España

La campaña contra la UCO se intensificó a finales de año para amortiguar los efectos de la declaración de Aldama

Leire Díez ofreció, al menos, a cinco empresarios su ayuda a cambio de información comprometida sobre la UCO

  • Víctor de Aldama -

La comparecencia de Víctor de Aldama el 21 de noviembre ante la Audiencia Nacional y, posteriormente, casi un mes después ante el Tribunal Supremo hizo saltar todas las alarmas. La relación del empresario con Koldo García y José Luis Ábalos ya estaba demostrada, pero su declaración ante el alto tribunal amenazaba con apuntar a otros altos cargos del Gobierno.

En este contexto, la campaña contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) empezó a intensificarse en los últimos meses del 2024 y, siguió subiendo escalones, durante los primeros meses del año. Prueba de ello, han sido algunas de las acusaciones vertidas por el exministro de Transportes contra los investigadores que se han traducido en la presentación de diversos recursos ante el Tribunal Supremo.

No obstante, en paralelo a las acciones legales emprendidas por la defensa del 'exnúmero dos' del PSOE, la 'fontanería' del partido ha llegado acabo diversas estrategias para protegerse de los efectos de la declaración de Aldama en sede judicial. Fuentes informan a Vozpópuli que desde el mes de diciembre se intensificaron los intentos de ar con varios empresarios vinculados al sector de los hidrocarburos para conseguir información comprometida sobre la UCO. 

Las mismas fuentes detallan que el PSOE contó con la colaboración de Leticia de la Hoz quien, entre otras cosas, se reunió con Carmen Pano -la empresaria que aseguró haber llegado 90.000 euros a Ferraz- presuntamente para que rectificase su declaración al ser detenida por la UCO en el mes de diciembre. Sin embargo, la exposición mediática de la letrada agotó esta vía para poder contraatacar al efecto Aldama. 

En ese momento, la principal apuesta fue Leire Díez quien ya había empezado a ponerse en o con algunos empresarios vinculados al sector de los hidrocarburos. Las fuentes consultadas aseguran que la reunión desvelada por El Confidencial, cuyo audio ha sido publicado por este medio, no fue la única dirigida por la periodista.

Según las mismas fuentes, Díez ofreció, al menos, a cuatro empresarios más su ayuda a cambio de información comprometida sobre agentes de la UCO. Entre los principales objetivos, Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, y el excápitan Juan Vicente Bonilla.

'Caso Gaslow'

El exagente se convirtió en uno de los principales objetivos para poner en duda el trabajo de la Guardia Civil en las investigaciones que dirige. En concreto, su nombre salió a la palestra en el conocido como 'caso Gaslow' en el que antes de salir del Cuerpo colaboró con uno de los investigados para conseguir información sobre el fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. 

La batalla legal emprendida contra el exagente en el marco de esta causa fue el germen de la reunión dirigida por Leire Díez junto a los empresarios Alejandro Hamlyn y Javier Pérez Dolset para intentar subir puestos en el escalafón de la Guardia Civil y poner en tela de juicio el trabajo de la UCO. El siguiente objetivo fue Antonio Balas, para ello, la militante socialista se puso en o con varios empresarios investigados en el 'caso Gaslow' y en la causa de Hafesa para sacar información comprometida sobre el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO

Leire Díez contaba con una buena base, ya que alguno de estos empresarios ya había interpuesto una denuncia contra varios agentes por presuntas irregularidades. En concreto, el empresario Rodríguez Estepa denunció haber sufrido "coacciones" por parte de varios mandos de la Guardia Civil, cuando aún colaboraba como confidente con el Instituto Armado. 

Uno de los agentes señalados fue Juan Vicente Bonilla, sobre el que también se han filtrado recientemente varios mensajes distorsionados relativos a su época de agente y a su trabajo con fuentes confidentes. Dichos mensajes, a los que ha tenido Vozpópuli, obran en el sumario del 'caso Gaslow', por lo que han podido ser analizados por el juez Santiago Pedraz, que no ha considerado la necesidad de llamar a testificar al exagente de la Guardia Civil. 

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