningún tipo de filtración ni colaboración de este tipo.

Pese a ello, la narrativa se mantiene, amplificada por medios próximos a Moncloa. De hecho, El Plural ha sido utilizado anteriormente como lanzadera de otras noticias falsas, como en el caso del juez Peinado, al que acusaron erróneamente de ocultar propiedades con documentos duplicados. Tras la difusión masiva de esa falsedad, el propio medio reconoció que se trataba de un error istrativo.

 

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